La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana en el extranjero

La búsqueda no ha terminado. Los investigadores del caso Erial buscan “bastante más dinero” que, según los indicios de que disponen, el exministro del PP Eduardo Zaplana sigue ocultando en el extranjero. Unos fondos cuya procedencia sitúan en el cobro de más sobornos que todavía no han salido a la luz. El expresidente de la Generalitat valenciana niega haber cometido “ningún acto contrario a la legalidad”.

La búsqueda de ese supuesto botín integra la parte del sumario del caso Erial que continúa siendo secreta, y representa aproximadamente la mitad de las actuaciones judiciales iniciadas en 2015. En ella, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han descendido a los turbios canales del blanqueo internacional. Y han contado para orientarse con la colaboración de algunos de los blanqueadores que presuntamente ayudaron a Zaplana a esconder su patrimonio ilícito a través de, al menos, 20 sociedades y cuentas corrientes en Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra, Suiza y España.

Hasta ahora, la juez de Valencia Isabel Rodríguez ha bloqueado 6,3 millones en el país helvético y ha decomisado bienes y efectivo por un valor total de casi 7 millones en España. Pero los investigadores cuentan con evidencias de que guarda más. Como ha publicado EL PAÍS, el presunto testaferro de Zaplana y del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González movió, al menos, 156 millones de euros en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Zaplana, enfermo de leucemia, quedó en libertad provisional el 7 de febrero después de pasar ocho meses en prisión preventiva. La magistrada instructora le impuso la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y le prohibió salir de España. Este lunes, después de presentarse en el juzgado, el exministro ha reivindicado su inocencia ante la prensa: “Jamás participé en una adjudicación ilegal, jamás participé en ningún acto contrario a la legalidad en el tiempo que fui presidente y muy concretamente algunas de las que se citan, una de ellas ni siquiera era presidente. Puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta ni ningún bien fuera de España”.

21 años de supuestos delitos

La parte que ya se conoce del sumario del caso Erial, centrado en dos adjudicaciones de la Generalitat, que presidió entre 1995 y 2002, apunta, en cambio, a que el exministro pasó presuntamente 21 años cometiendo delitos. Desde que se resolvieron los contratos hasta los últimos movimientos de blanqueo de las comisiones que cobró por ellos y que habría realizado hasta poco antes de ser detenido en 2018.

El primer amaño identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, un servicio que el Ejecutivo valenciano dirigido por Zaplana privatizó, se concretó el 5 de noviembre de 1997, dos años y cuatro meses después de haberse convertido en presidente de la Generalitat. Al frente de aquella mesa de contratación estuvo su jefe de gabinete Juan Francisco García. La UCO señala en un informe que el concurso otorgó “preponderancia a criterios ponderables mediante juicios de valor frente a aquellos que lo hacen mediante fórmulas”, facilitando así poder “orientas la adjudicación”.

El segundo contrato, el Plan Eólico, se adjudicó en 2003. A este se refiere Zaplana cuando afirma que él ya no era entonces presidente de la Generalitat, cargo que abandonó en el verano de 2002. Pero los investigadores consideran que el momento decisivo del concurso fue la preselección de las empresas, que se produjo el 11 de enero de 2002, seis meses antes de que Zaplana dejara la presidencia del Ejecutivo autonómico para incorporarse como ministro de Trabajo al Gobierno de José María Aznar.

Las compañías beneficiarias de ambos contratos pertenecían a la familia Cotino, muy vinculada al Partido Popular y a sus escándalos. Juan Cotino fue director general de la Policía con Aznar y consejero, vicepresidente autonómico y presidente de las Cortes Valencianas con el PP, y está procesado en una pieza del caso Gürtel. Su sobrino, Vicente Cotino, condenado por financiar ilegalmente dos campañas electorales del partido, está considerado el principal responsable de los pagos de comisiones a Zaplana. Estos se produjeron, supuestamente, en 2005 y 2007 coincidiendo con los pelotazos que los Cotino dieron al vender sus negocios de ITV y eólico, por los que ingresaron 86,5 millones de euros.

El método utilizado para hacer efectivas las mordidas descrito por la UCO refleja una planificación paciente. En 2001 los Cotino constituyeron dos sociedades en Luxemburgo, Imison International y Fenix Investments, con ayuda de Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa. El país, señala la Guardia Civil, ofrecía una opaca normativa societaria. Las dos mercantiles radicadas en Luxemburgo compraron en 2001 y 2003, por unos miles de euros, participaciones en dos sociedades españolas de los propios Cotino. Y en 2005 y 2007 se las revendieron por 8,5 millones de euros. La mayor parte del dinero, 6,4 millones, lo recibió Imison International.

El documento original

Aparentemente, las operaciones se habían mantenido dentro de la esfera patrimonial de los Cotino. Pero existía un movimiento secreto que los investigadores descubrieron gracias a los papeles que Zaplana se dejó supuestamente olvidados en el lateral de una caja fuerte del piso de la plaza de la Legión Española de Valencia, donde residió mientras fue presidente de la Generalitat. En el último párrafo de uno de los folios, oculta bajo una tachadura que la UCO ha eliminado como si se tratara de la restauración de una obra de arte, se lee: “El documento original que sirve para el cambio de propiedad de Imison International está bajo mi custodia [en referencia a Zaplana, según los investigadores] y la de Vicente Cotino”.

Una vez que el dinero llegó a las dos sociedades de Luxemburgo, ambas fueron liquidadas, emergiendo como representantes de las mismas dos supuestos testaferros de Zaplana. Después los fondos se diseminaron a través un “complejo entramado” de sociedades en España y Uruguay y de una mercantil en Panamá, Plaza Fountain, titular a su vez de una cuenta en la Banca Privada de Andorra. El regreso a España de parte del dinero presuntamente obtenido con las adjudicaciones de la Generalitat valenciana se hizo, además de mediante la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el PP, utilizando sociedades que creaban otras sociedades, antes de acabar invirtiendo el dinero en fincas, un yate y automóviles de alta gama.