Los obispos se desmarcan de la auditoría que encargaron a Cremades con un informe propio en el que admiten 1.302 casos de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Conferencia Episcopal Española (CEE) admite las cifras de EL PAÍS sobre la magnitud del escándalo de la pederastia en la Iglesia, al reconocer 1.302 casos en un informe presentado por sorpresa en la mañana de este jueves, que incluye los datos de la auditoría externa encargada por los obispos. En este momento, la base de datos pública de este diario con todos los casos conocidos, la única existente, contabiliza 1.381 casos con 2.516 víctimas. Es decir, una cifra similar a la que ahora admiten los obispos, después de haber asegurado durante años que apenas existían. El informe tiene más de 1.000 páginas, refiere al menos 2.056 víctimas hasta el momento y es de elaboración propia, solo seis meses después de haber presentado el anterior, que en junio señalaba 927 víctimas y 728 agresores. En realidad es una investigación interna propia, paralela, que contraprograma y ningunea la auditoría externa encargada por los propios obispos al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. El bufete la entregó telemáticamente el sábado, y el miércoles en mano, con siete cajas de documentos, pero la Iglesia aún no la había dado a conocer, tras meses de desencuentro con el bufete en los que ha restado importancia a sus conclusiones. Es más, el informe de la CEE, una nueva edición del llamado Para dar luz, absorbía la auditoría y reelaboraba sus datos de forma parcial, antes de que se conociera su contenido. A mediodía, finalmente, el informe de Cremades apareció en la portada de la página web de la institución.

El informe de los obispos apenas hace autocrítica, ni investiga, no da una cifra propia de víctimas en mil páginas y ni siquiera menciona el encubrimiento de casos ―este diario ha publicado acusaciones contra 75 obispos y superiores religiosos, 31 aún vivos y 11 en activo― y dedica cientos de páginas a protocolos y legislación vigente. Despacha en un resumen de ocho páginas el contenido de la auditoría del bufete madrileño, que en realidad suma más de 11.500 páginas después de casi dos años de trabajo. La CEE asegura, en todo caso, que se apoya en parte en el estudio del bufete, aunque corrige o ignora alguna de sus consideraciones. Por ejemplo, rectifica el mismo número de casos admitidos, que la auditoría estima en 1.383 denuncias, una cifra superior. El bufete, confirman fuentes del despacho, también ha considerado “totalmente válidos y solventes” los casos dados a conocer por EL PAÍS en sus informaciones y en los cuatro informes con 704 testimonios que acusan a 545 clérigos y laicos, en más de 1.300 páginas. De hecho, subraya que la investigación del diario es una de las fuentes principales de la auditoría, y ese ha sido otro de los motivos de conflicto con los obispos. Por esa razón, las cifras de la auditoría incluyen las denuncias investigadas por este diario, que en realidad coinciden con los casos que ahora admite la Iglesia en la mayoría de las ocasiones.

En cambio, la CEE desdeña de nuevo la investigación de este diario, que desde 2018 ha sacado a la luz la dimensión del problema y llevó al Congreso a encargar una comisión de trabajo al Defensor del Pueblo. Ni siquiera menciona la base de datos del diario, la única existente en España que contabiliza caso por caso todos los conocidos y cruza toda la información disponible de sentencias, medios de comunicación e información de la propia Iglesia. El informe solo considera los cuatro informes remitidos por este periódico.

Los obispos cuestionan de este modo la profesionalidad del trabajo de este este diario, sin argumentar sus razonamientos: “En el caso del diario EL PAÍS, en los últimos tiempos, se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma”. No obstante, el propio informe señala que diócesis y órdenes han recogido casos de este diario en su contabilidad. De hecho, el documento explica que “hasta el momento, 191 testimonios de EL PAÍS están siendo estudiados en las oficinas para poder culminar con ellos el proceso pastoral o judicial oportuno. Al mismo tiempo está previsto seguir incorporando estos casos en la medida en que se conozcan nuevos datos que permita localizar a la víctima o al victimario”. Este diario ha mediado entre las víctimas y las diócesis y las órdenes para ponerles en contacto y facilitar la investigación, en los casos en que los denunciantes han deseado hacerlo.

En su conclusión final, el informe admite que hace cinco años, cuando EL PAÍS emprendió su investigación y solo constaban oficialmente 34 casos, “la Iglesia en España comenzó un largo recorrido ante una realidad que le resultaba desconcertante e inesperada: la posibilidad de que en su seno hubieran tenido lugar abusos sexuales contra menores por parte de alguno de sus miembros”.

El Defensor del Pueblo estimó en su informe, a través de una encuesta, que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en su infancia en ámbito eclesiástico, porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, con un margen de error que abre esa cifra a un abanico de entre 350.000 y 530.000 personas. Los obispos criticaron duramente la encuesta del informe y la extrapolación de esas cifras, que aseguraron que era una “mentira” manifestada “con la intención de engañar”. Ahora, el informe de la CEE también tiene en cuenta el estudio del Defensor y señala que le ha solicitado información detallada de los casos que conoce. “Ello sería un eficaz testimonio de lealtad institucional y del deseo compartido de conocer toda la verdad, teniendo en cuenta que la Iglesia es una institución interesada, no investigada”, apunta. Pero reprocha que “todavía no se ha recibido respuesta ni tampoco de la información solicitada a través del portal de Transparencia del Defensor del Pueblo” sobre la encuesta del informe. En todo caso, por su parte, la Iglesia nunca ha reconocido a este diario los casos que conoce ni ha aportado detalles.

El documento de la CEE recoge partes del trabajo de Cremades, pero lo critica sin rodeos y en varios pasajes se desmarca de sus conclusiones o no está claro si las comparte. Los obispos y el bufete se han distanciado en los últimos meses hasta un enfrentamiento abierto. La CEE, que empezó a temer un informe severo, impidió una recepción del Papa con la comisión de trabajo del despacho, cuando ya estaban en Roma. Además, salió a la luz un topo de la Iglesia en la auditoría, que pasó un informe propio a la CEE más benévolo y con menos casos, razón por la que fue expulsado del despacho en verano. Esta persona, Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), con cargos en el pasado en Intereconomía, la Cope y Radio María, acaba de ser fichado por la CEE. Ahora, el informe de los obispos señala que ha tenido en cuenta tanto la auditoría, como “sus avances ofrecidos con anterioridad”, lo que incluye el documento de Dagnino. El último desplante, ningunear la auditoría y presentar un informe propio, es el colofón de este conflicto. El informe de los obispos ataca el informe del bufete porque “realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores”. Este rechazo al informe del bufete, como sucedió con el del Defensor del Pueblo, supone un caso único entre los países católicos que han encargado auditorías externas. En todos los demás, las conferencias episcopales han aceptado los resultados.

La CEE explica que el informe de Cremades desgrana el número de casos comunicados por la Iglesia, un total de 961, entre congregaciones religiosas (576), diócesis (322), más diez del Opus Dei y otras tantas de los Legionarios de Cristo. Añade 43 de otras fuentes. A continuación, suma 118 recibidas exclusivamente por el Defensor del Pueblo, las únicas que ha podido cruzar con sus datos para evitar duplicidades. Aumenta la cuenta con las denuncias llegadas a Roma, al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un total de 305, desde que el Vaticano ordenó en 2001 que todos los casos recibidos en las diócesis fueran comunicados a este organismo. Por último, la contabilidad incorpora 55 nuevas denuncias recogidas por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo en el correo electrónico y el teléfono que puso a disposición de quien quisiera comunicar casos. La auditoría concluye, con estas cifras, que “de las denuncias se deducen un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior”. Señala que el perfil de las víctimas es mayoritariamente masculino y el lugar de los hechos más repetido son los colegios y seminarios menores y mayores. Las fechas de comisión de los hechos registrados van desde 1905 a la actualidad.

Sin embargo, la CEE aporta luego los resultados de su propia investigación interna. En un centenar de páginas detalla los casos que comunica cada orden y diócesis, y en en la suma total contabiliza 806 casos registrados. No obstante, luego distingue entre casos probados (205), verosímiles (70) y considera no probados otros 280. El resto han sido excluidos por otras razones, archivados o están aún en investigación (75). Califica de falsos o infundados solo 3. Tras exponer las distintas fuentes que aportan datos, el informe opina que “se pone de manifiesto la dificultad de ofrecer una cifra cerrada tanto en número de víctimas como en número de victimarios”, y renuncia a hacerlo. Concluye: “Es por ello por lo que en este informe se ha optado por ofrecer toda la información disponible y se ha rehusado la posibilidad de establecer una comparación entre los distintos datos, asumiendo que la magnitud y gravedad de lo ocurrido es ya extraordinaria con sólo un caso”.

En el apartado de recomendaciones, se incluyen algunas de la auditoría de Cremades, que concluye: “Hay que asumir las consecuencias y la responsabilidad derivada de los abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia. (...) La realización de un reconocimiento público del prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, durante el cual los poderes públicos no establecieron procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de menores cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia católica”. Y más en concreto: “Recomendamos encarecidamente que la CEE y CONFER reconozcan y condenen explícitamente los hechos, proclamen la superación de la cultura del silencio y la ocultación e indiquen su voluntad de abordar esta realidad de los abusos, de prevenirlos y erradicarlos en su ámbito, así como de asumir la responsabilidad por los daños producidos, remediar sus acciones negativas y garantizar su no repetición. Este reconocimiento debe alcanzar a cada víctima en su propia verdad, en su dolor. Debe repararlas en su daño a nivel personal, dándoles voz, escuchándolas, reafirmándolas como sujetos de derechos y alentando la solidaridad con ellas”.

Entre las recomendaciones finales del informe de la CEE, destaca la referente a las indemnizaciones, un aspecto central del problema que hasta ahora la Iglesia siempre había eludido, para admitir el mes pasado que está dispuesta a aceptarlas para todas las víctimas. Pero es uno de los ejemplos más claros de la contraprogramación de los obispos que rechazan una de las propuestas de Cremades, crear un fondo para las compensaciones, en el mismo día de la publicación de la auditoría: “En el caso de la Iglesia en España, no se aprecian razones suficientemente fundadas que deban conducir inexorablemente a la necesaria creación de fondos dotados de recursos para afrontar las contingencias derivadas de la reparación entendida en sentido material de los daños por abusos”. Argumenta que se debe a que “no resultan significativas desde la perspectiva estricta de las cifras alcanzadas (y ello sin restar un ápice de gravedad a los supuestos dados por poso significativos que resulten en el cómputo general); de ahí que por razón del número de casos registrados en España (incluyendo los históricos y los ocurridos más recientemente o actuales) resultaría por completo innecesario la creación de un fondo para afrontar contingencias derivadas de la reparación de los daños”.

La CEE señala, en este sentido, algo interesante: admite por primera vez que ya ha pagado indemnizaciones por casos de abusos, aunque no detalla el importe total. Lo hace para justificar precisamente que no es necesario crear un fondo extraordinario, que “carecería de justificación y resultaría por completo innecesario”: “En todos los casos registrados y constatados en los que se han producido delitos de abusos reconocidos y declarados formalmente en virtud de una resolución canónica o sentencia judicial firme”, los resarcimientos han sido sufragados “de manera inmediata y suficiente por la Iglesia con cargo al presupuesto ordinario de las Diócesis o en su caso de las instituciones específicas de la Iglesia concernidas, sin que, en ningún caso, se haya advertido dificultad alguna”. Sobre este punto, el informe de Cremades plantea “el establecimiento de una Comisión Independiente” que gestione una reparación integral de las víctimas.