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Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo ha eludido siempre el acoso judicial

Eduardo Zaplana en una foto de 2015, a la llegada a un entierro.

Eduardo Zaplana siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos. Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica.

Esa capacidad de bordear el cepo sin pillarse nunca los dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo de José María Aznar. O como el exconsejero Rafael Blasco, que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.

La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el Gobierno del expresidente valenciano. No es la primera conversación telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria.

En vídeo, el traslado de Zaplana en un vehículo de la Guardia Civil.

Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991 de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.

En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro, la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación de las escuchas. En una conversación telefónica con el concejal de Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba “arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones fertilizaron su carrera.

Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba llamado a liderar el partido en Valencia. Con el apoyo de Rita Barberá y el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP. Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo (llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para desalojar al PSOE. Hubo para todos.

Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. Y lo que ello llevaba implícito. Terra Mítica costó a la Generalitat más de 300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental.

Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura. Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito, presidir el Comité Europeo de las Regiones. Y convirtió en colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después, la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.

Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.

Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política, tras los batacazos del PP en 2004 y 2008. Para la memoria dejaba sus intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.

Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable. Un mes después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo”.

El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol.

Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero, con el Canal de Isabel II como escenario. Zaplana no es nuevo en el sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el fondo por el que escurrirse.

Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?

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