La auditoría de Cremades sobre los abusos golpea a los obispos: “Las víctimas no se sienten escuchadas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La auditoría que la Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó hace casi dos años al bufete Cremades & Calvo-Sotelo cuestiona duramente la gestión de los obispos ante el escándalo de la pederastia y su informe señala que durante décadas ha prevalecido una actitud de “ocultación, relativización e incluso de negación”. Los autores del documento, de 914 páginas y entregado a los obispos el pasado fin de semana, afirman “con contundencia” que las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia “no se sienten escuchadas” y que “su voz ha estado sepultada en el silencio durante décadas”. Junto a varios cientos de páginas de análisis —que contienen también testimonios de víctimas—, el bufete ha incluido una contabilidad de casos: 1.383 denuncias y al menos 2.056 víctimas, aunque subraya que estos números solo representan la punta del iceberg. “No se trata de casos aislados, de unas ‘pocas manzanas podridas’. Si un solo abuso ya era demasiado, el análisis nos habla de miles de abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata de unos pocos miles o de unos muchos miles. Pero, sin duda, son varios miles”, aparece en el documento, tal como adelantó este diario en marzo. La mayoría de las denuncias recopiladas pertenecen a las décadas de 1960-1970 y, en contra de la idea de que es un fenómeno del pasado, a la de 2010-2019. La auditoría del bufete también señala un punto grave para la Iglesia española: “La pasividad ante las víctimas muestra graves defectos estructurales que atrofian la propuesta evangélica. Y esos defectos estructurales generan una responsabilidad institucional de la Iglesia católica en España”. El bufete realizó la auditoría pro-bono y finalmente el coste que tendrá que pagar la CEE es de 1.025.000 euros, la mayor parte, 750.000, en gastos, y el resto en el pago de colaboradores externos.

De forma insólita entre las conferencias episcopales de otros países católicos, los obispos españoles no han querido presentar el estudio ante los medios, ni hacer un acto público. En su lugar, han sembrado la confusión publicando en su web, con pocas horas de diferencia, dos informes de mil páginas cada uno. Por un lado, la auditoría de Cremades a través de un enlace de descarga dentro de una discreta nota de prensa y una actualización de su informe Para dar a luz, un documento realizado por su cuenta y difundido por primera vez el pasado mes de junio. Es decir, dos documentos que contrastan entre sí: el de Cremades, mucho más severo con la Iglesia, y el que los obispos han presentado simultáneamente para intentar eclipsarlo. La CEE ha preferido darle más valor a un informe en el que se investiga a sí misma que a una auditoría independiente que identifica más casos y ahora ya no les gusta. Si bien los prelados españoles incluyen las cifras del estudio de Cremades, solo reconocen 1.302 casos, no hacen autocrítica y ni siquiera mencionan el encubrimiento. De cualquier forma, la CEE admite las cifras de EL PAÍS sobre la magnitud del escándalo —que en este momento contabiliza en su base de datos 1.381 acusados y 2.516 víctimas, datos similares que ahora aceptan los obispos—, después de haber asegurado durante años que apenas existían casos.

Pese a que el informe Para dar a luz señala que hay diócesis y órdenes que han sumado a su contabilidad casos de este diario, la CEE vuelve a cuestionar su trabajo sin argumentos: “Se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma”. Una opinión que contrasta también con el informe de Cremades, que por el contrario destaca el papel de los medios de comunicación. De hecho, afirma que “la principal fuente de denuncias [aportadas por todas las diócesis, las órdenes y la propia CEE] trae causa del trabajo de investigación de el periódico EL PAÍS”. Este ha sido otro punto de fricción con los obispos, reacios a reconocer la labor de este diario, que desde 2018 les ha obligado a afrontar una gran investigación del escándalo. Hace cinco años se registraban oficialmente 34 casos y hasta hace dos la CEE decía que había “cero o muy pocos”, se negaba a hacer una investigación interna y proclamaba que no sería “proactiva” en la búsqueda de la verdad.

Si se analizan ambos informes —la auditoría y el documento que los obispos han hecho por cuenta— se puede comprobar que la CEE solo incluye en el suyo información parcial de Cremades y deja fuera la que choca con su discurso. Un claro ejemplo es la propuesta de la auditoría de crear un fondo común de 50 millones de euros, ampliable, para reparar a las víctimas, con indemnizaciones de entre 6.000 euros y 100.000 euros, y que esté coordinado por una comisión independiente.

Por el contrario, los obispos subrayan en Para dar luz que “no se aprecian razones suficientes” para crear un fondo en España y que “resultaría por completo innecesario” para afrontar el escándalo. Recientemente, los obispos destacaban que pondrían en marcha un plan integral de reparación, pero advertían que el que deberá pagar el costo de las multas deberá ser principalmente el agresor. Lo contrario a lo que aconseja Cremades: “En ningún caso podrá condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses a los que no podrá recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignación del 0′7% del IRPF”. La auditoría considera que las víctimas no deben ser indemnizadas “con cargo al Fondo del Estado que propone el Defensor del Pueblo, cuando la responsabilidad de tales abusos le es imputable directamente a la Iglesia Católica” y que la reparación que esta debe realizar debe cubrir “el derecho a la verdad” y “a la justicia”, “la restitución, la indemnización y la satisfacción”, y unas “garantías de no repetición”.

La auditoría de Cremades también ha incluido referencias en su trabajo al realizado por el Defensor del Pueblo, incluso a la encuesta que encargó a GAD3 para conocer el alcance del problema: un 1,13% de la población adulta residente en España ha sufrido abusos en su infancia en ámbito eclesiástico, porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, con un margen de error que abre esa cifra a un abanico de entre 350.000 y 530.000 personas. El presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, ha atacado repetidamente esta encuesta y también a los medios que han realizado la estimación, asegurando que era “mentira” manifestada “con la intención de engañar”.

Los obispos españoles siguen sin hacer autocrítica sobre su gestión. Una cuestión que refleja Cremades en su informe. La comisión que realizaba la auditoría se reunió con un gran número de obispos y altos cargos de órdenes religiosas. Así describe esos encuentros: “En nuestra propia experiencia, no pocas veces nos hemos encontrado con una actitud defensiva, de parálisis, ocultamiento y hermetismo por parte de algunas de las autoridades eclesiásticas entrevistadas. Hemos constatado que lo que suele prevalecer en algunas autoridades de la Iglesia es la interpretación de que las críticas son un ataque orquestado para desprestigiar a la institución a través de la instrumentalización de las víctimas”.

La auditoría también refleja la división interna que hay en la Iglesia sobre cómo afrontar el tema de los abusos, incluso también sobre el encargo a Cremades: “No pocos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos pensaban que era un error aceptar que la Iglesia debía rendir cuentas en este momento y de esta forma. Su principal argumento es que el abuso sexual a niños y niñas en la Iglesia católica representa un porcentaje residual con respecto al abuso que se ha producido y se produce en la sociedad”. Otra puntualización importante es la descripción que hace sobre el poder de la Iglesia en el pasado, especialmente durante la dictadura. “El poder que la Iglesia tenía de por sí por su autoridad moral y espiritual, que la sociedad le reconocía, se veía incrementado por la alianza con el poder político. [...] Las autoridades civiles y políticas, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, consideraban una denuncia de abuso en el ámbito de la Iglesia como un ataque a la autoridad establecida, pudiendo tener graves consecuencias para el denunciante”, destaca el documento.

El peso de las víctimas en el informe de Cremades es relevante, a diferencia también del documento Para dar a luz, en el que los obispos no dan una cifra propia de víctimas en mil páginas. Incorpora un gran número de sus reclamaciones, entre las que destaca que se haga público el nombre de los abusadores. Hasta ahora la CEE se ha negado a publicar listas de los pederastas, como sí han hecho varias diócesis de EE UU o de Alemania. También inciden en que “se sepa la verdad”, “el alcance de los abusos cometidos”, “que haya un perdón público y privado (unitario y personal)” y que se impulse la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales en general. “En nuestro proceso de escucha a los supervivientes hemos encontrado que sentían un vacío en el abordaje humano de su situación. Los responsables de responder dentro de la Iglesia con frecuencia están muy centrados en la estructura, los procedimientos y la institucionalidad”, reza el documento de la auditoría. Esta ha considerado clave “poner a la víctima” en el centro, lo que “implica mantener siempre una presunción de que quien denuncia haber sido víctima de un abuso sexual dice la verdad”. Por eso, los redactores del documento no han utilizado el término “presunta víctima”.

El encubrimiento es otro de los puntos tratados por la auditoría, que tampoco abordan los obispos, a pesar de que al menos 75 obispos y superiores religiosos están acusados de encubrir, silenciar o tapar caos de abusos, según ha revelado este diario, y 31 de ellos están aún vivos y de ellos, 11 en activo. En su análisis, el bufete destaca que el sistema de ocultación ha contribuido a mantener el problema en el tiempo y a impedir que se conociera la realidad. La auditoría cita los traslados habituales de pederastas a otra localidad, parroquia o colegio: “Es evidente que con ello no se previene la comisión de abusos futuros y que lo único que se consigue con esta vía es desplazar el problema a otro lugar. En muchas ocasiones duele comprobar que se priorizó la protección de la institución y el posible escándalo sobre la protección del niño”. Pese a ello, el trabajo de Cremades destaca que, en todos los casos analizados, teniendo en cuenta las diferentes leyes sobre el tema en las últimas décadas, no ha encontrado casos en los que “propiamente pudieran calificarse como de encubrimiento”. Eso no impide afirmar, según aparece en el documento, que “en el pasado se tapó y se miró hacia otro lado”.

Sobre este tema, la auditoría reflexiona que durante décadas la Iglesia no ha tenido “un sistema claro” que tratara las denuncias de abusos ni “normas establecidas que hubieran podido contribuir a la protección de niños” o, si las había, “no se aplicaron”. También señala una falta de comunicación entre diócesis, órdenes religiosas e incluso entre sacerdotes cuando ocurría un caso concreto, y que si había información casi nunca se dejaba por escrito. “Esto es especialmente relevante en los casos en que los denunciantes descritos en las fuentes externas señalan que habían acudido a los responsables de la diócesis o de la orden religiosa a poner en comunicación los hechos y, sin embargo, no hay constancia escrita de nada en los archivos. De esta realidad es fácil deducir que muy posiblemente se actuó, cuando se hizo, de forma verbal, sin abrir ningún tipo de expediente”, explica el documento. Por otra parte, la auditoría también señala que “un número indeterminado de expedientes han sido destruidos, de conformidad con la normativa canónica, tras el fallecimiento del acusado”. De hecho, una de las propuestas de la auditoría es que se haga una revisión en los puntos del derecho canónico que regulan la destrucción de archivos.

Otras propuestas concretas que recoge el informe del bufete es establecer un registro de víctimas y que la Iglesia entregue “todos los casos que conozca” a la justicia. Algo que no suele hacer, incluso a pesar de las repetidas solicitudes de la Fiscalía Española. Solo entrega en el caso de que el delito no haya prescrito y la víctima siga siendo menor de edad. El documento también propone que la CEE impulse una comisión de protección con un delegado por cada 300 personas y “un referente de protección por cada 30 niños”, “y para cada actividad, un responsable de protección”.