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La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza

El exministro del PP, enfermo de leucemia, llevaba en prisión desde el pasado 24 de mayo

El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, en octubre de 2017. En vídeo, así ha sido la trayectoria del exlíder del PP.

La juez del caso Erial, Isabel Rodríguez, ha decretado este jueves la puesta en libertad de Eduardo Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros de procedencia supuestamente delictiva que tenía escondidos en Suiza. El exministro del PP, en prisión provisional desde mayo, había solicitado cinco veces sin éxito salir en libertad por la grave leucemia que padece. La magistrada considera que ahora, tras recuperar el dinero, el riesgo de fuga ha disminuido. El también expresidente valenciano tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado y no podrá abandonar España.

La cantidad bloqueada, cuya orden de traspaso a España ya ha ordenado el juzgado, está en dos cuentas en diversas divisas, de modo que su valor fluctúa. Fuentes de la investigación señalan que el importe total, al cambio, oscila entre 6,3 y 6,7 millones de euros, si bien la juez instructora recoge en el auto la cantidad de 6,33 millones.

La magistrada precisa que en torno al 10% del dinero pertenece a los dos presuntos testaferros del exdirigente del PP Francisco Grau y Joaquín Barceló, que también fueron enviados a prisión en mayo y a quienes la juez dejó en libertad este jueves.

Zaplana, a través de un comunicado ha negado que el dinero localizado en Suiza fuera suyo y ha asegurado que afronta el proceso judicial con una "tranquilidad absoluta". "Nunca cobré ni un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la Administración", ha dicho el exministro, que ha añadido que centrará sus esfuerzos en "restaurar" su "honorabilidad".

En junio, la magistrada Isabel Rodríguez ya decomisó dinero y bienes presuntamente del exministro por un importe total de otros siete millones de euros. Según el sumario, el expresidente de la Generalitat valenciana reintrodujo en España esos fondos, procedentes presuntamente de sobornos, en parte mediante la amnistía fiscal aprobada por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (2,2 millones) y en parte mediante inversiones, sobre todo en inmuebles, para lo que utilizó una red de testaferros.

Hospitalizado

Gravemente enfermo de una leucemia que le fue diagnosticada en 2015, la defensa del exministro había reclamado en cinco ocasiones desde mayo su puesta en libertad. Una demanda que había efectuado también su médico, el doctor Guillermo Sanz, que a finales de diciembre lo ingresó en el hospital La Fe de Valencia, donde seguía este jueves. El hematólogo advirtió de que su vuelta a prisión pondría en grave peligro su vida. Las peticiones de libertad se han sucedido en los últimos meses desde todo el arco político y han sido particularmente intensas entre sus antiguos compañeros del PP.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción se habían negado hasta este jueves a dejarlo en libertad argumentando que existía el riesgo de que el exministro intentara interferir en la investigación y, a pesar de su estado de salud, huir. En el auto dictado este jueves, la juez se reafirma en sus decisiones, defiende que el exministro ha estado bien atendido y subraya que no ha decretado su libertad por motivos humanitarios, sino porque una vez bloqueadas las cuentas de Suiza, las posibilidades de que pueda tratar de escapar se han reducido sensiblemente.

Colaboración de un arrepentido

La investigación que desembocó en la Operación Erial se inició en 2015, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrara, gracias a la colaboración del arrepentido del caso Taula, Marcos Benavent, indicios de que Zaplana había recibido pagos por dos grandes adjudicaciones cocinadas durante su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002): la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), a finales de los años noventa, y el plan Eólico Valenciano.

Entre los beneficiaros de ambos contratos figuraban empresas de la familia Cotino, dos de cuyos miembros también fueron detenidos en mayo, aunque quedaron en libertad bajo fianza. El ex director general de la Policía y vicepresidente de la Generalitat en los Gobiernos de Francisco Camps, Juan Cotino, también está siendo investigado en el caso.

Zaplana está acusado de 10 delitos, entre ellos malversación, cohecho y prevaricación continuados, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.

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