La policía concluye que la financiación ilegal del PP empezó con Zaplana

La financiación ilegal del PP valenciano vinculada a la trama Gürtel no empezó en la etapa del expresidente Francisco Camps sino en la de su predecesor y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, según el último informe entregado por la policía a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Zaplana dejó la presidencia de la Generalitat en julio del año 2002, pero mantuvo la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana hasta abril de 2004. Con anterioridad, los populares valencianos ya habían asumido “un sistema” doble para sufragar los actos que organizaban empresas del grupo de Francisco Correa. Con pagos “reflejados en facturas” y pagos en negro, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El partido pagó tres millones en negro en 2007 y 2008, señala el informe

“Del estudio de la documentación vinculada se desprende la utilización ya desde el año 2002 de un sistema de financiación de los actos donde se aprecia la dualidad en el mismo. Parte del coste de los actos se factura a la formación política y se cobra con fondos que circulan por el sistema económico, y otra parte no se factura y se recibe de la formación [política] en forma de fondos ajenos al circuito económico que engrosan la caja B de la organización”, indica el informe.

Uno de los primeros ejemplos del método expuesto por la policía fue una convención regional del partido celebrada a principios de junio del año 2002 en Valencia, en el que una parte del precio del acto se facturó en "A" y otra aún mayor en "B". Se trató, añade la policía, de “una práctica que se extiende en el tiempo” hasta que la trama de Correa fue desmantelada en febrero de 2009.

Durante los años en que Zaplana presidió el PP valenciano el sistema ya funcionaba y lo hizo con mayor intensidad en la de Francisco Camps, según señala la policía. El acto en el que el sucesor fue exhibido como candidato a la presidencia de la Generalitat, el 25 de octubre de 2002 en Alicante ante 4.000 personas, también fue organizado por la trama de Correa.

La UDEF infiere que los 54.119,50 euros que costó la presentación “nunca se llegó a cargar” a la formación política. La trama pidió a varios de sus proveedores que cambiasen “los conceptos de las facturas a emitir”. De forma que, en vez de “servicios prestados en polideportivo de Alicante: presentación Paco Camps”, en las facturas pusiera “servicios a prestar en el congreso de la Internacional Demócrata Cristiana en Corfú días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2002”, que efectivamente se celebró entonces en la isla griega.

La policía llega a la conclusión de que el PP valenciano utilizó durante años una caja B. Con ella habría pagado parte de las campañas electorales de 2007 y 2008, que constituyen el núcleo de la investigación por supuesta financiación ilegal en el Tribunal Superior de Justicia. En concreto, abonaron por esa vía a las empresas de Correa 2.672.000 euros en el año 2007 y 405.400 euros en el año 2008.

El informe plantea de dónde salían esos fondos en B que el partido tenía a su disposición. Y mantiene que en 2002 la red de Correa entregó al PP valenciano 420.700 euros del millón captado por la trama como recompensa a “sus labores de intermediación para la adjudicación dirigida de contratos públicos”. En otras palabras, como conseguidora de contratos amañados. La policía indica que el pagador original de aquella supuesta comisión es “desconocido”.

Los agentes plantean que el

Los populares se beneficiaron también del pago de sus actos electorales por parte de terceros, concluye la UDEF, como “empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos en la Comunidad Valenciana”. Esas contribuciones irregulares habrían alcanzado los 425.948 euros en 2007, año de comicios autonómicos y municipales. Y 683.504 euros en 2008, año de elecciones generales.

Entre las “personas que constan como aportantes de fondos ajenos al sistema económico” la ÚDEF menciona a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al diputado autonómico y ex secretario general del PP regional Ricardo Costa. Las empresas identificadas como contribuyentes irregulares son las compañías de obra pública ya conocidas en informes anteriores: Grupo Vallalba, Construcciones Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste (integradas las tres en el mismo grupo del expresidente de la patronal alicantina Rafael Martínez Berna); Facsa, Piaf, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa y Lubasa.

Los fondos en negro que recibe la red del PP “se transfieren a la caja B de la sede de la organización”, en Madrid, “donde se aplicaban al mantenimiento de la propia organización y a la inversión patrimonial previo el proceso de transformación de los mismos en dinero legal”, indica la policía, “cuyo beneficiario último es Francisco Correa”.