El CNI pidió al Supremo espiar a Aragonès con el argumento de que “dirigía” los CDR

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió al Tribunal Supremo, en julio de 2019, que autorizara espiar al entonces vicepresidente catalán Pere Aragonès al concluir que “dirigía” a los activistas independentistas que posteriormente protagonizaron las protestas en contra de la sentencia del juicio al procés, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Esa es la principal revelación que contienen los autos del alto tribunal que desclasificó el Gobierno el 16 de enero y que llegaron el jueves a manos del juez de Barcelona que instruye la querella presentada por el president tras conocer que su móvil fue seguido mediante el software Pegasus. La defensa de Aragonès califica de “inverosímil” la explicación y fuentes cercanas al caso aseguran que la documentación remitida es incompleta y contiene numerosos fragmentos borrados.

El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona recibió el jueves tres autos del Supremo, que dejan clara la cronología de los seguimientos al líder republicano. Los documentos llegan justo el día antes de que allí comparezca la exdirectora del CNI, Paz Esteban. La primera petición del Centro para espiar a Aragonès fue en julio de 2019 y se justificó porque “dirigía” desde “la clandestinidad” a los CDR. Posteriormente, se solicitaron dos prórrogas para seguir con sus pesquisas, una en octubre de ese mismo año —coincidiendo con las protestas en respuesta a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés— y otra en enero de 2020 —en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez—.

Los documentos, que según fuentes cercanas al caso están incompletos y con varias páginas ilegibles, apuntan a que Aragonès dirigía los pasos de los activistas “siempre al margen de su papel institucional”. Cuando se autoriza por primera vez el seguimiento, Aragonès era el número dos del Ejecutivo de Quim Torra y líder in pectore de ERC. Los autos muestran el interés del CNI por defender que su solicitud llega no por el papel institucional del vicepresidente catalán, sino por la labor de dirección y coordinación de los activistas que, por ejemplo, intentaron ocupar el Aeropuerto de El Prat tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el procés.

Los CDR, que sobre el papel carecían de líderes y era un movimiento espontáneo, comenzaron su actividad en otoño de 2017, e intentaban asegurar que se llevara a cabo el referéndum de independencia del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional declaró en su día como ilegal. Con posterioridad, organizaron actos de protesta y de boicot durante los episodios de máxima tensión política en Cataluña. Aparte del intento de ocupar el Aeropuerto —la Audiencia Nacional también ubica en la organización del llamado Tsunami Democràtic al expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira― cortaron carreteras y vías de tren.

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez afirmaron la noche del jueves sobre el conocimiento de estas escuchas: “Traen causa de operaciones iniciadas por el CNI antes de que llegáramos al Gobierno y contaron siempre con autorización judicial”. Desde La Moncloa, estas mismas fuentes aseguran que “ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente, al Gobierno”. Y añaden: “Ha sido precisamente este Gobierno quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, siempre con el límite de la seguridad nacional. Esta información demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia. Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP”.

El escándalo por el espionaje a independentistas salió a la luz en abril de 2022, a raíz de un informe hecho por Citizen Lab, un grupo ligado a la Universidad de Toronto (Canadá) y especializado en ciberseguridad. Según esa investigación adelantada por este diario, al menos 63 políticos, abogados y activistas independentistas habían sido diana de Pegasus en jornadas clave para el movimiento secesionista catalán tras 2017. El Gobierno explicó entonces que sí había órdenes judiciales para hacer algunos de los hackeos, como fue el caso de Aragonès. El propio Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también tuvieron intervenidos sus teléfonos por el mismo programa espía.

De hecho, el juez que instruye la querella presentada por el president solicitó también la desclasificación de otros documentos del CNI sobre el uso de Pegasus, como por ejemplo quién autorizó su compra y quién tenía acceso. Sin embargo, el Gobierno negó esa petición al considerar podría comprometerse la seguridad de los agentes del servicio secreto.

Fuentes del entorno de Aragonès han calificado de “inverosímiles” las justificaciones del CNI ante el Supremo y esperan conocer el contenido de la declaración de Esteban. Cuando se produjeron los seguimientos, su partido, ERC, ya se había distanciado de la parte más radical del movimiento independentista que exigía la independencia unilateral y que continuaba reivindicando el resultado de la votación del 1 de octubre como un aval para declarar la independencia. Los letrados que asisten al president ya han recusado a la secretaria judicial que lleva el caso, pues formó parte de la comisión judicial que se envió al departamento de Economía, en septiembre de 2017, y tuvo que salir por el tejado del edificio, argumentando que la protesta en la calle contra el registro imposibilitaba abandonar el inmueble de manera segura.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal