La Policía deja en libertad a los menores investigados por una presunta agresión sexual a un compañero en un instituto de Almendralejo

La Policía Nacional ha puesto en libertad, tras tomarles declaración, a los cuatro menores investigados por una presunta agresión sexual a otro chico del Instituto de Educación Secundaria Carolina Coronado, en Almendralejo (Badajoz). Desde el centro educativo se ha decidido apartar a estos alumnos, expulsándoles durante el próximo mes mientras se esclarecen los hechos.

El caso lo investigará la Fiscalía de Menores, que está pendiente de recibir el atestado de la Policía Nacional, por lo que todavía no se ha iniciado la instrucción, según fuentes judiciales. La policía indaga sobre la presunta agresión continuada a un menor, de 16 años, por parte de otros cuatro compañeros de la misma edad, todos ellos varones, cometida entre los días 17 y 27 de marzo. La voz de alarma de lo ocurrido la dio la madre del menor el pasado viernes 28 de marzo en una denuncia presentada en la comisaría de Almendralejo.

La Asociación Contra el Acoso Escolar de Cáceres (ACOES) ha contado a EL PAÍS que tuvo conocimiento de lo ocurrido el pasado jueves 27 de marzo, cuando el menor fue trasladado al Hospital Tierra de Barros para un examen médico. La madre del chico de 16 años contó a la asociación que recibió una llamada desde el IES Carolina Coronado contándole que se personara en el centro, donde le informaron de que su hijo había sufrido agresión física y sexual. “La madre nos trasmite que cuando le contaban todo se quería morir, no daba crédito a lo ocurrido, a partir de ese momento empezó a atar cabos y entendió lo que estaba pasando”, dice la presidenta de ACOES, Maribel Mendoza.

El chico agredido era un niño brillante, con buenas notas, no faltaba nunca a clase, era responsable y, de la noche a la mañana, empieza a contar a su madre que está malo, que le duele la barriga, que le duelen las muelas. Eso extraña a la madre. “No se imaginaba todo lo que le estaba pasando a este niño en determinadas horas de clases”, cuenta Mendoza.

La situación del menor agredido, según la asociación, es complicada, ya que no quiere salir de casa, tiene un pico de ansiedad muy alto, quiere estar arropado por los suyos y no confía en nadie. “Ahora tiene que gestionar lo que le ha pasado y tiene ayuda psicológica desde un primer momento, necesita mucha ayuda para volverse a levantar y ser lo que era. Han sido hechos que han durado entre 10 y 12 días”, explica Mendoza.

La presidenta de ACOES subraya la necesidad de que haya un seguimiento a largo plazo. “Desde la asociación, nos preguntamos si cuando pase el mes de expulsión de los presuntos implicados, van a volver al centro o no”, plantea. “En casos como este estamos acostumbrados a que la víctima tenga que abandonar el centro y los acosadores se queden”, lamentan desde la organización en defensa de los afectados por acoso, que también pide que cambien los protocolos de los centros y las leyes.

Desde la Junta de Extremadura han trasladado la máxima preocupación por los hechos denunciados a la Policía Nacional y su rechazo ante situaciones como esta. “La dirección del centro educativo está al tanto de los hechos y procedió a recabar la información pertinente. El equipo directivo se puso en contacto con las familias de los alumnos implicados y la Inspección Educativa para informar de lo sucedido”, dicen desde la administración autonómica.

La consejería de Educación y Formación Profesional incide en que se han aplicado medidas cautelares y está abierto el protocolo previsto para este tipo de casos. “Los presuntos agresores tienen suspendido cautelarmente el derecho de asistencia al centro, mientras se resuelven los procedimientos disciplinarios”, inciden desde esta consejería a quien pertenece el centro en el que presuntamente ha ocurrido la agresión.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que la policía tomó declaración a la víctima en primer lugar y se identificó a los supuestos agresores, a los que también se les tomó declaración. “A partir de aquí será la Administración Judicial quien determine por dónde va, o en este caso, también la Administración Educativa”, ha apuntado Quintana.