La juez decomisa a Zaplana siete millones que reintrodujo en España desde Luxemburgo

La juez instructora del caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP), ha decomisado bienes del también exministro de Trabajo y varios de sus presuntos testaferros por importe de cerca de siete millones de euros. Zaplana mantuvo los fondos, que proceden supuestamente de sobornos, ocultos en Panamá y los reintrodujo en España a través de Luxemburgo, señalan fuentes de la investigación.

Buena parte del dinero fue invertido en propiedades inmobiliarias —han sido decomisadas 29—. Y algo más de tres millones se convirtieron en activos bancarios. De ellos, 2,2 fueron regularizados por el exjefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García Gómez en la amnistía fiscal impulsada por el exministro Cristóbal Montoro. El resto del dinero fue repatriado por Zaplana utilizando un sistema más complejo y opaco, señalan las mismas fuentes.

Los investigadores consideran que el expresidente valenciano mantiene en el extranjero mucho más dinero procedente de comisiones y que ello supone un alto riesgo de fuga. Zaplana se halla en prisión provisional y los jueces han rechazado sus peticiones de quedar en libertad, a las que se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

El exdirigente del PP está acusado de cohecho y prevaricación continuados, fraude en la contratación y fiscal, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo, malversación, pertenencia a asociación ilícita para delinquir y a grupo criminal.

Entre los bienes decomisados figura el chalet que Zaplana tiene en Benidorm, siete automóviles de alta gama y la valiosa colección de relojes del exdirigente del PP, algunos de los cuales costaron 50.000 euros.

La juez ha utilizado la figura del decomiso porque considera que los bienes proceden directamente de su actividad delictiva. A diferencia de los embargados —la figura que se utiliza habitualmente—, los bienes decomisados pasarán en caso de condena a ser directamente del Estado. Y no computaran a efectos de la responsabilidad civil a la que también puede ser condenado el exministro, a la que deberá hacer frente con otras propiedades.

Zaplana podrá defender durante el proceso que los bienes —como los relojes— fueron adquiridos con fondos de procedencia lícita. Pero fuentes de la investigación sostienen que, de entrada, sus ingresos conocidos, así como los de sus supuestos testaferros, no justifican tal tren de vida.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Zaplana adjudicó contratos del Plan Eólico Valenciano y de ITV a empresas de la familia Cotino a cambio de comisiones en su época de presidente valenciano (1995-2002), si bien alguno de los pagos se hicieron cuando el exdirigente ya había abandonado la Generalitat.

Zaplana fue detenido en mayo tras dos años de investigación, que comenzó con un documento manuscrito entregado por el arrepentido Marcos Benavent a la Guardia Civil.