La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero

Siete millones en Luxemburgo, seis millones en Suiza... y otros siete en Andorra. El levantamiento del secreto, este martes, de una nueva parte del caso Erial, ha permitido saber que la fortuna de origen ilícito que el exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno del PP Eduardo Zaplana ocultó presuntamente en el extranjero con ayuda de su red de testaferros se eleva a 20 millones de euros. El grueso del dinero escondido en el principado, 5,96 millones, fue depositado en la Banca Privada d'Andorra mediante ingresos en efectivo entre los años 2004 y 2007, cuando Zaplana era diputado en el Congreso. El también expresidente de la Generalitat ha negado las acusaciones que pesan sobre él.

Los pinchazos telefónicos a los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sometió a Zaplana y a sus colaboradores revelan la angustia con la que descubrieron, a principios de mayo de 2018, que su cuenta principal en la entidad andorrana había sido bloqueada ante los indicios de que había sido utilizada para el blanqueo de capitales. "Me he quedado patas parriba", confesaba en una de las conversaciones interceptadas Joaquín Barceló, el exdirectivo de Terra Mítica considerado principal testaferro del exministro, tras mantener una nerviosa charla con una empleada de la Banca Privada d'Andorra (BPA).

A final de ese mes, Barceló, Zaplana —que niega haber cometido ningún delito—, y el resto de sus colaboradores más estrechos eran detenidos por la Guardia Civil. La cuenta permanece bloqueada, pero según fuentes de la investigación en ella queda poco del dinero que llegó a tener. Los fondos fueron extraídos a lo largo de los años mediante transferencias internacionales o traspasos a otras cuentas abiertas en la misma entidad a nombre de cinco sociedades con domicilio en Panamá (Puncak Services, Plaza Fountains, Vansley International y Adua, SA) y Luxemburgo (Anipa Corporation).

La juez instructora, Isabel Rodríguez, ha ido siguiendo, sin embargo, el rastro dejado por el dinero desde que salió de Andorra y fuentes de la investigación confían en que pueda ser recuperado. Los fondos depositados en la BPA proceden presuntamente, como el resto de los localizados desde el inicio de la Operación Erial, del cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, añaden las fuentes. En el caso de Andorra, se trata de unos supuestos amaños que no han salido a la luz e integran la parte de la causa contra el también expresidente de la Generalitat valenciana que continúa bajo secreto.

La magistrada Rodríguez bloqueó en enero a Zaplana y sus colaboradores 6,3 millones de euros en dos cuentas en Suiza. Y antes, en verano, decomisó dinero en efectivo y bienes que habían reintroducido en España tras pasar por Luxemburgo por importe de siete millones. Relacionado con la repatriación de estos fondos, el levantamiento del secreto ha permitido conocer otro elemento incriminatorio relevante. La UCO halló en el registro de la vivienda que Zaplana utilizaba en el centro de Valencia, dentro de un maletín, un documento en el que el exministro y su grupo plasmaron aparentemente su plan para reintroducir el dinero e invertirlo en el sector inmobiliario, en la costa de Alicante.

Una operación que se inició en 2006, en pleno boom de la construcción, y se extendió hasta 2018, cuando Zaplana y sus presuntos cómplices fueron detenidos. Al principio, "la idea era construir un hotel o apartamentos turísticos" en "la zona de Benidorm", se lee en la primera parte del folio al que, según la UCO, Zaplana y sus colaboradores se refieren en las conversaciones interceptadas como "el relato". El documento detalla la creación de dos sociedades en España, Medlevante y Gesdesarrollos, nutridas con fondos procedentes de Luxemburgo, donde supuestamente Zaplana cobró las mordidas pagadas por las empresas de la familia del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. El documento explica a continuación la adquisición de terrenos "en proceso muy avanzado de reclasificación en primera línea de Villajoyosa". Y cómo ese "proceso de reclasificación se enquista" y no fue hasta 2018 "cuando se ha urbanizado". El escrito había sido redactado por Francisco Grau, ingeniero de la telaraña de sociedades del grupo en España, y Zaplana quería tenerlo para utilizarlo en "algún tipo de gestión", antes de ir a "hablar" con alguien. Como no se fiaban del correo electrónico, la entrega en mano se produjo, concluye la UCO, el 8 de mayo de 2018 en el aparcamiento de un tanatorio de Alicante.

La trama del oro

El levantamiento parcial ordenado este lunes también ha permitido saber que la magistrada ha conectado a Zaplana con una trama dedicada presuntamente a blanquear fondos utilizando lingotes de oro. La juez ha imputado a la hija del exdirigente del PP, María Zaplana, y al marido de esta, Luis Iglesias, después de que los investigadores descubrieran el extraño sistema usado para arrendar el céntrico piso situado en la calle Pascual y Genís de Valencia donde el exdirigente popular residía cuando fue detenido.

El inmueble, de 300 metros cuadrados, lo alquilaron la hija y el yerno de Zaplana. No eran ellos quienes vivían allí, sino el exministro. El arrendador del piso ha resultado ser un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Miroslav Schopoff, un empresario austriaco de origen búlgaro cuyo imperio de locales de compraventa de oro —con los que pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012— se desmoronó tras una macroperación policial en 2014. La Audiencia Nacional se hizo cargo de la causa sobre su empresa, Oro Direct, en la que, además de Schopoff, fueron imputadas otras 140 personas por supuesto blanqueo, mediante lingotes de oro, de grandes cantidades de dinero negro procedentes del sector inmobiliario y del crimen organizado.

Schopoff niega posibles delitos y afirma que no conoce a Zaplana

Schopoff niega haber cometido ningún delito y destaca que no tiene antecedentes penales en ningún país. Un portavoz de la Audiencia Nacional indica que el empresario se encuentra imputado en "varias piezas" separadas del caso que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y que la causa está abierta por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.

Schopoff alquilaba a María Zaplana y a su marido el piso, ubicado en el número 12 de la calle Pascual y Genís. Pero no era el propietario. El verdadero dueño, un valenciano, se lo había arrendado al empresario búlgaro por 2.400 euros al mes (IVA incluido). Y Schopoff se lo alquilaba a la hija del exministro por cerca del doble, a través de una agencia inmobiliaria. Los investigadores no creen que se trate de una coincidencia, sino de una fórmula para pagar discretamente un servicio al empresario de Europa del este, especializado presuntamente en el blanqueo de capitales a escala internacional.

Una tesis que rechaza Schopoff. "El contrato de alquiler de la vivienda en la que residió Eduardo Zaplana se firmó a distancia a través de una agencia inmobiliaria de Valencia con María Zaplana, a quien no conocí personalmente, ni tampoco a su marido. Nunca he tenido ningún contacto personal ni conozco a Zaplana ni a nadie de su familia o de su entorno profesional", afirma el empresario, que añade que comunicó al propietario del piso por escrito su intención de subarrendarlo, a lo que no se opusieron. Schopoff también afirma que la renta del alquiler la recibió mediante transferencia bancaria "con todos los controles financieros que ello implica", y que ha declarado los ingresos a la Agencia Tributaria.

Lingotes fundidos en Suiza

La Fiscalía Anticorrupción ya se cruzó con Miroslav Schopoff por su supuesta conexión con el blanqueo de capitales del PP valenciano en 2016, tal como adelantó EL PAÍS. Fue durante la investigación del caso Taula, la red que presuntamente cobró comisiones del 3% por adjudicaciones de las Administraciones gobernadas por los populares en los niveles local, provincial y autonómico de la región valenciana. En aquella ocasión la pista que halló el ministerio público no señalaba hacia Zaplana, sino hacia Alfonso Rus, que fue durante una década presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia. Schopoff niega también, sin embargo, haber tenido "ningún contacto ni relación personal con Alfonso Rus ni con nadie de su familia".

La trama del oro desmantelada en 2014, en una operación de la policía y la Agencia Tributaria, creció al calor de la crisis, que hizo aumentar el número de personas que se desprendían de sus joyas por necesidad. Solo en Valencia pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 dos años después. Las alhajas compradas a sus dueños en España por Oro Direct eran fundidas y transformadas en lingotes en Suiza, según informó entonces la policía. Los investigadores sospechan que Schopoff aprovechó el auge del negocio para emitir facturas falsas por compras de oro ficticias con el fin de blanquear dinero negro.

El empresario lo rechaza y afirma: "Soy economista titulado por la Universidad de Viena y a lo largo de mi vida he desarrollado mi carrera profesional en distintas empresas multinacionales de prestigio. El éxito de mi carrera como empresario no implica que haya cometido alguno, ni de blanqueo de capitales a escala internacional ni de fraude a la Hacienda Pública".

Dinero en el extranjero

La juez ha embargado a Zaplana y a sus supuestos testaferros dinero en efectivo y bienes por importe de 13 millones de euros, procedentes presuntamente del cobro de comisiones ilegales. El dinero procedente supuestamente de mordidas por adjudicaciones de la Generalitat valenciana fue evadido al extranjero y retornado en parte a España, utilizando para ello una densa tela de araña societaria formada por una veintena de mercantiles y cuentas bancarias en Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra, Suiza y España. Los investigadores creen, sin embargo, que el exministro, enfermo de leucemia y en libertad desde el pasado mes de febrero, todavía esconde una fortuna en el extranjero.