El CNI espió a Aragonès por su relación con un intermediario de los CDR
El teléfono intervenido al entonces vicepresidente de la Generalitat no era el oficial de su actividad institucional
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió intervenir el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque ese teléfono, que no era el oficial con el que mantenía sus contactos institucionales, había sido utilizado por un supuesto intermediario de los CDR (Comités de Defensa de la República), la fuerza de choque del movimiento independentista, según fuentes que han tenido acceso a la resolución judicial que autorizó la escucha.
Aunque Citizen Lab, el grupo de expertos de la Universidad de Toronto (Canadá) que destapó el caso Pegasus, no ha precisado la fecha en que fue infectado el móvil de Aragonès, la intervención se produjo en el otoño de 2019, cuando Cataluña fue escenario de violentos disturbios en protesta por la sentencia del procés, incluido el intento de ocupación del aeropuerto de El Prat (Barcelona). En esa época, Aragonès ya era el coordinador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque aún solo era vicepresidente de la Generalitat.
Durante las casi cuatro horas que duró la comparecencia de la ya exdirectora del CNI ante la Comisión de Secretos del Congreso, el pasado 5 de mayo, Paz Esteban no reconoció en ningún momento que el centro que dirigía dispusiera del programa espía Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group. Tampoco mencionó a Aragonès ni explicó las razones por las que había sido espiado, y se limitó a exponer de manera genérica las actividades que desarrollaba el servicio secreto, siempre en el marco de la legalidad, aseguró.
No obstante, cada uno de los 10 parlamentarios que forman parte de la comisión dispuso de una carpeta a su nombre con las resoluciones judiciales que autorizaban las 18 intervenciones telefónicas —menos de un tercio de las 65 denunciadas por Citizen Lab— reconocidas como propias por el servicio secreto.
Varios de los asistentes han reconocido a posteriori que se vieron sorprendidos por el volumen de documentación que les proporcionó la directora del CNI, pues no sabían qué información les iba a facilitar ni el método para hacerlo. La sesión se interrumpió durante algo menos de 15 minutos para que pudieran examinar las 18 resoluciones judiciales, de unos seis a siete folios cada una, en función de si se trataba de una intervención telefónica nueva o de una prórroga por otros tres meses de la autorización inicial, como sucedía en varios casos.
Los diputados tomaron notas a mano, pues no se les permitió acceder a la sala donde se celebraba la reunión con móviles o equipos para captar sonido o imagen. Ni siquiera lo hizo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a quien la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, otorgó dispensa para acudir con una tableta electrónica que le permitiera escribir, pues su estado físico le impide hacerlo manualmente.
En la resolución judicial que autorizaba la intervención del móvil de Aragonès, firmada por el magistrado de la Sala Tercera del Supremo que controla las actividades del CNI, figuraban nombres borrados, según quienes tuvieron acceso al documento, y también había tachones sobre fragmentos de diálogo que parecían corresponder a una escucha telefónica. Uno de los diputados que tuvo en sus manos el documento asegura que se aludía, genéricamente, a “contactos [de Aragonès] con los CDR”.
Tsunami Democràtic
Según algunas fuentes, el supuesto intermediario que habría llevado hasta el teléfono del hoy presidente sería Benet Salellas, diputado en el Parlamento catalán por la CUP (2015-2017) y defensor de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en el juicio del procés. También ha sido abogado, entre muchos otros, del empresario Oriol Soler, uno de los supuestos fundadores de Tsunami Democràtic, la plataforma que promovió las movilizaciones del otoño de 2019, o de Tamara Carrasco, activista de los CDR acusada de terrorismo y finalmente absuelta.
El nombre de Salellas no aparece en el documento sobre Aragonès, según quienes han tenido acceso al texto, pero sí en alguna de las otras 17 resoluciones judiciales que llevó al Congreso la directora del CNI, a pesar de que no está en la lista de 65 presuntos espiados de Citizen Lab. Salellas ha asegurado a EL PAÍS que mantiene el mismo teléfono desde hace años y que no ha vuelto a coincidir ni mantener contactos con Aragonès desde que, en octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy intervino la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El formato de la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales no facilitó que se aclarase este ni muchos otros extremos. Tras una exposición inicial de Esteban, los 10 diputados de otros tantos grupos parlamentarios intervinieron de uno en uno. A continuación, respondió la compareciente y aún tuvieron derecho a una última réplica de algo más de un minuto, antes de que la directora del CNI cerrara la sesión. Fue en este último tramo donde, según algunos presentes, se produjo un momento de tensión cuando la representante de JuntsxCat, Míriam Nogueras, preguntó directamente a Esteban las razones por las que se le había espiado a ella. Varios portavoces aseguran, sin embargo, que ni Nogueras ni Albert Botran, el portavoz de la CUP, que también estaba presente en la comisión, figuran entre las 18 personas a las que el CNI reconoce haber escuchado con autorización judicial, aunque sí están en la lista de 65 supuestos espiados de Citizen Lab.
ERC ha pedido que las resoluciones judiciales que explican por qué fueron espiados los 18 independentistas se desclasifiquen y se hagan públicas. El Gobierno asegura estar dispuesto a hacerlo, pero solo si se lo pide un juez.
De la toma del aeropuerto a la batalla de Urquinaona
Cataluña vivió en octubre de 2019 una ola de protestas violentas cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia condenatoria a 12 de los líderes independentistas del procés (los que no habían huido de España). Entre el 14 y el 20 de octubre, colectivos supuestamente anónimos como Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR), junto con partidos y entidades independentistas, tomaron las calles y se enfrentaron a los cuerpos policiales llenando, literalmente, de piedras y llamas el centro de Barcelona.
El mismo 14 de octubre, minutos después de que se publicara la sentencia, miles de personas cortaron varias carreteras y llegaron andando hasta el aeropuerto de Barcelona-El Prat, colapsándolo y obligando a cancelar 108 vuelos. Varias vías del tren fueron cortadas y hubo una verdadera batalla campal entre manifestantes y Policía Nacional y Mossos que se saldó con varios heridos.
El martes 15 fue el turno de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Alrededor de ella, varios manifestantes construyeron barricadas con contenedores en llamas y se enfrentaron a la Policía. Al día siguiente comenzaron las marchas —desde Girona, Vic, Tarragona, Tàrrega y Berga— de miles de personas que iniciaron un camino a pie hacia Barcelona con la idea de que el viernes 18 se paralizara la ciudad con una huelga general. Ese día, en la capital catalana, la protesta se centró en la Consejería de Interior, adonde volvieron el fuego, las piedras y las cargas policiales. El jueves 17 un grupo de extrema derecha españolista convocó a sus militantes para hacer frente a los CDR. De nuevo, la noche acabó con disturbios y enfrentamientos.
El día más intenso fue el viernes 18. La huelga general paralizó las ciudades y las carreteras quedaron cortadas, mientras decenas de grupos, muy preparados, comenzaron lo que se acabó bautizando como la batalla de Urquinaona. La Via Laietana y la plaza de Urquinaona quedaron irreconocibles después de que los manifestantes levantaran las aceras y lanzaran adoquines a la Policía, que respondió con pelotas de goma. Por primera vez en la historia de los Mossos, la policía autonómica puso en marcha la tanqueta que lanza agua a presión para disuadir a los manifestantes. Tras la batalla de Urquinaona, los disturbios fueron bajando de intensidad.
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