Comparador de los programas electorales para las elecciones generales del 23-J

POLÍTICA ENERGÉTICA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Renovables:
Ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de renovables, garantizando el respeto al medio ambiente.
Impulsar la innovación en el sector energético a través del fomento de las nuevas tecnologías necesarias para la descarbonización de la energía, como el almacenamiento energético, el hidrógeno renovable y otros gases renovables.
Creación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde.
Complementar la implementación de la Estrategia de Transición Justa, abordando estrategias de gobernanza y anticipación en otros sectores económicos y productivos implicados en la descarbonización y transición ecológica.
Mercado eléctrico europeo. Propuesta de reforma de mercado eléctrico en el seno de la Unión Europea para poder trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores.
Nuclear. 7º Plan General de Residuos Radioactivos. Este nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares.
Reciclaje y gestión de residuos:
Reforzar la investigación para el desarrollo de nuevos materiales innovadores clave para la transición energética, así como para la reducción, reutilización y reciclaje.
Fomentar la economía circular en nuevos sectores como la química, el textil o la recuperación de materiales electrónicos.
Culminar el desarrollo de la Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como del nuevo reglamento de residuos y envases que nos permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de envases para 2025 y 2030.
Retomar la Ley contra el Desperdicio Alimentario.
Ayudas a la energía: Desplegar las medidas incluidas en la Estrategia contra la Pobreza Energética (bonos sociales térmico y eléctrico). Impulsar la energía social y participativa a través de las comunidades energéticas y facilitar el desarrollo del autoconsumo.
Medidas contra el cambio climático: Revisar periódicamente, siempre al alza, los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Crear un nuevo programa de investigación e innovación en cambio climático, sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos y otro programa de investigación e innovación en energías renovables.
Protección del medio ambiente y la biodiversidad:
Activar los Planes de protección de la costa frente al cambio climático en coordinación con las comunidades locales con el apoyo del conocimiento científico.
Proteger el 30% de los espacios terrestres y el 30% de los marinos para el año 2030.
Esforzarse en la protección de la biodiversidad del espacio marino, a través de la implantación de medidas previstas en el Segundo ciclo de las Estrategias Marinas (2018-2024).
Culminar la ejecución de los marcos prioritarios de actuaciones de Doñana, el Mar Menor, la recuperación de la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro y aprobar un nuevo plan específico de actuaciones prioritarias para las Tablas de Daimiel. Fomentar la preservación del patrimonio natural en espacios con especial interés ambiental.

Extender la vida útil de las centrales nucleares existentes.
Impulsar la electrificación y descarbonización de la economía.
Eliminar las “medidas excepcionales” existentes de intervención del mercado mayorista en España (es decir, la excepción ibérica).
Impulsar el Biogás, el Biometano, los eco combustibles y la biomasa, para una gestión más sostenible de los residuos.
Fomentar la producción del hidrógeno verde.
Desbloquear el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables. Para ello, habrá una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático.
Revisar y flexibilizar los pactos agrícolas europeos de la PAC y del Pacto Verde Europeo y la estrategia “De la Granja a la Mesa”.
Reducir los costes de la energía, los combustibles y materias primas para los productores del sector primario.
Impulsar un Plan nacional Sostenible en materia de Ganadería, Agricultura y Montes.
Luchar contra el desperdicio alimentario.
Desarrollar la agricultura del carbono, con proyectos de absorción de dióxido de carbono, y de mecanismos de compensación de huella de carbono.
Protección de los espacios naturales y la biodiversidad, especialmente en los ecosistemas acuáticos y humedales como el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel.

Plan nacional de transición energética para reducir las emisiones de CO2, la dependencia de los combustibles fósiles, democratizar el sistema de producción energética y abaratar los precios de la energía: Rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico, la sustitución de calefacciones dependientes de combustibles fósiles, así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes (el objetivo es que cada vivienda rehabilitada reduzca en un 50% la demanda de energía y ahorre un promedio de 400€ anuales en la factura del consumo energético); la Ley de Tejados Solares, que facilite el desarrollo de la energía fotovoltaica en los tejados de edificios; reforzar la inversión en energías renovables del periodo 2021-2023; la Ley de Financiación del Transporte Público para avanzar en una movilidad sostenible que reduzca el uso del vehículo privado; facilitar el autoconsumo.
Reducción del poder del oligopolio eléctrico, abaratamiento del precio de la electricidad y lucha contra la pobreza energética: Reforma del mercado eléctrico mayorista para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo; reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización; en las subastas futuras que se realicen se reservará una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales para el consumo de proximidad; se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado; se reformará el bono social eléctrico y térmico.
Impuesto general a las grandes empresas contaminantes basado en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx) y que será cedido a las comunidades autónomas.
Mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas mientras se aprueba la reforma integral del impuesto de sociedades.
Gravamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social (vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business).
Tasa al plástico para desincentivar el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor.
Incrementar la ambición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Modificar la ley marcando estos objetivos: -55% de reducción de emisiones en 2030. -50% de electrificación de la demanda total de energía en 2030. -55% de mejora de la eficiencia en el uso final de la energía. -90% de energía renovable en la generación de electricidad en 2030. -Emisiones netas nulas en 2040.
Facilitar el acceso al vehículo eléctrico simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos por renta.
Detención de las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles.
Recuperación de la titularidad pública de los aprovechamientos hidroeléctricos según vaya caducando su concesión que será gestionada directamente por organismos públicos.
Apuesta por el hidrógeno renovable.
Cierre nuclear: mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear.
Actuación de emergencia para salvar y restaurar el Mar Menor. Plan nacional urgente en el ámbito de la cuenca del Mar Menor, con la adecuada dotación presupuestaria para revertir su catástrofe ecológica y regenerarlo. Eliminar la entrada de nutrientes y otros contaminantes (metales pesados y pesticidas).
Aumentar la ambición de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular (con propuestas como el cierre progresivo de incineradoras o un programa nacional de compostaje, entre muchas otras).
Desarrollar una ley contra el despilfarro alimentario.
Plan nacional para mejorar la calidad del aire.
Reducción de la contaminación del agua provocada por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y excrementos y purines de la ganadería industrial, priorizando aquellos que afectan a los espacios naturales con un alto interés para la biodiversidad, como en el caso del Mar Menor.

Plan Nacional de Soberanía Energética para que los recursos energéticos de España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo. Promover todas las fuentes de energía que contribuyan a alcanzar la soberanía energética de España. Estimular la disponibilidad de un mix energético que incluya energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y nuclear y las utilice de forma proporcionada para garantizar la soberanía energética. Consulta sobre el futuro modelo energético de España.
Detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas.
Energía nuclear:
Implantar mini reactores nucleares (SMR) en los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas
Fomentar la inversión y actualización del parque de generación nuclear y promover la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes.
Suspensión de toda norma climática “impuesta por las élites globalistas” que afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles. Abandonar todos los acuerdos “lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés nacional”, como el Acuerdo de París. Derogación inmediata de la ley de cambio climático y transición energética.
Mercado eléctrico:
Supresión de los impuestos de la factura de la luz. Despolitizar los consejos de administración de las eléctricas. Transparencia total sobre los precios de la energía, desglosándolos por tipo de producción, mediante una reforma completa del operador del mercado. Modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final.
Exigir en Bruselas la revisión de la legislación para asegurar un equilibrio entre la viabilidad de los sectores productivos y las garantías medioambientales y sanitarias. Supresión del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta en el seno de la UE.
Proteger el suelo agrario o que tenga un especial interés para el sector primario para evitar que se especule con él en la implantación de infraestructuras de energías renovables. Reforzar los informes de afección medioambiental y de usos del suelo para que, previa instalación de los macroproyectos de energías renovables, valoren su impacto en el patrimonio natural y su compatibilidad con las actividades humanas del entorno.
Derogación de la ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, que será sustituida por una ley que proteja el Mar Menor y contemple en su marco la gestión integral del acuífero en colaboración con los regantes y usuarios. Paralización además de la reforma de la Ley de Costas.
Ninguna obligación de eficiencia energética en los edificios de titularidad privada que no se cumplan en primer lugar por todos los inmuebles públicos.

SEQUÍA Y GESTIÓN DEL AGUA

Continuar con los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, que han comprometido más de 5.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y 2.130 millones de euros para la modernización y nuevos regadíos, actuaciones que en su mayor parte ya están en marcha.
Impulsar un regadío moderno y sostenible, mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía
Reforma de la Ley de Aguas, para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua.
Activar los nuevos planes de sequía, que priorizan estrategias de reducción de la vulnerabilidad mediante el impulso de medidas preventivas y de adaptación, con la colaboración de las entidades locales.
Duplicar en 2027 la capacidad de las desaladoras y duplicar la reutilización, mejorando los sistemas de saneamiento y depuración y su normativa reguladora.
Incentivar la digitalización y la mejora tecnológica de las instalaciones de depuración para la eliminación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud en los vertidos de aguas residuales.
Fomentar el desarrollo de la innovación y la investigación en el ámbito del agua.
Revisar los criterios de diseño de las infraestructuras hidráulicas, singularmente de las presas, incorporando a los habituales estudios "coste-beneficio” los de "adaptación al cambio climático-coste”.
Reformar el marco tarifario para la implantación de precios que integren de forma eficiente todas las fuentes que alimenten en los distintos territorios los sistemas de gestión. Garantizar el acceso al agua para los consumidores vulnerables.
Inundaciones: reducir la exposición de las zonas inundables mejorando la ordenación del territorio y propiciando una mayor coordinación administrativa que involucre a todos los actores que gestionan el riesgo, con una mejora de las predicciones de los sistemas de información hidrológica.

Desarrollar un pacto nacional del agua con todas las comunidades autónomas para aportar soluciones de gobernanza, inversión y gestión a los problemas del agua y para un uso más eficiente del agua y de los fertilizantes en el regadío.
Plan de acción para invertir y fomentar la innovación e investigación del agua, en el saneamiento, regulación, abastecimiento, mejora de la gestión de los recursos hídricos, ahorro y eficiencia, y control de inundaciones.
Modernizar las infraestructuras como presas y canales.
Colaborar con las autonomías y las entidades locales para el desarrollo de un plan de acción para un uso eficiente del agua y fertilzantes en el regadío.
Impulsar un regadío moderno y sostenible: Para ello, se llevará a cabo la modernización de los regadíos y se impulsarán nuevos proyectos sostenibles.
Fomentar la economía circular del agua.
Inundaciones: desarrollo de las acciones contempladas en los Planes de Gestión de Riesgos, restauración de los cauces, especialmente los urbanos, y desarrollo de inversiones en materia de defensa frente a inundaciones.

Pacto de Estado antidesertificación, que incluye medidas como: convertir el agua en política de Estado y en derecho público universal, evitando su privatización, aplicar la Directiva Marco del Agua europea o aprovechar el compost e impulsar el retorno de la materia orgánica a los suelos.
Estrategia nacional de transición hidrológica justa. Con un programa nacional de adaptación climática agropecuaria para la reconversión del regadío ultraintensivo y del plan estratégico de secano. Esta estrategia incluye también una mejora de las tarifas y precios públicos del agua, un plan nacional de preservación de aguas subterráneas y una moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua (campos de golf, megaproyectos urbanísticos).
Protección del dominio público hidráulico y los márgenes fluviales. Velar por el cumplimiento efectivo de la Ley de Aguas para asegurar el mantenimiento de los caudales ecológicos, la protección de los márgenes fluviales y los bosques de ribera en un ancho mínimo establecido por el deslinde, o en su defecto, nunca inferior a 5 metros de la zona de servidumbre.
Nueva política hidroeléctrica: exigir el canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones. Asimismo, las centrales deberán adaptar las presas y embalses a escenarios más frecuentes de inundaciones y sequías debido al cambio climático.
Cumplimiento de la depuración completa de aguas residuales para 2027.
Revisión de obras hidráulicas obsoletas.
Apuesta por alternativas hídricas como la desalinización del agua de mar y de caudales salobres.
Acabar con la mercantilización del agua.
Reforma de la Ley de Costas y gestión de inundaciones para ampliar la zona de servidumbre de protección y reorientar las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones.

Referéndum para consultar si los españoles quieren un Plan Nacional del Agua que garantice su derecho a disfrutar de sus bienes naturales en todo el territorio nacional o si, por el contrario, quieren mantener un modelo que empobrece a las familias y a los trabajadores del campo. El Plan Nacional del Agua para impulsar la interconexión de todas las cuencas que permita una gestión más eficiente del agua, combata la sequía y acabe con la actual desigualdad, natural o creada por las políticas fallidas, en el acceso a los recursos hídricos.
Acabar con la destrucción de presas y embalses y facilitar la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para almacenar y llevar agua en abundancia a todos los rincones de España.
Lanzar un estudio nacional para el diseño e instalación de nuevos pantanos que almacenen agua para consumo humano, agrícola y generación energética. Instalar bombeos hidráulicos en todos aquellos pantanos destinados a la generación hidroeléctrica en que sea posible, adoptando las medidas legislativas necesarias.
Modernizar y extender los regadíos, defendiendo su valor económico y ecológico como sumideros de CO2 frente a la criminalización de los lobbies de la religión climática. Legitimar el aprovechamiento por los agricultores de las aguas provenientes de lluvias torrenciales dentro de la propia finca o explotación, al amparo de lo previsto en la Ley de Aguas y defenderlos frente a la criminalización del uso de regadíos.

VIVIENDA

Aplicar y desarrollar las medidas la Ley de Vivienda que ya se aprobó en 2022.
Incrementar el actual parque de vivienda pública de alquiler social. El objetivo es alcanzar el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler en los próximos años. Beneficiar principalmente a quienes tienen más dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo a las personas jóvenes.
Continuar con el desarrollo del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible:
Promoción y finalización de 15.000 viviendas mediante acuerdos del Estado con comunidades autónomas y entes locales.
Impulso de 10.000 viviendas a través de acuerdos realizados directamente con Entidades Locales.
50.000 viviendas promovidas por el Estado a través de la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes), de las que 30.000 pertenecen a actuaciones en diferentes desarrollos, y 20.000 corresponden a suelos provenientes de 50 antiguas instalaciones militares.
63.000 viviendas con recursos de los fondos europeos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
20.000 viviendas mediante ayudas directas a comunidades autónomas y Entes Locales.
43.000 con préstamos, para poder financiar viviendas tanto en suelo público como privado.
50.000 viviendas procedentes de la Sareb.
Impedir cualquier posibilidad de que la vivienda para un uso social se incorpore al mercado libre mediante procesos de privatización.
Establecer acuerdos entre entidades bancarias y administraciones (estatal, autonómicas y locales) para movilizar las viviendas vacías y destinarlas a uso social.
Reforzar los programas de los Planes Estatales de Vivienda. Dar una atención especial a las personas sin hogar con la creación de una red de recursos residenciales; impulsar un Plan de Acción para la erradicación del chabolismo y de los asentamientos segregados.
Rehabilitar más de 500.000 viviendas, para solventar la ineficiencia energética, y para promover la introducción de energías renovables en los hogares.
Impulsar herramientas de colaboración público-privada, a través de créditos ICO, disposición de suelo público en cesión y subvenciones.
Acceso de las personas jóvenes al alquiler de la vivienda. Consolidar el Bono Alquiler Joven como elemento esencial que facilite el acceso al alquiler asequible. Reforzar las ayudas directas para el alquiler de vivienda habitual contempladas en los Planes Estatales de Vivienda.
Acceso de las personas jóvenes a la compra de la vivienda.
Desarrollar y aplicar la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años. El sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes tiene el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.
El 30% de las viviendas promovidas a través de cualquiera de las líneas del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible serán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Apoyar a los jóvenes para el acceso a la vivienda en régimen de propiedad en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.
Crear, en coordinación con los bancos, una cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda. Podrán abrirla jóvenes de hasta 39 años, y tanto los rendimientos que genere como las aportaciones anuales estarán exentas de tributación en el IRPF, con un límite anual 2.000 euros y un total de 30.000 euros.
Ocupación: Garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas. Combatir las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades.

Derogar la ley de vivienda actual (“ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”). En su lugar, propuesta de un pacto de Estado sobre la vivienda con la implicación de las CC AA y entidades locales para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente.
Ayudas a la compra de viviendas:
Ayudas a hipotecas para los jóvenes. Programa de avales para que los jóvenes de hasta 35 años puedan obtener una hipoteca de hasta el 95% del precio de la vivienda.
Ayudas en entorno rural. Bonificar el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados o el IBI por compra de una vivienda en el medio rural e impulsar políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos.
Alquiler social:
Movilizar suelo público para promocionar viviendas de alquiler asequible.
Promover la vivienda social, “con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España”.
Ocupación:
Aprobar un paquete de medidas anti-okupación para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas; que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria; o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados.
Creación de oficinas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos; un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal.
Creación de unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal.
Reforzar las penas por delito de usurpación.

Generar más vivienda pública. Invertir sostenidamente, durante diez años, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un parque de alquiler social de más dos millones de viviendas en los siguientes diez años. Iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de vivienda en desuso para alquiler en zonas rurales o de la España Vaciada. Convertir la Sareb en una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda. Mejorar la gestión del bono de alquiler joven. Desarrollar una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida.
Gravar a las empresas y sociedades que se lucran con la vivenda. Prohibir la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las Administraciones. Medidas fiscales para reducir los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen. Establecer un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos.
Frenar la degradación de los derechos de los inquilinos. Impulsar recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de acoso inmobiliario, de discriminación en el acceso a la vivienda, así como cualquier otro incumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda. Establecer precios de referencia para los alquileres para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan. Crear juzgados especializados en la materia para resolver los conflictos que genere el derecho a la vivienda. Aumentar la duración mínima de los contratos de arrendamiento.
Proteger a las familias frente a las subidas de las hipotecas. Crear un bono de emergencia para la compra de su vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE y establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas. La cuantía del bono será de 1.000€ por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca.
Plan de turismo sostenible y derecho al lugar. Regular el parque de viviendas turísticas en las ciudades, establecer límites a las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios y desarrollar un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes. En las áreas de mercado tensionado, se contempla condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido.
Extender una homogeneidad de políticas de vivienda estatal a las CC AA. Habilitar al Estado Central o a las Administraciones Locales a instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado en los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la Ley por Derecho a la Vivienda.

Tolerancia cero con la ocupación ilegal: Reforma del Código Penal y de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de ocupación o la entrada ilegal de un okupa en su vivienda.
Fomentar la construcción y la compra de vivienda con: la Nueva Ley del Suelo para la liberación del suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos, la rebaja de los tributos y cargas en el proceso edificatorio, la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual, la recuperación de la deducción por vivienda habitual en la declaración de la Renta y el incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores.
Impulsar la construcción viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra.
Aumentar el parque de viviendas de protección oficial, movilizando el suelo público perteneciente a la Administración General del Estado para la promoción de vivienda en alquiler social.
Derogar la Ley por el derecho a la vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez
Impulsar la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España, que velará por la preservación de los derechos de los vecinos residentes y la vida de los barrios; y pondrá límite al encarecimiento que la proliferación masiva de pisos turísticos causa en el precio de la vivienda.

SANIDAD

Refuerzo del Sistema Nacional de Salud universal y social:
Aprobar la Ley de Equidad para consolidar la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud y ampliar el acceso universal al SNS.
Revisión de copagos farmacéuticos y creación de una autoridad independiente de fijación de precios de los medicamentos y productos sanitarios, para garantizar el acceso universal a los medicamentos.
Desarrollar el recién aprobado Derecho al Olvido Oncológico, para que los pacientes oncológicos no sean discriminados a la hora de contratar productos y servicios.
Aprobar un Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas para la salud pública que nos permita estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias.
Impulsar en el Congreso de los Diputados una Ley de donantes vivos.
Enfermedades específicas. Integrar en el sistema sanitario una atención óptima en la atención de las enfermedades raras en España. Un protocolo interministerial para la mejora de la atención de familiares y pacientes con ELA. Impulsar el diagnóstico genómico y la identificación de biomarcadores para pacientes con cáncer. Dar apoyo económico a los celíacos y a la dieta sin gluten para paliar el sobrecoste de los pacientes a la hora de adquirir estos productos. (Entre otras).
Acabar con las listas de espera, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas, y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia del ciudadano/a.
Carrera sanitaria y plazas. Hacer un estudio de necesidades de personal sanitario que permita diseñar un incremento de hasta un 15% de las plazas ofertadas en el grado de Medicina. Incluir una asignatura de atención primaria y medicina de familia en el Grado en Medicina. Promover el avance competencial y el desarrollo enfermero. Creación de las especialidades en Medicina de Urgencias y emergencias, Enfermedades infecciosas, del Deporte, y Genética.
Pacto por la Salud Mental. Establecer garantías de tiempo máximo de espera en la asistencia la salud mental que incluya un máximo de 15 días para menores de 21 años. Incrementar hasta el 30% las plazas de Formación Sanitaria Especializada en todas las especialidades de Salud Mental. Reforzar la línea 024, incrementando el número de profesionales.
Salud bucodental y visual: promover la incorporación progresiva de servicios como las obturaciones (empastes) o los implantes dentales a más colectivos, comenzando por personas mayores de 75 años; un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a niños y niñas menores de 18 años para familias con menos recursos.
Regular el uso de los vapeadores y productos dulcificados derivados del tabaco y avanzar hacia la promoción de espacios libres de humo. Proyecto de ley para proteger a los menores de los efectos negativos del alcohol.

Plan de choque para solucionar el déficit de especialistas en Atención Primaria de la Sanidad que sufre España: hacer más atractivas las plazas de medicina de familia y pediatría en Atención Primaria; incorporar 1.000 plazas formativas más de medicina familiar a la oferta de 2024; reformar la jubilación activa mejorada; crear el título de especialista en urgencias; reducir la burocracia; agilizar los mecanismos de selección de personal; promover la digitalización (entre otras).
Mejorar las condiciones de los trabajadores sanitarios: reducir los niveles de temporalidad, incentivando el itinerario profesional; promover el aumento del número de plazas del grado de enfermería en las universidades españolas y reforzar el papel del personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería dentro del Sistema Nacional de Salud.
Fortalecer la formación sanitaria especializada y actualizar los programas formativos de estas.
Nueva ley general de Sanidad, que incorpore las mejores prácticas, elimine regulaciones obsoletas, actualice la gobernanza del SNS y aborde la integración entre los sistemas sanitario y sociosanitario.
Ley de publicidad de prestaciones sanitarias para garantizar que la objetividad, la veracidad y la base científica están presentes en toda comunicación para propiciar la contratación de cualquier actividad y prestación sanitaria.
Garantizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Aprobar una nueva Estrategia Nacional en Salud Mental, centrada en la atención temprana de niños y adolescentes, con programas de salud mental en las escuelas y un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.
Creación de una Agencia Estatal de Salud Pública para desarrollar una nueva Ley de Pandemias y crear la reserva de medicamentos.
Creación de una Agencia Española de Innovación y Calidad Sanitaria para el desarrollo y la innovación de las tecnologías sanitarias.
Enfermedades específicas. Impulsar los cuidados paliativos para las personas con enfermedades en fases avanzadas y terminales. Mejorar la estrategia para abordar la cronicidad. Mejorar el acceso al diagnóstico y los tratamientos de las enfermedades raras. Hacer de España líder de lucha contra el cáncer. Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA.

Pacto por la salud en España. Actualizar el Sistema Nacional de Salud blindando su universalidad y revirtiendo las reformas legislativas que han limitado este aspecto.
Incremento de la inversión sanitaria pública. El gasto sanitario público aumentará anualmente medio punto del PIB hasta igualar el porcentaje promedio de los 10 países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB. Incluir los servicios de limpieza, hostelería o lavandería, a fin de garantizar una atención de calidad a los pacientes.
Mejorar los servicios de salud sin listas de espera y fortalecer la atención primaria. Incorporar a los servicios sanitarios públicos nuevas prestaciones, como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia. Aprobar una ley de listas de espera que establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en todo el país. Plan de choque en el que se incrementa la financiación para que las comunidades autónomas puedan aumentar personal, mejorar las infraestructuras y adquirir material sanitario.
Mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. Acabar con la temporalidad y la precariedad del personal sanitario con una reforma del Estatuto Marco y el resto de legislación bajo la que se regulan sus condiciones de trabajo. Acabar con las guardias médicas de matronas y enfermeras de 24 horas. Promover la aplicación de la semana laboral de 32 horas en el sector público.
Ampliar las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas, con criterios de distribución geográfica según las necesidades de la sanidad de cada territorio. Aumentar las plazas de formación MIR, EIR y PIR y de otras especialidades, también según las necesidades.
Plan de Choque en Salud Mental. Promover un pacto de Estado por la salud mental para que las comunidades autónomas aumenten las plantillas de profesionales de psicología, aborden la salud mental de la juventud y prevengan el suicidio, con atención específica en centros educativos.
Acceso a los medicamentos. Creación de una empresa farmacéutica pública que investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas. Eliminación progresiva del copago farmacéutico, priorizando a personas de rentas bajas y elaborando un catálogo de medicamentos de alto valor terapéutico exentos de copago.
Plan de salud sexual y reproductiva. Incrementar el abanico de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Garantizar que en todas las comunidades autónomas se respete el derecho de las mujeres al aborto dentro de la red sanitaria pública. Plan de apoyo a la maternidad con medidas socioeconómicas de apoyo durante el embarazo y el puerperio. Mejora de los procesos de reproducción asistida, atendiendo especialmente a los grupos más vulnerables como las familias monomarentales.

Implementar un único Sistema Nacional de Salud mediante la recuperación de las competencias en materia sanitaria transferidas a las regiones y supresión de gastos innecesarios. Incrementar el gasto público en Sanidad desmontando el sistema autonómico.
Incrementar la inversión en Atención Primaria, con potenciación de la atención rural, y de las zonas más saturadas, presencial y la domiciliaria. Impulsar la digitalización para disminuir la burocracia.
Reducir el volumen y tiempo de las listas de espera.
Suprimir de la Sanidad Pública las intervenciones quirúrgicas y hormonales “ajenas a la salud” (cambio de sexo, aborto, eutanasia). Incluir en la cartera de servicios las prestaciones de salud bucodental y oftalmológica.
Derogación de las leyes de eutanasia y del aborto. En su lugar, una ley del derecho a la vida y a la integridad física y moral, que incluye medidas para el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, leyes de apoyo a la natalidad y la familia.
Garantizar la libertad de conciencia de todo el personal sanitario, “para que no sea forzado a actuar contra su conciencia ante las imposiciones de la cultura de la muerte (aborto o eutanasia) o de la ideología trans, tanto en intervenciones médicas como quirúrgicas como en la dispensación de medicamentos que atenten contra la vida”.
Impulsar reformas legislativas para garantizar las condiciones laborales óptimas para los profesionales sanitarios, acabar con su precariedad laboral y facilitar la retención de talento en el ámbito de la Sanidad pública.
Reforzar la Estrategia Nacional del Cáncer y promover la investigación médica, fomentando la investigación de enfermedades raras, crónicas y neurodegenerativas, el diagnóstico precoz, la incorporación rápida de los tratamientos innovadores y la terapia de precisión y la creación de una red de Centros Nacionales de Oncología.
Reforzar la Estrategia Nacional de Salud Mental. Serán áreas prioritarias la prevención del suicidio y conductas autolíticas, los trastornos alimentarios y de autismo, así como las adicciones.
Asegurar la libertad de elección de médico y centro e implementar una evaluación nacional de resultados, a fin de que los pacientes puedan ejercer esa libertad de forma informada.
Preferencia sanitaria a todo español y residente legal. Los inmigrantes en situación de ilegalidad solo podrán ser atendidos en situaciones de urgencia vital y enfermedades infectocontagiosas.
Reforma en profundidad de la OMS y oponerse a la reintroducción del llamado “pasaporte verde” y a la aprobación de un tratado de pandemias que ponga en manos de organizaciones supranacionales el control del sistema sanitario nacional y la toma de decisiones críticas sobre la libertad, movilidad y acceso a la sanidad de los españoles.

EDUCACIÓN

Universalidad de la educación. Ampliar el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, universalizando la escolarización de 0 a 18 años.
Ayudas y acompañamiento:
Ayudas para comedor, ampliación del horario de apertura de los centros, actividades educativas extraescolares, acceso a dispositivos informáticos
Libros de texto gratuitos.
Bajar la ratio en los centros más necesitados para mejorar las condiciones de aprendizaje.
Recursos y medios para atender a los alumnos con necesidades especiales por razones de discapacidad.
Reforzar el sistema de becas aumentando la dotación de las becas en algunos conceptos e incorporando nuevas becas para colectivos con necesidades específicas.
Mejoras en las condiciones físicas de los centros (climatización, renaturalización de los patios, adaptación de los espacios a los nuevos métodos pedagógicos).
Programas adaptados al mundo contemporáneo.
Reforzar el programa Código Escuela 4.0 para la formación en robótica, programación e inteligencia artificial.
Fomentar la creatividad, el gusto por aprender y de emprender, las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre niñas y mujeres; así como el uso crítico de Internet y de las redes sociales.
Mejorar la formación en lengua extranjera.
Reforzaremos la educación matemática.
Colaborar con las CCAA en la educación ambiental y para la sostenibilidad y crear premios nacionales de este ámbito.
Innovar en la ESO y Bachillerato introduciendo proyecto que incorporen elementos profesionales.
Educación para la salud en todas sus dimensiones: hábitos de higiene y alimentación, programas contra el sedentarismo y la obesidad, y por el cuidado de la salud mental.
Educación afectivo-sexual como barrera ante el acceso a contenidos pornográficos o el uso irresponsable de redes sociales.
Reforzar la educación de adultos, asegurando el acceso a esta formación y la educación a lo largo de la vida, con especial hincapié en reducir la brecha digital.
Luchar contra el acoso. Reforzar los protocolos educativos para la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos y para prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas, como el Observatorio Estatal para la Convivencia. Reforzar la presencia de especialistas en salud mental en los centros.
Docentes. Diseñar en coordinación con las CCAA la nueva carrera docente y aprobar el Estatuto del Docente. Menos burocracia, reformar la formación inicial, basada en el aprendizaje en la práctica, el Prácticum en el Máster Universitario en Formación del Profesorado, la formación permanente y el desarrollo profesional docente. Diseñar planes para formar al profesorado en temas como digitalización, educación sexo afectiva, lenguas extranjeras…
Interinos. Seguir reduciendo el número de interinos en la educación pública y promover una modificación de los sistemas de acceso y procesos de selección.
Formación profesional.
Nuevas titulaciones asociadas a los nuevos perfiles profesionales emergentes que reclama la economía, la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.
Desarrollar formaciones intermedias y cortas (microformaciones) que hagan accesible la formación a cualquier persona.
Programas actualizados que incluyan periodos de formación en empresas de calidad y al servicio del estudiante.
Ayudas para las empresas que colaboren en formación profesional dual, especialmente cuando se trate de fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas. Alianza por la Formación Profesional Dual, que garantice la apertura y la participación de las empresas con la formación profesional de la juventud y de sus trabajadores.
Ayudas de transporte para los alumnos.
Universidad.
Incrementar la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio e impulsar la reducción de tasas universitarias para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
Actualizar los procesos de acreditación y acceso del personal docente e investigador.
Modernización de las infraestructuras de los campus universitarios.
Unidades de igualdad en las universidades para avanzar en igualdad y en el respeto, con especial foco en abordar y prevenir los casos de acoso en el entorno académico.

Reforma de la LOMLOE: Impulsar un Acuerdo Social con las familias, la comunidad educativa, los alumnos y el resto de las fuerzas políticas.
Educación universal y gratuita de 0 a 3.
Programa de tutorías extraordinario para recuperar la pérdida de aprendizaje desde la pandemia.
Diversificar la oferta en los últimos cursos de la ESO, para elevar la formación del alumnado, mejorar sus oportunidades, prepararlo para su inserción laboral y combatir el abandono escolar temprano.
Defender la libertad de los padres para elegir el centro que quieren para sus hijos.
Impulsar el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Garantizar el equilibrio lingüístico en las CC AA con lenguas cooficiales.
Asegurar la neutralidad ideológica en las aulas, el fomento del pensamiento crítico y el respeto a la Constitución y a las leyes.
Potenciar la formación profesional, implicando a las empresas y promoviendo nuevas plazas financiadas con fondos públicos en sectores en auge como las energías renovables o la economía digital.
Ampliar la política de becas en todas las etapas (no universitaria y universitaria).
Una prueba de acceso a la universidad (EBAU) común para todo el territorio nacional, cuyas condiciones básicas, incluyendo su evaluación, deberán ser fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y a los órganos de representación de las universidades, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Defender la educación especial, posibilitando la inclusión académica y social total de los niños con discapacidad.
Incrementar las sesiones y el horario del currículo de la Educación Física en la educación primaria y secundaria hasta alcanzar, como mínimo, las tres horas lectivas.

Educación infantil de 0 a 3 años gratuita.
Comedores escolares gratuitos y saludables.
Red pública suficiente de centros de Formación Profesional que consiga revertir el peso actual de la oferta privada en estas enseñanzas.
Alcanzar el 5% del PIB en gasto educativo, y avanzar progresivamente hacia el 7%, para garantizar plazas escolares gratuitas y de proximidad para todos.
Supresión de los conciertos educativos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.
Reducir la repetición, el fracaso escolar y el abandono anticipado de los alumnos e impulsar el acompañamiento de sus trayectorias escolares.
Impulsar una evaluación formativa justa, equitativa e inclusiva, planteada como un proceso integral.
Promover una educación crítica, reflexiva, tolerante, laica, respetuosa de la igualdad y las distintas diversidades, y comprometida con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Enseñanza plurilingüe para garantizar la igualdad lingüística. Proteger las lenguas oficiales del Estado con una Ley Estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas.
Bajada de ratios en las aulas españolas y aumento de la dotación de medios humanos y materiales.
Mejorar las condiciones de los profesionales docentes. Reducir las ratios, facilitar los desdobles y los refuerzos, disminuir los horarios y las tareas burocráticas y aumentar las plantillas de profesorado, reducir la interinidad al mínimo y mejorar las retribuciones
Tender a la reducción y, de manera progresiva, a la gratuidad de la universidad pública y aumento de la oferta de becas en función de la renta y de otros soportes requeridos.

Devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación. Iniciar el proceso de devolución tras consultar al pueblo español su voluntad sobre el regreso de las competencias educativas al Estado.
Ley Nacional de Educación duradera que establezca unos contenidos comunes que promuevan la cohesión nacional, “lejos del sectarismo y la imposición ideológica radical que han permitido y promovido los partidos del consenso progre”.
Implantación de una prueba única de acceso a la Universidad en todo el territorio nacional. Incluirá exámenes de evaluación de ámbito nacional en distintas etapas educativas que aseguren la asimilación de contenidos básicos en el conjunto de España.
Asegurar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. Perseguir a las autoridades educativas que impidan el derecho de los alumnos a formarse en español o “que promuevan medidas de adoctrinamiento de los niños”.
Educación afectivo-sexual. Garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula. Derogar la Ley Herodes y revertir la presencia en el aula de activistas y asociaciones, sancionando con extrema dureza “las actividades de adoctrinamiento y corrupción que atenten contra su inocencia”. Blindar la libre elección de centro educativo en todos los niveles a través de un cheque escolar.
Actualizar los currículos educativos comunes a todas las regiones garantizando el acompañamiento y la exigencia en la adquisición de contenidos sobre las materias fundamentales, con base en evidencias científicas. Tendrán en cuenta la realidad cultural, lingüística, histórica o geográfica de cada región. Incluir contenidos sobre la historia de España, la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, así como a los símbolos de la Nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona.
Recuperar el prestigio y la autoridad del profesorado, reflejada tanto en sus condiciones laborales como en el respeto dentro del aula. Para ello, el sistema de acceso a la función pública docente tendrá carácter nacional.
Impedir que los alumnos puedan pasar de curso y conseguir titulaciones con asignaturas suspensas.
Mejorar el sistema de becas en las etapas universitaria y preuniversitaria. Ampliar el sistema de apoyo a las familias para la educación de sus hijos con medidas fiscales en función del número de hijos para el comedor y transporte escolar, materiales, uniforme o actividades extraescolares.
Defender los centros de educación diferenciada.
Universidad. Garantizar la libertad de cátedra de los profesores en las aulas “frente a las imposiciones de la corrección política”.
Mejorar la calidad de la formación profesional y ampliar la FP Dual para la mejor inserción laboral adaptándose a las necesidades de industrias, comercios y empresas.
Las Academias militares serán centros de la Universidad de Defensa. Homologación civil de los estudios y especialidades militares, así como de las competencias profesionales en materia de seguridad privada, protección de personas y explosivos. El tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas servirá de mérito para el acceso al empleo público, con reserva de plazas.

FISCALIDAD

Implementar una política fiscal y de inversión para garantizar servicios públicos modernos para la gran mayoría de la sociedad. Orientar la política de inversiones y el sistema fiscal para crear incentivos al trabajo, la innovación, el cumplimiento de la regulación y el despliegue de la economía verde y para que ayude a las familias y a las empresas.
Reducir el déficit estructural y luchar contra el fraude y la economía sumergida para incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos.
Empresas:
Impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.
Apoyar la creación de empresas y su crecimiento, la actividad de los autónomos impulsando la agilización de todos los trámites empresariales, apoyando instrumentos financieros que permitan escalar las empresas.
Proporcionar apoyo financiero a las pymes innovadoras y startups tecnológicas, desde su creación hasta su fase de crecimiento y escalamiento.
Apoyar la internacionalización de las empresas y el desarrollo de los instrumentos de financiación bancarios con el fin de impulsar el acceso de las empresas españolas a los principales mercados de capitales internacionales.
Familias: Aumentar el mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF, con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de las personas mayores y dependiente
Proteger a los más vulnerables:
Poner en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para proteger a la ciudadanía, en cuanto clientes financieros, en relación con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera.
Asegurar la protección de los colectivos vulnerables y de la clase media y trabajadora con una política fiscal y de gasto social orientada a sus necesidades.
Garantizar la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla.
Garantizar la inclusión financiera de la ciudadanía en todo el territorio mediante la prestación de servicios financieros físicos y el uso del dinero en efectivo.
Impulsar el ajuste por los bancos de los tipos de interés de los depósitos a los tipos de interés de mercado.
Promover un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal. Plan de acción contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Reforzar y modernizar los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria. Seguir impulsando el afloramiento y regularización de la economía sumergida.
Evaluar los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
Avanzar en la fiscalidad verde bajo la premisa de “quien contamina paga”, que irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora.
Establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades a nivel internacional y en la UE. Promover la adopción de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios.
Evaluar la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.
Impulsar una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga, y así la ciudadanía puedan juzgar por sí mismos la importancia del pago de impuestos para sostener el estado de bienestar.

Corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media.
Reducir el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal.
Reforma fiscal: eliminar el impuesto a las grandes fortunas, simplificar el IRPF y corregir el Impuesto de Sociedades para las pymes.
Incorporar el “derecho al error” en el ordenamiento tributario español, para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes.
Mejorar el régimen fiscal para nuevos residentes extranjeros, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global y para inversores internacionales que generen empleo, mediante una revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes.
Facilitar la financiación de las pymes permitiendo el acceso a fuentes de financiación alternativas a la bancaria. Simplificar los requisitos de cotización a fin de hacer más atractivos los mercados de capitales para las pequeñas y medianas empresas.
Extender los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo.

Reforma del sistema fiscal, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias. A continuación, las medidas propuestas en esta reforma:
Implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.
Hacer una reforma del impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas.
Mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras.
Eliminar los privilegios de las sociedades de inversión de capital variable y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
Aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ampliando el número de tramos a partir de 120.000€.
Modernizar la imposición ambiental, es decir, gravar a las empresas más contaminantes, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía y apostar por la sostenibilidad ambiental.
Reformar la normativa del IBI.
Reformar la normativa del impuesto de transacciones financieras para gravar las operaciones más especulativas que actualmente no están sujetas a tributación (la compra de acciones, los derivados financieros).
Desarrollar un plan de fiscalidad saludable, con la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y la revisión de los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
Reducir el fraude fiscal y mejorar los instrumentos contra la corrupción.

Reforma fiscal, que incluirá la simplificación de normativas, trámites y procedimientos; ampliando los supuestos de silencio administrativo positivo para el administrado.
Eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) y minimizar los trámites para la creación de una empresa.
Elaborar presupuestos de base 0, marcando como objetivo la eliminación progresiva del déficit y de la deuda pública.
IRPF:
Simplificación progresiva y continuada del IRPF a un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% a aplicar a bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando la exención de 22.000€ anuales de rentas del trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores.
Reducciones del IRPF por cada hijo de la familia.
Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual.
Extender la deducción por costes de alquiler en el IRPF.
El ahorro dejará de tributar y las pensiones contributivas estarán exentas de IRPF.
Reducir el resto de deducciones progresiva y continuadamente acompasando su eliminación.
IVA:
Bajar el IVA en los productos de primera necesidad y esenciales, tales como productos y fármacos infantiles, pañales o productos geriátricos; eliminaremos el IVA para la adquisición de primera vivienda habitual.
Revertir la subida de IVA realizada en 2012.
Impuesto de Sociedades: reducción del tipo progresiva y continuada en la legislatura hasta alcanzar el 15% y simplificación del Impuesto sobre Sociedades.
Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.
Modificar la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía para asegurar la igualdad esencial entre españoles en los impuestos cedidos.
Modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales para aumentar los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar (electricidad, agua, gas...).
Implementar un programa de deducciones para incentivar las inversiones en actividades económicas, y a los extranjeros que inviertan España, promoviendo especialmente el regreso de empresas y empleo deslocalizado en el extranjero, y las inversiones en economía real con creación efectiva de empleo.
Mejorar los incentivos fiscales para las PYMEs que inviertan en I+D.
Establecer una fórmula para que los gigantes tecnológicos coticen por los datos digitales que cosechan en España y que paguen por ellos a los dueños de estos datos.
Impulsar un plan de ayudas a la conservación de empresas familiares y centenarias mediante incentivos para mantener la actividad y el empleo, facilitando el relevo generacional. Aumentar las bonificaciones y deducciones fiscales a las empresas que compren producto nacional, priorizando los proveedores nacionales y ayudando a pequeños comerciantes y productores españoles.
Incentivos (fiscales, laborales, etc.) a las empresas radicadas en zonas poco pobladas de la geografía nacional o con especial vulnerabilidad, como el Campo de Gibraltar.
Reducción del gasto público:
Plan de reducción del gasto político que se fije en la eliminación de las partidas “de carácter improductivo, duplicado o meramente ideológico”. Acometer una revisión de las Administraciones Públicas, suprimiendo todos aquellos organismos “innecesarios o meramente ideológicos”.
Eliminar el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 y suprimir todas sus oficinas. Crear una Oficina Estratégica para el Interés Nacional que defienda los intereses de las empresas españolas en el exterior y atraiga inversiones productivas.
Cerrar aquellos ministerios, secretarías de estado y direcciones generales “que hayan demostrado su inutilidad y sean simples herramientas de propaganda ideológica del Gobierno, como el Ministerio de Igualdad”.
Acabar con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal.
Cerrar “todos los chiringuitos públicos ideológicos” LGTB, de memoria histórica, ecologistas radicales o separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030.
Poner a las delegaciones territoriales de RTVE al servicio de todos los españoles, fomentando que sean medios que reflejen la realidad cultural y la actualidad de las distintas provincias, tras el cierre de las televisiones autonómicas.
Crear una Oficina Nacional de lucha contra el Fraude y la Corrupción.

PENSIONES

Blindar el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional. Garantizar ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC.
Para llenar la hucha de las pensiones con el fin de asegurar su sostenibilidad, el PSOE promete culminar las reformas en la financiación de las pensiones de tal manera que el Estado asuma los gastos impropios, de naturaleza no contributiva, así como el despliegue del mecanismo de equidad intergeneracional. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027.
Profundizar en la creación de los fondos de pensiones de empleo.
Continuar con la subida de las pensiones conforme al IPC, y revalorizar las pensiones mínimas y no contributivas.
Reconocer un periodo de cotización de un año por el nacimiento o adopción de cada hijo a cada uno de los progenitores para su futura pensión.

Reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
Garantizar la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
Dotar de mayor transparencia y accesibilidad al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acceder con más facilidad a la estimación de la pensión futura.

Actualizar las pensiones conforme al IPC, y subir las pensiones mínimas y las no contributivas por encima del precio de los alimentos.
Reforzar los ingresos del sistema público de pensiones con el aumento de cotizantes a la Seguridad Social, y con nuevos mecanismos de financiación si es necesario.
Incrementar las pensiones de viudedad para aquellas mujeres que no poseen cotizaciones propias.

Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos regionales.
Las pensiones contributivas estarán exentas de IRPF.

MERCADO LABORAL

Alinear los niveles de desempleo al 8% del paro en consonancia con la media europea e impulsar con los agentes sociales un Pacto por el Pleno Empleo.
Plan de Choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo de “formación + empleo” en 12 meses.
Poner en marcha un programa de prácticas de empresa, con el SMI y la Seguridad Social garantizados, y con mentores en el sistema público y tutores en las empresas, como el mejor modo de entrada de los jóvenes en el mercado laboral.
Garantizar en el Estatuto de los trabajadores que el SMI se acompase al 60% del salario medio; medida también eficaz para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Apoyar la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo, tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas.
Seguir impulsando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, aumentando la tasa de participación y ocupación de las mujeres, apoyando el emprendimiento femenino y la paridad en los puestos directivos en el ámbito público y privado.
Poner en marcha un Plan Nacional para que las empresas ofrezcan una mejor conciliación mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral.
Impulsar y modernizar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), que ha demostrado su eficacia en muchos municipios, generando empleo para las personas que viven en ellos, además de contribuir a mejorar las instalaciones y equipamientos comunes.
El PSOE promete la generación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde, fortaleciendo las titulaciones de FP y de grado, así como la modernización del SEPE para mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo.
Avanzar en políticas que permitan eliminar la brecha salarial, profundizando en materia de transparencia salarial, potenciando las inspecciones de trabajo e incrementando el régimen sancionador, de acuerdo con la Directiva Europea de Transparencia Salarial.
Promover un gran Pacto Social por la Racionalización de los horarios que pueda reflejarse en iniciativas legislativas y con la implicación de todos los agentes implicados de todos los ámbitos. Entre otras medidas, puede incluir la creación de una Mesa de Concertación Social para los Usos del Tiempo y Racionalización Horaria.
Seguir trabajando en la Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que debe permitir avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres, y fomentar el bienestar de las personas y la eficiencia del tejido empresarial y asociativo.
Reformaremos, actualizaremos y mejoraremos la normativa que regula el empleo de las personas con discapacidad, en base a las propuestas realizadas por el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad.
Seguir avanzando, desde el diálogo social, negociando con los sindicatos un Programa de atracción y retención de talento, rejuvenecimiento de las plantillas y propiciando el relevo generacional en la Administración Pública.
Regular las Ofertas de Empleo Público plurianuales para dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos de planificación que permitan incorporar el número de efectivos suficientes para la prestación de servicios públicos, e incluyendo a los nuevos perfiles profesionales que demanda la sociedad actual.
Culminar el proceso de estabilización de empleo temporal comprometido con la Unión Europea para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad.
Aprobar la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación del desempeño y en competencias.
Desarrollar las ofertas de empleo de forma territorializada para que las personas que superen las pruebas selectivas no tengan que desplazarse desde su residencia de origen a plazas de fuera de su comunidad autónoma o provincia.
Garantizar la existencia de unidades de discapacidad en todos los ministerios para velar por la integración de las personas con discapacidad en la Administración, y elevar al 10% el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público.
Fomentar entre las comunidades autónomas una armonización de las medidas de protección laboral para las camareras de piso con el objetivo de prevenir dolencias, lesiones y enfermedades derivadas de la sobrecarga muscular y movimientos repetitivos que implican sus tareas.
Simplificar y mejorar los sistemas de acceso del IMV con la intención de eliminar las posibles barreras de acceso de las y los potenciales beneficiarios. Se extenderán y mejorarán los itinerarios de inclusión socio-laboral a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. Se contará con un Fondo de Inclusión Social de más 2.500 millones €, financiado con los fondos Next Generation, para garantizar una mejor convivencia entre el IMV y los programas de rentas mínimas y de emergencia de las distintas administraciones con el IMV.

Para generar empleo, el PP propone atraer más inversiones internacionales mediante la mejora en el sistema de otorgamiento y ejecución de garantías reales, una revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes, y la creación de una mesa para fortalecer a España como un centro financiero.
Reforma integral de las Políticas Activas de Empleo basada en la ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado. Se promoverá el acceso de los desempleados a orientación laboral individualizada a través del perfilado estadístico y herramientas de Big Data que identifiquen las mejores alternativas de formación que tengan a su disposición.
Incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas mediante unidades de atención especializadas, que identifiquen las necesidades formativas las nuevas profesiones. Implementar programas de formación que adapten las capacidades de los demandantes de empleo a los puestos de trabajo ofertados, con especial atención a los jóvenes, a los mayores de 50 años y a los desempleados de larga duración.
Actualizar el Salario Mínimo Interprofesional en el marco del diálogo social.
Mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y condicionarlo a la participación en itinerarios de inserción laboral. Se incrementará la compatibilidad del IMV con el empleo mediante bonificaciones adicionales en las cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales.
Impulsar en el marco del diálogo social, la contratación y formación de jóvenes sin experiencia y que cuenten sólo con la enseñanza obligatoria, así como la recualificación del talento senior.
Introducir la llamada mochila austríaca, cuentas individuales que acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales a las empresas con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan.
Aprobar la Tarifa 0 para los nuevos autónomos durante el primer año. El PP establecerá un sistema de “aplazamiento automático” de cuotas que permitirá a lo largo de cada ejercicio que el trabajador autónomo pueda no ingresar la cuota correspondiente a 3 liquidaciones mensuales, sin efectos negativos sobre las prestaciones que se puedan generar, siempre que se satisfagan en la regularización correspondiente a cada ejercicio.
Desarrollar un modelo de formación profesional específico para el trabajo autónomo que se adapte a sus necesidades, elimine trabas administrativas y permita el acceso a la formación bonificada a través de las cotizaciones sociales.
Apoyar la conciliación de los autónomos. Para ello, el PP propone bonificar la cuota empresarial a los autónomos si contratan a un trabajador por cuenta ajena durante el descanso del trabajador autónomo, ya sea el descanso por nacimiento de hijo u otras situaciones similares.
Impulsar planes de igualdad para fomentar el empleo y el emprendimiento de las mujeres, y combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres; la brecha en la ocupación y en la intensidad de esa ocupación laboral; la brecha en los cuidados y en el tiempo dedicado a estos, y las desigualdades horizontales y verticales en el mercado laboral.
Diseñar un plan contra el desempleo femenino que reduzca a la mitad la brecha en participación en el mercado laboral de las mujeres, que incluirá programas de reinserción posterior a la maternidad y bonificaciones de las cotizaciones en sectores masculinizados.
Lanzar un programa plurianual del talento público en el que se analicen las necesidades futuras del personal en la Administración pública, y de esta forma poder planificar mejor las ofertas públicas de empleo.
Reforzar la carrera funcionarial ofreciendo revisando las retribuciones del sector público para atraer talento. Se reforzará la formación continuada del personal de la Administración para garantizar que se adaptan a los cambios que se producen en la sociedad.

Reducir la tasa de paro hasta el 7% en los próximos cuatro años para converger con la tasa europea y alcanzar una tasa de empleo del 70%.
Reducción y distribución de la jornada laboral sin reducción de salario. Sumar se compromete a legislar por ley en 2024 que la jornada laboral máxima sea de 37,5 horas. A partir de ahí, se establecerá un diálogo social para reducir la jornada laboral a 32 horas semanales.
Garantizar que la digitalización esté al servicio del trabajo decente, haciendo uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos para limitar y controlar el tiempo de trabajo, impidiendo la prolongación de la jornada más allá de lo previsto en el convenio colectivo y llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
Hacer del contrato indefinido a tiempo completo la norma a la hora de contratar reforzando el vínculo entre empresas y personal.
Subir el Salario Mínimo Interprofesional por encima del IPC anual para garantizar el poder adquisitivo de las personas que lo perciben.
Ampliar el Ingreso Mínimo Vital, a las personas de entre 18 y 23 años así como a los inmigrantes en situación irregular con especial énfasis en aquellas personas y familias con bajos ingresos.
Implantación del CV ciego. No constarán imágenes personales, la edad ni el sexo de candidatos y las candidatas a un proceso de selección.
Garantizar que nadie pueda ser sancionado o despedido por el contenido recogido en sus redes sociales, que tampoco podrá ser tenido en cuenta dentro de un proceso de selección y contratación.
Revisar las causas para que los descuelgues de convenio solo se puedan realizar en caso de que la empresa ya no sea viable económicamente. Estos procesos siempre deberán ser negociados y se deberá garantizar el carácter reversible de las medidas.
Una persona que trabaje con un contrato parcial será remunerada con un 10% más que con un contrato normal por las mismas horas realizadas.
Plan de choque contra la precariedad laboral en sectores extremadamente feminizados como la limpieza, las camareras de piso, el servicio doméstico o la atención domiciliaria.
Garantizar la igualdad de las condiciones esenciales de trabajo de las personas trabajadoras externalizadas en relación con las personas trabajadoras de la empresa principal.
Crear una unidad de la fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores.
Mejorar las políticas activas de empleo centrándolas en las personas que por razones de edad, cualificación, género u origen tengan mayores dificultades para acceder a un trabajo. Se atenderá con mayor énfasis los programas de empleo dirigidos a personas jóvenes para garantizar la primera oportunidad laboral, los programas dirigidos a mujeres, a mayores de 45 años y a personas con discapacidad.
Abordar el incremento real de los salarios en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva, y seguir reforzando el poder de negociación individual y colectivo de las personas trabajadoras.
Reforzar la causalidad para dar garantías a los trabajadores frente al despido, así como implementar otras medidas compensatorias y disuasorias. En caso de despido improcedente se reconocerá el derecho a una indemnización adicional, además de la ya existente, que compense el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa.
Promover la corresponsabilidad en los cuidados para reducir la brecha de género en el acceso al mercado laboral. Se deberán adoptar medidas para permitir la conciliación con la carrera profesional, como flexibilizar los horarios de trabajo, facilitar el teletrabajo, normalizar el trabajo a tiempo parcial en puestos estructurales cualificados y garantizar el acceso universal y gratuito a escuelas infantiles de cero a tres años.
Para proteger a los trabajadores frente a las deslocalizaciones, las empresas que decidan el traslado su actividad a países que no formen parte de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo no podrán adoptar medidas de despido colectivo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o no cumplir con las condiciones de trabajo previstas en el convenio que les atañe.
Eliminar las diferencias salariales de género, aplicando con carácter general el principio de que al mismo trabajo debe corresponder igual salario. Para ello es necesario alcanzar una mayor transparencia y publicidad de los salarios por tipo de empleo y características de las personas trabajadoras y crear un observatorio de la brecha salarial.
Democratizar las empresas, introduciendo mecanismos de mayor participación de las personas que trabajan en ellas para frenar el aumento de las desigualdades, la precarización de una parte de las clases medias y trabajadoras y regular la normalización de ganancias extraordinaria.
Reconocer un permiso anual para la formación de las personas trabajadoras en una empresa.
Afianzar la posición de los sindicatos como figuras centrales de la representación colectiva del trabajo dentro y fuera de la empresa, así como potenciar y reforzar la negociación colectiva y el diálogo social, junto con la participación en la organización del trabajo, como herramientas imprescindibles en una sociedad democrática.
Extender el derecho a la sindicación laboral a los miembros de la Guardia Civil.
Promover estrategias de seguridad y de salud en el trabajo con el propósito de garantizar cero muertes y de prevenir las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Implementar una herencia universal de 20.000€, financiada con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que se hará efectiva al cumplir los 23 años, para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse.
Reducir la temporalidad en el empleo público.

Impulsar la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos, reduciendo drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación que perjudica la generación de empleo.
Fomentar la contratación con la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad, y al 50% en el segundo año.
Aumentar los incentivos a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad. Bonificar el coste para el empresario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionada con la maternidad.
Garantizar el derecho al trabajo prohibiendo las acciones coactivas en las huelgas políticas. Acabar con todas las subvenciones públicas para sindicatos y patronales. Exigir la fiscalización, control y reducción de los liberados sindicales.
Asegurar el empleo de los españoles y de los inmigrantes que, llegando legalmente, aportan su esfuerzo y respetan nuestro modo de vida garantizando una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades del mercado laboral. Sancionar concesiones y autorizaciones a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación.
Derogar toda imposición lingüística y discriminatoria de las comunidades autónomas para la contratación.
Apoyar a los trabajadores autónomos mediante la exoneración de la cuota a aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y la bonificación total a los autónomos que estén de baja. Acabar con la figura del falso autónomo.
Derogar la reforma laboral de Yolanda Díaz e impulsar una reforma laboral “que escuche a los verdaderos agentes sociales”.
Avanzar hacia un marco jurídico y laboral adaptado al teletrabajo.
Dotar a los becarios de una protección y respeto a su trabajo equiparable a cualquier otro trabajador, incluyendo una supervisión adecuada, una compensación de gastos o salario suficientes y el respeto de su horario y descansos.

CULTURA

Mantener el actual Bono Cultural Joven.
Complementar el desarrollo del Estatuto del Artista.
Mantener la medida de la bonificación del precio de las entradas del cine a 2€ para los mayores de 65 años.
Impulsar el sector audiovisual y de videojuegos con el objetivo de aumentar la producción audiovisual en un 30% con las transferencias y préstamos de los fondos Next Generation.
Abordar la transición ecológica de los principales museos y centros culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, y fomentar ayudas para que otros agentes y centros culturales aborden esta transición.
Habilitar la creación de un “Comité Asesor Juvenil” en el Ministerio de Cultura y Deporte para que participen en el diseño de políticas culturales orientadas a jóvenes y adolescentes.
Promover la creación de las mujeres en todos los ámbitos de la cultura, sea cine, libro, artes visuales, etc. Hacer un seguimiento de esta medida a través de la creación de un Observatorio de Igualdad de Género.
Reforzar el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA), prestando especial atención a los municipios pequeños.
Poner en marcha un programa de cine de verano en municipios sin salas de exhibición.
Confeccionar un Plan Nacional de la Danza, y crear una Red Nacional de Centros coreográficos que exhiban creaciones de danza y que potencie la investigación y la formación en este ámbito.
Equiparar las deducciones a las artes escénicas y la música con las que actualmente se han aprobado para el cine y las series.
Crear Oficina de Derechos de Autor encargada de velar por la protección de la propiedad intelectual, y avanzar en la actualización de la normativa de derechos de autor en los nuevo modelos y canales de creación como puede ser los podcasts.
Reformar la Filmoteca Española, reconociendo el patrimonio audiovisual como parte del patrimonio histórico español y dotando a la institución del reconocimiento de Bien de Interés Cultural.
Reforzar el peso de España en la UNESCO.

Ampliar las sedes en el exterior del Instituto Cervantes para reforzar la presencia del español en el mundo.
Mejorar y complementar el actual Estatuto del Artista en algunos aspectos, como simplificar el nuevo régimen de prestación por desempleo recogido en el mismo, o modernizar el sistema de jubilación de los artistas.
Mejorar la actual ley de Patrimonio Histórico del año 1985, promoviendo una nueva ley de Patrimonio Cultural, y agilizar la ejecución del 2% cultural para la conservación y protección del patrimonio.
Diseñar una nueva ley de mecenazgo para impulsar las industrias e instituciones culturales.
Facilitar la creación de nuevas empresas culturales reduciendo la burocracia.
Reformar el proceso de concesión de subvenciones culturales para dotarlo de mayor objetividad, transparencia y agilidad.
Fomentar una red de proyectos culturales en los municipios rurales y pequeños con el fin de poner en valor todo su patrimonio histórico-artístico para promocionar el turismo cultural.
Apoyo financiero al sector cinematográfico y a otras industrias audiovisuales, como los videojuegos.
Promover la creación de un Centro Nacional de Danza a través de fórmulas de mecenazgo, que sirva como lugar de representación tanto para las Compañías Nacionales (Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacional de España), como para compañías nacionales e internacionales, y como centro de formación y difusión de la danza.
Colaborar conjuntamente con la industria editorial para fomentar la lectura, especialmente juvenil e infantil. Mejorar la infraestructura y dotar de recursos humanos a bibliotecas, museos y archivos.

Incrementar hasta el 1% del PIB la inversión en cultura en los PGE al final de los próximos cuatro años.
Extensión del Bono Cultural Joven a toda la población de entre 16 y 30 años.
Reformar la ley de subvenciones para consensuar criterios mínimos
Incorporar la casilla cultural en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ampliar los límites impuestos a los derechos de propiedad intelectual para favorecer los uso educativos y culturales sin ánimo de lucro.
Promover una ley de derechos culturales que reconozca la cultura como un derecho fundamental para el desarrollo de las personas.
Promover una Mesa de Cultura estatal con la participación de las autonomías y representación de los sectores para garantizar la cohesión de las políticas culturales.
Crear una Agencia Estatal del Cine y el Audiovisual, así como la ley del cine y de la cultura audiovisual.
Impulsar la creación de un Centro Nacional de Danza.
Nueva ley del Patrimonio para abordar la protección de bienes culturales como el audiovisual, el industrial o el sonoro. Agilizar la gestión de la inversión del 2% cultural en bienes patrimoniales que precisen de conservación.
Crear indicadores para evaluar la sostenibilidad de las actividades culturales. Esos criterios de sostenibilidad serán referencia en las ayudas y la contratación pública.
Revisar la regulación que obliga a las televisiones a invertir en cine y animación, para que el proceso de selección de los proyectos en los que participen las televisiones públicas se rija por criterios de transparencia, equidad y pluralidad. Además, las televisiones públicas deberán dedicar un porcentaje de sus ingresos a la adquisición de títulos en lenguas oficiales del Estado, títulos europeos (no españoles) y latinoamericanos en condiciones equilibradas de mercado

Apoyar con medidas fiscales y crediticias la tauromaquia y los espectáculos taurinos
Potenciar el idioma español en el extranjero a través del Instituto Cervantes, y defender en el mundo el carácter y los símbolos españoles.
Incluir los edificios de estilos regionales y fachadas tradicionales en el catálogo de Bienes de Interés Cultural. En materia de urbanismo, Vox rechaza "proyectos globalistas como la llamada Nueva Bauhaus europea que impulsan los burócratas de Bruselas, que, con la coartada del fanatismo climático y la eficiencia energética de los edificios pretende uniformizar la realidad de nuestras ciudades".
Apoyar el desarrollo de proyectos de conservación y restauración del patrimonio histórico compartido.
Impulsar iniciativas culturales, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, destinadas a combatir la “leyenda negra” y a dar a conocer la labor civilizadora de España en América

[Fe de errores: en el punto tres, en una versión anterior de este texto, hacía referencia a la Bauhaus y debía poner Nueva Bauhaus europea]

POLÍTICA EXTERIOR

Seguir profundizando en la nueva etapa de relaciones bilaterales con Marruecos. En relación con el Sáhara Occidental, el PSOE seguirá apoyando al Enviado Personal del Secretario General de la ONU para alcanzar una solución aceptable por ambas partes en el marco de las Naciones Unidas. Se mantendrá la ayuda humanitaria a la población saharaui en los campamentos.
Continuar en la misma línea de apoyo económico y militar a Ucrania frente a la agresión de Rusia.
Trabajar por reformar la gobernanza económica de Europa para acordar unas normas fiscales más justas y realistas. Apoyo al proceso de adhesión a Europa de los países de los Balcanes Occidentales.
El PSOE apuesta por alcanzar un acuerdo en relación a Gibraltar que cree una zona de prosperidad compartida para Gibraltar y Campo de Gibraltar, respetando la posición jurídica de España con respecto a su soberanía.
Trabajar por el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El PSOE también apuesta por reforzar la cooperación entre España y la ONU, promoviendo, por un lado, el establecimiento de oficinas de las agencias de las Naciones Unidas en España y la presencia de profesionales españoles y españolas en el sistema de las Naciones Unidas, por otro.
Seguir impulsando la relación entre la UE y América Latina e impulsar el sistema de Cumbres Iberoamericanas y proyectos conjuntos como la Carta de Derechos Digitales iberoamericana. Avanzar hacia la ratificación de los acuerdos de la Unión Europea con Chile, con México y con Mercosur.
Fortalecer las relaciones de amistad y alianza con Estados Unidos sin renunciar al europeísmo de España, así como seguir trabajando en el seno de la OTAN por la defensa de la paz.
Impulsar la firma del acuerdo de asociación UE-Andorra que proteja los derechos de las personas trabajadoras transfronterizas.
Avanzar en una solución del conflicto entre Palestina e Israel para conseguir una paz plena y duradera.
Impulsar la cooperación en materia de conocimiento y formación con África de modo similar a la labor que realiza la Fundación Carolina con Iberoamérica.
Trabajar a favor de la instauración de un régimen democrático con elecciones libres y respetuoso de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
Cumplir con el incremento del 2% de las inversiones de Defensa en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España.
Impulsar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) en Jaén, invirtiendo 220 M€ y creando 2.500 empleos para proyectos de defensa anti-dron, vehículos inteligentes e Inteligencia Artificial.
El PSOE promete una inversión total de unos 40 M€ para drones de altas prestaciones, de equipos de apoyo, mando y control, vehículos y materiales necesarios.
Profundizar en la implementación de medidas de conciliación familiar en las Fuerzas Armadas y proseguir con el programa de mejora de las condiciones de vida en instalaciones del ejército.

Defensa de la unidad de la UE como ente político que hable con una sola voz en el mundo.
Promover la firma del acuerdo UE-Mercosur, y establecer nuevos acuerdos con México y Chile.
Apoyo a las fuerzas democráticas en los países latinoamericanos como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Mantener el actual apoyo militar, económico y humanitario a Ucrania. El PP apoyará sin ambages la entrada de Ucrania en la UE y en la OTAN.
Estrechar la relación bilateral con EE.UU. como un socio estratégico.
Establecer una relación equilibrada con los socios del Magreb, que se base en el respeto mutuo y en el derecho internacional. El PP se compromete a apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes.
Establecer relaciones con socios clave en el medio oriente, como Israel y los países del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidas, Catar, Baréin, Omán).
Una nueva política de relaciones globales con China en sintonía con las decisiones tomadas por la UE.
Abordar el proceso de descolonización de Gibraltar mediante un diálogo responsable con el Gobierno británico.
Una política exterior que refuerza la seguridad, con el compromiso de llegar al 2% del PIB en Defensa, y aumentar hasta los 140.000 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en los próximos ocho años, que actualmente ronda los 120.000 efectivos en activo.
Cumplir en el ámbito internacional con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Dar marcha atrás al cambio de posición adoptado en 2022 con respecto al Sáhara Occidental y utilizar todos los canales de influencia para apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el seno de las Naciones Unidas.
Avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino, teniendo siempre en consideración la voluntad de la sociedad civil palestina.
Continuar con la solidaridad integral con Ucrania y fortalecer la vía diplomática para lograr, cuando las circunstancias lo permitan, una paz justa y duradera.
Prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos
Recuperar la jurisdicción universal para perseguir los delitos internacionales.
Interlocución pacífica, autónoma y crítica con China, en defensa de los intereses y principios de la UE, desligándose de cualquier intento de propuesta militar para relacionarse con el gigante asiático.
Situar la transición ecológica justa en el centro de las relaciones internacionales. Para ello, Sumar promoverá la creación de un fondo mundial para la mitigación del cambio climático financiado por el Fondo Monetario Internacional; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, y que el ecocidio se reconozca como delito en el ámbito de la Corte Penal Internacional.
Impulsar el marco de diálogo político entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), promoviendo la celebración de una Cumbre anual, y reorientando las prioridades hacia la lucha contra las desigualdades, la emergencia climática y los feminicidios. Sumar propone también renegociar el Acuerdo UE-Mercosur para tener en cuenta los derechos humanos, las personas trabajadoras y la biodiversidad para dar prioridad a estas cuestiones.
Dotar de más capacidad de decisión al Parlamento Europeo y democratizar el resto de las instituciones de la UE. Para ello, se promoverá que la última palabra sobre el cumplimiento de los compromisos de la deuda y el déficit de cada estado miembro corresponda al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, y no a la Comisión Europea.
Promover la creación de una Agencia Fiscal Internacional y un Tribunal de Justicia Económica para juzgar los crímenes financieros transnacionales.

Promover la Iberosfera como un espacio de intercambio político, económico y cultural entre España y América Latina. Vox se compromete a potenciar el papel de las Cumbres Iberoamericanas.
Revisar la contribución y la pertenencia de España a organismos internacionales si actúan contra los intereses nacionales.
Rechazo a cualquier tendencia federalista de la Unión Europea. Como alternativa, Vox se compromete a impulsar un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembros el protagonismo frente a la Comisión Europea.
En la línea de devolver soberanía los Estados miembros de la UE, Vox defenderá la primacía de la Constitución sobre el Derecho europeo. Vox también propone impulsar una reforma de la euroorden para eliminar la posibilidad de que personas con causas penales pendientes en España puedan ampararse en sistemas judiciales de otros países de la UE.
Exigir a la Unión Europea un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar.
Apoyo firme a los grupos opositores en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba.
Eliminar cualquier tipo de ayuda destinada a la implementación de la Agenda 2030 o la financiación de movimientos de ideología de género o indigenistas en América Latina.
Garantizar la protección de Ceuta y Melilla como una parte indivisible de España, reforzando la presencia de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera. Para ello, Vox también quiere instar a la modificación del Tratado del Atlántico Norte para que incluya de forma explícita a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de la OTAN.
Aumentar la inversión en Defensa y asegurar sueldos dignos y ayudas a la movilidad geográfica y a la vivienda y alojamiento, que serán deducibles para los efectivos militares.
Crear una Ley de Carrera Militar única para las Escalas de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería, que permita que después de los 45 años los mejores puedan permanecer en la estructura del Ministerio de Defensa mediante el desempeño de funciones logísticas, administrativas, de seguridad y protección de las instalaciones.
Homologación civil de los estudios y especialidades militares, así como de las competencias profesionales en materia de seguridad privada, protección de personas y explosivos. El tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas servirá de mérito para el acceso al empleo público, con reserva de plazas.
Difundir mediante diversos programas la cultura de Defensa a fin de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con la historia militar y el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Desarrollar un sistema de Servicio Militar de reserva voluntaria que sea complementario al ejército profesional.

IGUALDAD Y VIOLENCIA MACHISTA

Impulsar una renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género para implementar nuevas medidas como desarrollar un Plan de Intervención de Lucha contra la Violencia de Género en el medio rural; implementar el cribado universal para detectar casos de violencia de género desde la Atención Primaria; la creación de las Unidades de Valoración Forense y de Juzgados especializados en violencia contra la Mujer, y aumentar los recursos para luchar contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad.
A las hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia machista se les extenderá hasta la edad de 26 años el acceso a recursos. socioeconómicos como víctimas directas de la violencia de género.
Incentivar la participación de hombres y jóvenes en la prevención de las violencias contra las mujeres mediante iniciativas dirigidas a ellos.
Trabajar para mejorar la respuesta institucional a las víctimas a través de la coordinación y el trabajo en red para poder hacer efectivos los protocolos municipales. Garantizar los recursos económicos y humanos para el desarrollo de la Ley de Libertad Sexual
Aprobar una ley de paridad entre hombres y mujeres que obligue a que haya igualdad efectiva en las listas electorales; en los nombramientos del Consejo de ministros; en los consejos de administración (donde habrá que alcanzar un 40%); en los colegios profesionales; en los tribunales, jurados y órganos colegiados, y en los órganos constitucionales.
Impulsar el Plan de prevención y actuación de los delitos de violencia de género online, que incluya la formación especializada de los profesionales, y de sensibilización especialmente respecto de víctimas menores y aquellas con discapacidad.
Elaborar una iniciativa legislativa para impedir el acceso de los menores a la pornografía en internet.
Abolir la prostitución con una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas.
Rechazo a los vientres de alquiler. Se perseguirán las agencias que promocionan y hacen negocio con la gestación subrogada.
Extender la prestación por nacimiento y cuidado hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16.
Avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, considerando la perspectiva del ciclo de la vida, siempre en el marco del diálogo social, y desde la perspectiva de género.
Para fomentar la corresponsabilidad durante las primeras etapas de la crianza, el PSOE quiere incentivar el uso consecutiva de los permisos de nacimiento.
El PSOE también se compromete a considerar a las familias monoparentales como familias numerosas para que puedan beneficiarse de las mismas ayudas.
Poner en marcha una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, y actualizar la Ley de Prevención de Riesgos laborales para incorporar la perspectiva de género para luchar contra la discriminación de género en el entorno laboral.

Avanzar hacia una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en puestos directivos, y reducir la brecha de género en el ámbito de los cuidados y de las pensiones.
Un plan contra el desempleo femenino para reducir la brecha entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo, a través de programas de reinserción en el mercado laboral y bonificaciones de las cotizaciones en sectores con mayor presencia de hombres.
Bonificar las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador durante los permisos por nacimiento de hijo, haya o no un contrato de sustitución, y también la contratación de aquellas mujeres y hombres que decidan retornar a la vida laboral tras haberse dedicado durante años a la crianza y cuidado de sus hijos.
Reformar en profundidad el Código Penal para que las penas contra la violencia sexual sean proporcionales.
Tipificar como delito la violencia digital, la violencia de control, o la violencia psicológica ejercidas a través de los móviles y otros dispositivos digitales.
Aprobar una ley orgánica integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, y proteger a las víctimas con un estatuto de protección integral. Perseguir a los proxenetas y el beneficio económico extraído de esta actividad por terceras personas.
Reforzar las Unidades de Atención de la Familia y de la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil.
El PP promete respetar el Convenio de Estambul como el marco principal para la legislación en materia de violencia de género.

Blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género diseñando mecanismo que garanticen la estabilidad presupuestaria del mismo.
Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar las reformas en esta materia con el resto de las Administraciones y de agentes sociales.
Fortalecer los planes de igualdad para reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Se promoverá la figura del responsable del plan de igualdad para monitorizar el cumplimiento de estos planes y se incrementarán las inspecciones laborales para garantizar su aplicación.
Garantizar el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres hasta los 45 años.
Incluir en los programas educativos medidas para incorporar a las niñas a las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y aproximar a los niños y a los jóvenes a los estudios relacionados con los cuidados. Deberán estar en los currículos escolares ámbitos como la educación en igualdad, la educación antirracista, la LGTBI+, y la educación contra las violencias machistas.
Ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan desproporcionadamente a las mujeres y que constituyen formas de violencia machista. Se buscará también consolidar el Plan de Inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de trata y de explotación sexual y a mujeres en situación de prostitución.
Garantizar el funcionamiento de los centros de crisis para atender a mujeres víctimas de la violencia machista contemplados en la ley de libertad sexual.
Introducir la violencia económica como un delito más de violencia de género. El impago de pensiones alimenticias debería ser tipificado como violencia económica.
Combatir mediante campañas de sensibilización y otras medidas los discursos que se refieren a la igualdad y a la perspectiva de género como «ideología de género».
Implementar un nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis para derivarlos a servicios que trabajen otras formas de masculinidades y que fomenten el cuidado y la empatía.

Suprimir el Ministerio de Igualdad.
Hacer un referéndum respecto a las políticas de género.
Derogar la vigente ley contra la libertad sexual. Como alternativa, Vox propone una ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico. Se aumentarán las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente.
Bajar la edad penal y revisar la ley del menor para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan delitos de agresión sexual.
Derogar la Ley Integral de Violencia de Género y eliminar los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
Eliminar toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación o identidad sexual, como cuotas, preferencia en la contratación o prevalencia en caso de empate en una oposición. Como alternativa, se impulsarán políticas que permitan la estabilidad familiar y que combatan la brecha maternal.
Promover una Ley de protección integral de la familia, que reconozca y ampare la trascendencia de la familia y el papel esencial que desempeña como núcleo vertebrador de la sociedad.
Combatir la brecha maternal que penaliza a las mujeres por el hecho de ser madres, facilitando la formación y reincorporación al trabajo de las madres que han interrumpido su carrera por la maternidad y desean retomarla, así como incentivar fiscalmente a las empresas que contraten a nuevas madres y promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Combatir la brecha maternal garantizando la igualdad de oportunidades, bonificando el coste para el empresario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionada con la maternidad.
Rechazo a los vientres de alquiler.

LEY DEL ABORTO Y LEY TRANS

Garantizar el aborto en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas así como la información y garantía de la elección y la disponibilidad de acceder a los dos métodos mediante los cuales se lleva a cabo la prestación: el método quirúrgico y el farmacológico.
Impulsar que se habiliten “Zonas de seguridad” alrededor de las clínicas para reforzar la seguridad de las mujeres que acuden a las mismas y puedan ejercer sus derechos sin acosos ni coacciones.
Promover un Pacto de Estado contra la LGTBIfobia.
Tipificar las terapias de conversión como un delito en el Código Penal.
Agilizar los procesos de adopción para las familias LGTBI.
Aprobar una Estrategia de Turismo LGTBI que tenga como objetivo el diseño y promoción de experiencias de turismo especializadas en el segmento LGTBI.
El chemsex se ha convertido en un problema de salud pública que el PSOE abordará mediante la formación específica de profesionales, con el objetivo de mejorar los resultados de las acciones preventivas y la detección y tratamiento de los usuarios que ya hayan desarrollado problemas de adicción.

Una nueva ley que garantice los derechos de las personas Transexuales que nacerá del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales.
En lo referente al aborto en jóvenes menores de edad, el PP apuesta por introducir la necesidad del permiso de los padres o los titulares de la patria potestad para llevar a cabo la interrupción del embarazo.

Garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad.
Crear una red de recursos de acogida y alojamiento, medios jurídicos, asistenciales, psicológicos y de orientación al empleo para las víctimas de la violencia LGTBIfobia y se establecerán mecanismos de coordinación con los otros servicios que estén en contacto con las víctimas.
mplantar los planes de igualdad LGTBI en el ámbito del empleo y crear políticas activas de inserción laboral para prevenir el riesgo de exclusión social por diversidad sexual o de género, así como para apoyar a quienes ya se encuentran en situación de exclusión social.
Reconocer la LGTBIfobia como causa de riesgo psicosocial en el empleo.
Conseguir la completa erradicación de las mal llamadas «terapias de conversión», así como de los planteamientos pseudoterapéuticos que estigmatizan y clasifican como trastornos o enfermedades la bisexualidad, la asexualidad, y las identidades de género como las personas trans y no binarias.

Derogación de la actual ley del aborto. Aprobar una legislación sanitaria respetuosa con el derecho a la vida. Vox también propone garantizar la libertad de conciencia de todo el personal sanitario, para que no sea forzado a actuar contra su conciencia ante el aborto o la eutanasia.
Como alternativa al aborto, Vox propone garantizar la información, el apoyo y las alternativas para todas aquellas mujeres con un embarazo problemático e inesperado, así como promover la adopción nacional y el acogimiento familiar como alternativa al aborto.
Eliminar las ayudas públicas a aquellas organizaciones que promuevan la práctica del aborto.
Eliminar del Código Penal el artículo 172 quater, que considera delictivo acudir a centro de salud para presionar a una mujer que quiere abortar de no hacerlo.
Derogación de la ley trans y garantizar la imposibilidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de cambio de sexo en los menores de edad.
Suprimir de la Sanidad Pública aquellas intervenciones quirúrgicas y hormonales ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc.), protegiendo especialmente a los menores de estas prácticas.

INMIGRACIÓN

Habilitar vías para la inmigración regular y ordenada. El PSOE se compromete a seguir firmando convenios de migración circular con los países de origen para regular la inclusión laboral de las personas que llegan a España.
Incrementar las capacidades del sistema de acogida y reforzar su gestión pública, especialmente la red de centros de acogida para los colectivos vulnerables como las mujeres y niñas víctimas de violencia de género y las personas demandantes de protección internacional por razones de LGTBIfobia.
Mejorar el sistema de gestión de la política migratoria, simplificando los procedimientos y acelerando el cambio de modelo de las oficinas de extranjería.
El PSOE fomentará que sea compatible trabajar y estudiar a la misma vez para las personas extranjeras que residan en España, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los estudiantes.
Impulsar políticas públicas e iniciativas no gubernamentales para luchar contra el racismo y la xenofobia, especialmente en el ámbito educativo y en el ámbito comunicativo.
Mejorar los programas de acogida educativa para atenuar las carencias y necesidades del alumnado extranjero, especialmente en niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar. Se implementarán programas de apoyo a los profesores de la educación primaria y secundaria, en colaboración con los Ayuntamientos, con el objetivo de prevenir el abandono temprano y el absentismo de los niños y niñas venidos del extranjero.
Activar programas de integración de la población inmigrante y refugiada en el medio rural.
Consolidar la colaboración con organizaciones internacionales como ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional de Migraciones).
Seguir ampliando el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes en el exterior, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, dotando para ello con mayores recursos materiales y humanos a nuestras oficinas consulares.
Trabajar para conseguir a nivel europeo un nuevo Pacto de Migración y Asilo, que esté en línea con los valores de dignidad humana y solidaridad establecidos en nuestros tratados.

Impulsar el Pacto Europeo de Migración y Asilo para garantizar una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura, la protección y buena gestión de todas las fronteras exteriores y reforzar la solidaridad entre los Estados miembro.
Reformar la ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos para garantizar a los descendientes de españoles el derecho de opción a la nacionalidad española, y reforzar los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, para posibilitar esta medida.
Un programa de inmigración basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica y las competencias lingüísticas para atraer a personas extranjeras cualificadas.
Un plan para acelerar los tiempos necesarios para el reconocimiento de títulos profesionales habilitantes (médicos, ingenieros, etc.), mediante procesos de evaluación y reconocimiento de las titulaciones en los países de origen.
Incrementar el número y formación del personal en las fronteras, impulsando la implantación del nuevo Sistema Europeo de Registro de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje, así como la coordinación y participación en las actividades de FRONTEX. Asimismo, el PP se compromete a fortalecer las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión integrada de fronteras, potenciando los cometidos de la Autoridad Nacional de Coordinación para la inmigración irregular .
Establecer una red de equipos conjuntos de investigación en materia migratoria con países africanos, inspirándose en el modelo del actual Equipo Conjunto de Investigación en Níger liderado por España, con Francia y Níger.
Agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto llamada.
Agilizar los trámites de expulsión de los ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo.

Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) en todo el territorio nacional.
Reformar el funcionamiento de las agencias europeas independientes como Frontex para democratizar su dirección y facilitar la exigencia de eventuales responsabilidades políticas y jurídicas a causa de su actuación, incluido ante el Parlamento Europeo.
Aplicar la Ley de Transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, y poner fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos.
Fortalecer los instrumentos para la acogida y defensa de las personas en necesidad de protección internacional, así como las vías de acceso al asilo.
Tipificar como delito las devoluciones en caliente y eliminar la disposición adicional de la Ley de Extranjería que legitima esta práctica, financiando y promoviendo mecanismos de monitoreo independiente de los derechos humanos en la frontera sur de España.
Ampliar el Ingreso Mínimo Vital a las personas inmigrantes en situación irregular, con especial énfasis en aquellas familias con hijos a su cargo.
Impulsar el reconocimiento de las migraciones climáticas, promoviendo su inclusión y protección de migración, asilo y refugio.
Una ley integral contra el racismo para prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial, el racismo institucional y estructural, y las formas conexas de intolerancia en aras del fomento de la igualdad y la justicia racial.
Reforma de la Ley de Extranjería, simplificando y unificando los procedimientos de solicitud de residencia.
Promover un pacto de Estado para la acogida y la atención de menores inmigrantes no acompañados que impulse el acceso al permiso de residencia y de trabajo una vez hayan alcanzado la mayoría de edad y continúen en territorio español.
Promover la participación política de las personas migrantes en los diferentes procesos electorales.
Reformar, simplificar y digitalizar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional, promoviendo el sistema de cualificación profesional para mejorar la empleabilidad de las personas inmigrantes.
Garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud a los solicitantes de asilo y refugio; ascendientes de personas migrantes llegados a España en procesos de reagrupación familiar; apátridas; migrantes en situación administrativa irregular; residentes que se encuentren en trámite de renovación, o quienes tengan dificultades para acreditar su empadronamiento.

Realizar un referéndum sobre la política de fronteras de España.
Establecer criterios que tengan en cuenta las nacionalidades que comparten idioma y lazos históricos y culturales con España a la hora de desarrollar la política migratoria.
Garantizar una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades del mercado laboral español.
Promover un bloqueo naval ante la llegada de inmigrantes ilegales de embarcaciones en el Mediterráneo, asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito.
Sancionar con dureza, incluyendo retiradas de licencias, concesiones y autorizaciones, a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación.
Vox propone la inmediata expulsión del España de todos los inmigrantes que lleguen ilegalmente, así como a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen.
Eliminar las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal. Vox también promete endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.
Cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados, que serán repatriados a sus países de origen de forma inmediata. Hasta que sea posible cerrarlos, estos centros se reubicarán en las afueras, alejados de núcleos urbanos.
Prohibir el empadronamiento a los inmigrantes ilegales.
Promover el cierre de las mezquitas o centros de culto que propaguen ideas como el radicalismo islámico o la yihad.
Reformar la ley de nacionalidad para que esté sometida a una ausencia total de antecedentes penales y a un perfecto conocimiento del español.

MODELO TERRITORIAL

Apostar por el modelo de cogobernanza. Para ello, se aprobará una Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas que incluirá un marco común para incentivar la cooperación en las prestaciones de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio.
Continuar con el proceso de desconcentración de sedes de entidades públicas estatales y autonómicas para crear una Administración más cercana.
Crear una estructura que coordine la celebración de las Conferencias Sectoriales y reúna toda la información de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia. Se establecerá un sistema de interrelación de la Conferencia de Presidentes con las Conferencias Sectoriales, que podrá llevarse a cabo a través de diferentes instrumentos, como planes estratégicos a aprobar en el seno de las Conferencias Sectoriales y un plan general y global aprobado por la Conferencia de Presidentes.
Fortalecer el programa “La Administración cerca de ti”, con el que más de 3.000 municipios y cerca de siete millones de personas tendrán acceso a trámites de Seguridad Social, de prestaciones de desempleo o de tráfico sin desplazarse de sus localidades.
Mejora de la financiación local reforzando lo realizado en estos cuatro años de mandato, así como mediante la creación de nuevas figuras como impuestos propios adecuados a su marco competencial.
Elaborar un Estatuto de Municipios de Menor Población que, teniendo en cuenta las características propias de los municipios pequeños y en riesgo de despoblación, simplifique algunas de sus tramitaciones administrativas y les permita disponer de los recursos necesarios para funcionar con normalidad.
Mejorar las prestaciones digitales de las administraciones locales.
Aprobar en el plazo máximo de un año un nuevo sistema de financiación autonómica regido por los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional.
En el marco de la financiación autonómica, proponer que la inversión del conjunto de Administración Públicas en Sanidad sea como mínimo un 7% del PIB, en Educación del 5% y en Sevicios Sociales del 2%.

Recuperar el delito de sedición en el Código Penal para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional. Regular otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional.
Recuperar la malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022.
Reforma del sistema de financiación autonómica para sustituir el actual. La reforma partiría de la suficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas y reforzará su responsabilidad financiera.
Delimitar con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y la duplicidad de las mismas.
Mayor apoyo del Estado hacia ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Reconocimiento del plurilingüismo en las instituciones. Preservar la riqueza cultural y lingüística de España desde una posición de igualdad y reconocimiento mutuo de todas ellas. Su promoción y uso se extenderá al conjunto de España y al marco de la UE.
Impulso de una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Catalunya. Reforzar los mecanismos de concertación multilateral y bilateral entre las instituciones de la Generalitat de Catalunya y del Estado para el pleno desarrollo del autogobierno para avanzar hacia un nuevo pacto territorial, votado por la ciudadanía de Catalunya.
Respetar las competencias y la financiación para las comunidades autónomas y potenciar los gobiernos locales. Acordar un nuevo modelo que incluya un suelo fiscal para prestar unos servicios públicos de calidad, ya que el actual está caducado desde 2014. Aprobar una ley de gobiernos locales y financiación local, y asegurar el reconocimiento a la capacidad y la legitimidad de los gobiernos locales. Impulsar y reforzar los órganos de coordinación ya existentes y promover foros ciudadanos para debatir sobre el modelo de España y el estado de las autonomías.

Desmontar el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Promover un estado unitario administrativamente descentralizado.
Proponer la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.
Suprimir cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua. Por ejemplo, garantizar que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea un impedimento para el acceso por oposición a plazas de personal de la función pública.
Ilegalizar los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.
Reintroducción de los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad.
Asegurar y visibilizar la presencia de la Administración civil y militar del Estado al servicio de los españoles en todos los territorios de la nación.
Suspensión inmediata de la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional “para atentar contra la unidad de España”.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Completar las actuaciones del Plan de Exhumaciones desarrollado en la Ley de Memoria Democrática, de modo que al final de legislatura se hayan exhumado todas las fosas comunes localizadas y permita la entrega a sus familiares de los restos para su digna sepultura; poniendo en marcha el Banco Estatal de ADN y el Registro y Censo de las víctimas de la Guerra y la Dictadura.
Culminar la resignificación del Valle de Cuelgamuros como Lugar de Memoria Democrática y proceder a la creación de un centro de interpretación.
Continuar y extender las acciones de reconocimiento del exilio republicano español.
Impulsar la creación de un gran Centro de la Memoria Democrática, con la finalidad de salvaguardar la dignidad de las víctimas y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos.

Derogar la Ley de Memoria Democrática e impulsar una nueva norma consensuada “que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad”.
ETA: investigar los 379 crímenes de ETA aún sin resolver; hacer que los delitos de terrorismo sean imprescriptibles; modificar el delito de homenaje de los terroristas; garantizar que los beneficios penitenciarios a los que pudieran acceder los condenados por terrorismo vayan siempre ligados a su colaboración; rechazar cualquier tipo de negociación o acuerdo de gobierno con fuerzas políticas que, como Bildu, incluyan o hayan incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas o en sus estructuras orgánicas ; impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la Justicia.

Continuar implementando la Ley de Memoria Democrática de 2022 y desplegar todas las medidas contenidas en la misma. Entre otras medidas: la elaboración del censo público de víctimas; el impulso al Banco Estatal de ADN de los posibles familiares de las personas desaparecidas; la auditoría sobre los bienes y derechos incautados durante la dictadura; la revisión y revocación de todas las condecoraciones, medallas y recompensas concedidas a personas que formaron parte del aparato de represión de la dictadura.
Impulsar la obligación de llevar a cabo las tareas de búsqueda, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en la guerra y la dictadura.
Reconocer y reparar la represión sufrida por las mujeres y las personas LGTBI+ durante el franquismo y reivindicar su papel en la lucha por las libertades y la democracia.
Impulsar la formación en materia de memoria democrática, en todos los niveles del sistema educativo, y promover la divulgación, la investigación y la formación sobre la represión, la dictadura franquista y la memoria democrática.
Resignificar el Valle de Cuelgamuros y otros lugares de memoria emblemáticos como lugares de reinterpretación crítica de la guerra y la dictadura.
Ley de «bebés robados» para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias.

Derogar la Ley de Memoria Democrática y suprimir la Fiscalía de Memoria Democrática. En su sustitución, aprobar de una Ley de Concordia que fomente el encuentro y la reconciliación y cuyo fin sea superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común de España.
Promover la investigación de todos los crímenes de ETA aún no resueltos e impulsaremos la consideración de los delitos cometidos por ETA como de lesa humanidad, para que nunca prescriban.
Prohibir la utilización de los centros penitenciarios para el intercambio de presos peligrosos a cambio del acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas.
Impulsar la aprobación una Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Esta norma, impedirá de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo, 129 homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o los ataques a las instituciones y símbolos de España.

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