Zaplana ocultó durante años en Panamá 10,5 millones en sobornos

La Guardia Civil detuvo este martes en Valencia al exministro del PP Eduardo Zaplana acusado de blanqueo y delito fiscal. La justicia lo investiga por repatriar 10,5 millones de euros que supuestamente cobró en sobornos durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y que ocultó en Panamá a través de empresas gestionadas desde Uruguay. En la llamada Operación Erial fueron detenidas seis personas más y otro ex alto cargo del PP, Juan Cotino, deberá declarar como investigado.

La investigación se remonta al caso Taula, la desarticulación de la presunta red del 3% que dirigía el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus. En un registro, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó unos documentos en poder del ex alto cargo del PP Marcos Benavent que apuntaban al cobro de abultadas comisiones por proyectos aprobados con Zaplana de presidente.

Benavent, quien desde 2015 colabora con la Fiscalía Anticorrupción, dijo que guardó los papeles que le había entregado años atrás un ciudadano sirio, el cual sostuvo que los había encontrado ocultos en una casa en la que entró a vivir. Tirando de ese hilo, la Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos años una nueva denuncia que desembocó en un procedimiento declarado secreto por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que ayer se saldó con la detención de Zaplana.

El político fue arrestado por agentes de la UCO hacia las 8.10 cuando iba a subir al coche que lo recoge muchas mañanas junto a su vivienda en el centro de Valencia. Tras leerle sus derechos, fue trasladado a su casa, donde permaneció las más de cinco horas que duró el registro. Sobre las dos de la tarde, salió en un vehículo sin distintivos de la Guardia Civil rumbo a Benidorm para que estuviera también presente en el registro que se iba a realizar en la vivienda que tiene en esa ciudad, de la que fue alcalde. Escoltado por agentes de la UCO, su rostro mostraba una expresión grave y abatida. Pasó la primera noche en dependencias del instituto armado.

A la documentación intervenida en casa de Benavent, la UCO sumó otros indicios descubiertos durante la Operación Lezo, entre ellos los contactos del exministro con uno de los cabecillas de esta trama, el expresidente madrileño y compañero de partido Ignacio González, y la vinculación de ambos con un abogado uruguayo especializado en crear sociedades opacas. Los agentes pudieron constatar que Zaplana había ocultado precisamente en Panamá —considerado paraíso fiscal por la UE hasta enero— comisiones por 10,5 millones de euros a través de empresas pantalla creadas y controladas desde Montevideo.

La Guardia Civil también pudo comprobar que dichos fondos eran los sobornos supuestamente cobrados por Zaplana por la adjudicación de dos contratos de su etapa de presidente valenciano: la concesión en 1997 para la explotación durante 25 años de las ITV en esa comunidad y el desarrollo del Plan Eólico Valenciano, convocado 2001.

Más información

Perfil | Un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

De la Mata cita a Eduardo Zaplana e Ignacio González como testigos de la caja b del PP

El juez de la Operación Lezo investiga a Eduardo Zaplana

Los parques eólicos valencianos están fuera de la ley

Las sospechas se centraron en los contratos adjudicados a las empresas Servicios de Excavaciones y Sedesa, ambas propiedad de la familia Cotino, dos de cuyos miembros, los hermanos Vicente (implicado en el caso Gürtel) y José fueron detenidos. Ambos son sobrinos del ex director general de la Policía con Aznar Juan Cotino, además de consejero y presidente de las Cortes Valencianas con el PP. Los agentes apuntan que por uno de estos amaños Zaplana se embolsó seis millones.

El tiempo transcurrido desde la adjudicación de dichos contratos supone la prescripción de los delitos de malversación y cohecho supuestamente cometidos, pero no el de blanqueo de capitales y los fiscales que Zaplana cometió presuntamente cuando recientemente comenzó a repatriar los fondos para reintegrarlos en el circuito monetario legal. Fuentes cercanas a la investigación señalan que en esta operativa de lavado participó un bufete de Londres y que el dinero pasó por Luxemburgo —con secreto bancario— y Andorra.

Además de Zaplana, fueron arrestadas ayer otras seis personas. Otras siete han sido citadas por la Guardia Civil para declarar como “investigadas no detenidas” en los próximos días, como paso previo a su imputación judicial. Entre los primeros, además de Vicente y José Cotino, se encuentran personas vinculadas al equipo de Zaplana como presidente valenciano y como alcalde de Benidorm (de 1991 a 1994). Se trata de Juan Francisco García, su jefe de gabinete en el Ejecutivo regional, quien fue capturado en Barcelona; Joaquín Barceló, exdirector del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm; la esposa de este y exdirectiva de Terra Mítica Felisa López, y Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y exsecretario del consejo de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Los investigadores consideran que participaron o en el amaño de los contratos bajo sospecha o en las maniobras para ocultar y repatriar los fondos.

Los agentes tomarán en los próximos días declaración en presencia de sus abogados a Juan Cotino, cuyo domicilio fue registrado ayer; a la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y a la secretaria del exministro, Mitsuko Hernández. Agentes de la UCO acudieron a la sede de la Consejería de Economía para intervenir los expedientes completos de las dos concesiones bajo sospecha.

Lezo y Púnica

No es la primera vez que Zaplana aparece en las investigaciones de la UCO. En el auto de abril de 2017 por el que el entonces instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, envió a prisión a Ignacio González, el juez relacionaba a Zaplana con las maniobras del expresidente madrileño para lavar fondos mediante la adquisición de una sociedad a través de un letrado uruguayo. La firma iba a controlar “los derechos de patente de un producto de desinfección del agua”. El juez recalcaba que González le propuso a su compañero de partido “montar una estructura financiera” en países con legislaciones laxas, como Holanda, EE UU y Uruguay, para poder “canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo”. Zaplana no ha sido imputado en esa causa.

Tampoco lo está en el caso Púnica, en el que la Guardia Civil entregó en diciembre un informe centrado en los contactos que el exministro mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción: los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados “repetidos contactos” con Zaplana, “de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza”, uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.

La UCO aseguraba en el informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa contactos en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajos de reputación online para el equipo de gobierno. También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación “encubierta” en sus negocios en Sudamérica.