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La investigación que retiene a Zaplana en prisión

Jueces y Fiscalía se oponen a dejar en libertad al exministro del PP mientras los médicos advierten de que la cárcel pone en peligro su vida

Zaplana
El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, en octubre de 2017.

El exministro del PP Eduardo Zaplana ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) como preso preventivo el 24 de mayo, acusado de 10 delitos de corrupción relacionados con su etapa de presidente de la Generalitat valenciana. Al día siguiente, su defensa pidió por primera vez, sin éxito, su puesta en libertad por motivos de salud. Desde entonces, la jueza instructora, Isabel Rodríguez, y la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia, compuesta por tres magistrados, han rechazado su excarcelación en cinco ocasiones al considerar que existe riesgo de fuga y de que el exdirigente del PP interfiera en la investigación, centrada en localizar la supuesta fortuna que Zaplana —a quien ya se le han decomisado en España bienes por importe de 10 millones de euros— continúa ocultando en el extranjero.

Las peticiones de libertad, basadas en dictámenes médicos y apoyadas por representantes de todo el arco político, han aumentado en dramatismo a medida que su salud ha empeorado. El exministro está ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde el pasado 18 de diciembre. En 2015 le detectaron leucemia y fue ingresado en diciembre de ese año para someterse a un transplante de médula ósea. Como consecuencia desarrolló la Enfermedad de Injerto contra Huésped, la complicación más frecuente y grave en este tipo de operaciones. La dolencia consiste en que el sistema inmunológico del donante ataca las células sanas del receptor, especialmente el intestino, el hígado y la piel.

Guillermo Sanz, jefe de Hematología del Hospital La Fe, le realizó el trasplante, y es el que controla desde entonces su “delicado” y “vulnerable” estado de salud. El médico conversa con EL PAÍS mediante WhatsApp porque sospecha que su teléfono está pinchado, pero se niega a dar más detalles sobre el asunto. El especialista reclama que su paciente permanezca en el centro o en su casa, que no retorne a la cárcel. “Tiene una depresión inmune brutal”, asegura. “Tiene que seguir aquí si la alternativa es la prisión”, reitera enojado porque la jueza no ha tenido, hasta el momento, su opinión en cuenta.

Sanz, un referente internacional en su campo, advierte que la estancia en prisión pone en peligro la vida de Zaplana, tesis apoyada por la Sociedad Española de Hematología. Fuentes especializadas consultadas por este periódico coinciden en que la cárcel no es un lugar adecuado para un paciente como Zaplana, que presenta una complejidad extrema.

La visión de los responsables de la investigación es diferente. Uno de ellos apunta a que cuando se conozca el contenido del sumario, que permanece bajo secreto, y se vea lo que hay en él, algunos se arrepentirán de sus declaraciones de estos días. En los meses anteriores a su detención, prosigue la fuente, el exministro llevaba una vida relativamente normal, viajaba regularmente y participaba en actos sociales. Las duras críticas por mantenerlo preso se han centrado en la instructora, una jueza veterana, con fama de ser estricta y cuidar poco las formas.

Dos policías en la puerta de su habitación

En prisión, Eduardo Zaplana ha estado ingresado en la enfermería, una mezcla de cárcel y hospital donde, según fuentes penitenciarias, comparte planta con unos 25 internos, y tiene día y noche un médico a menos de 100 metros.

El ex ministro de Trabajo con José María Aznar asiste regularmente a su médico en el Hospital La Fe de Valencia. Y, en caso de crisis como la que está sufriendo ahora, se autoriza su permanencia en este hospital, en lugar de llevarlo al General de la ciudad, el centro adscrito a la cárcel de Picassent, que cuenta con un pabellón específico para presos.

Zaplana lleva casi un mes ingresado en la séptima planta de La Fe, donde dos policías custodian la puerta de su habitación. El exministro, que ha reivindicado desde allí su inocencia, solo puede recibir visitas de familiares durante 40 minutos a la semana.

En su visita el pasado sábado a Valencia para anunciar los candidatos a las elecciones del próximo mayo, el líder del PP, Pablo Casado, reclamó “humanidad en el trato penitenciario” a Zaplana.

La magistrada, encargada hace 31 años de tomar la declaración al prófugo José María Ruiz-Mateos y enviarlo a prisión, sigue practicando diligencias del caso Erial que compatibiliza con el trabajo cotidiano de su juzgado.

La Junta de Jueces de Instrucción de Valencia calificó el viernes de “acoso sin precedentes” el tratamiento que está recibiendo la magistrada Rodríguez, con la publicación de aspectos que pertenecen a su más estricta intimidad, amenazas, descalificaciones e insultos de todo tipo que, en su opinión, “menosprecian la independencia judicial y sobre todo, desconocen el principio de igualdad ante la ley”. La Junta también recordó que tanto los jueces de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia como la Fiscalía Anticorrupción son contrarios a dejar en libertad a Zaplana porque estiman que hay riesgo de fuga.

Fuentes del caso afirman que el exministro acumula gran cantidad de fondos en el extranjero que podría utilizar para intentar escapar a pesar de su delicado estado de salud. Por ello consideran necesario mantenerlo preso, al menos, hasta recibir la información solicitada a cinco países latinoamericanos y europeos. Su familia no admite el argumento. “En el estado en el que se encuentra es imposible”.

Los responsables de la investigación creen contar con sólidos indicios de que Zaplana cobró mordidas por la adjudicación de las ITV en la Comunidad Valenciana, cuya privatización aprobó en 1997, y del Plan Eólico Valenciano, en 2003. En esta última fecha, el exdirigente popular ya se había incorporado al Gobierno de José María Aznar. Pero los investigadores creen que el momento decisivo del amaño se produjo antes. En enero de  2002, después de un largo proceso de cocina, la Generalitat todavía presidida por Zaplana preadjudicó, según la terminología utilizada en el Diario Oficial de la Generalitat, las 15 zonas de parques eólicos de la Comunidad Valenciana a cinco uniones de empresas. Las mismas que un año más tarde resultaron confirmadas como adjudicatarias.

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