Silencio en la Iglesia ante el informe de Cremades sobre abusos: ni entrega pública ni comparecencia de los obispos, solo un acuse de recibo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El bufete Cremades & Calvo-Sotelo ya ha entregado la auditoría sobre pederastia en la Iglesia que hace casi dos años le encargaron los obispos españoles. Ni entrega oficial en mano a las autoridades de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ni rueda de prensa para presentar los datos principales que contiene dicho informe: la entrega fue a través de un discreto correo electrónico el pasado viernes a las nueve de la noche. De nuevo, la Iglesia española es una excepción en el mundo católico: cuando la investigación encargada por los obispos franceses finalizó en 2021, se convocó a los medios para que constase públicamente la entrega del informe a la Conferencia Episcopal gala. También hubo una comparecencia para detallar las cifras —más de 330.000 víctimas estimadas— y pedir perdón a la sociedad. Lo mismo ocurrió en Portugal, Australia y Alemania, entre otros países. Los obispos españoles se han limitado a enviar este domingo un mensaje por WhatsApp a los medios de comunicación de su lista de contactos: “La Conferencia Episcopal ha recibido ya el informe del despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Este informe está siendo estudiado para su integración en el trabajo de la Conferencia y será publicado en su totalidad próximamente”.

No es la primera vez que los obispos restan valor al trabajo del despacho, que ya en su día anunció que realizaría pro bono y que no cobraría más que dietas. La semana pasada, el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, afirmó durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid que el informe de Cremades llega “un poco tarde” y cuando la Iglesia tiene “el trabajo hecho”. Las relaciones entre el despacho y la jerarquía eclesiástica española llevan rotas desde octubre, cuando Cremades expulsó a un miembro del equipo que investigaba los abusos y socio del bufete, Alfredo Dagnino, por filtrar a los obispos el pasado verano un supuesto borrador del informe final, muy benévolo con la institución y que minimizaba el número de casos. La salida de Dagnino, encargado también de redactar el informe, obligó a la comisión a rehacer gran parte del estudio, más crítico con la gestión de la Iglesia sobre el problema de la pederastia.

Los retrasos de entrega y la expulsión de Dagnino —expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), con cargos en el pasado en Intereconomía, la Cope y Radio María— no gustó a la mayor parte de los obispos y enviaron un burofax al despacho con un ultimátum de 10 días para que entregase el estudio. Cremades no accedió. Era 18 de octubre. Una semana después el Defensor del Pueblo entregó su informe al Congreso, en el que citaba la poca colaboración de gran parte de la Iglesia e incorporaba una encuesta que estima que 1,13% de la población adulta residente en España —más de 440.000 personas— ha sufrido abusos sexuales cuando eran niños en el ámbito religioso.

De manera inédita, los obispos convocaron dos días después una asamblea extraordinaria para discutir el trabajo de la comisión de Ángel Gabilondo y también el futuro de la auditoría de Cremades, si finalmente la aceptaría o daría el contrato por cerrado. Al final, solo se pronunciaron sobre los datos del Defensor y pospusieron la decisión sobre la auditoría de Cremades para su reunión plenaria de noviembre. En ella, aceptaron que el despacho les entregara el informe a mediados de diciembre, pero también nombraron a Dagnino, el miembro despedido, nuevo integrante del equipo de compliance —departamento dedicado a que la CEE cumpla con las normativas legales, tributarias y de transparencia—.

Desde entonces, los obispos españoles han ido restando valor al encargo que hicieron al bufete y se han dedicado a remarcar lo que han puesto en marcha por su cuenta. “Tenemos ya todo un trabajo hecho, que es el trabajo del Defensor del Pueblo, y en el que nosotros le dimos también toda la información [de las denuncias que habían recibido las diócesis y órdenes]. Yo creo que ya está hecho este trabajo”, afirmó Omella la semana pasada en la cita de Nueva Economía Fórum. Entre ese trabajo que la Iglesia ya ha hecho se encuentra un plan de reparación integral de víctimas de abusos, que aún no han definido ni aprobado. De hecho, uno de los pilares de la auditoría de Cremades era un apartado de recomendaciones sobre cómo indemnizar a los afectados.

Los obispos publicaron también un informe propio, Para dar a luz, en el que informaban del número de casos de pederastia que consideraba oficial: 728 acusados y 927 víctimas. Por otro lado, la base de datos de EL PAÍS, la única existente, contabiliza en este momento 1.381 acusados y 2.514 víctimas. Se espera que Cremades también incluya su propio recuento de los casos que ha reunido —procedente tanto de los recopilados por este periódico como por la propia Iglesia—, aunque Omella declaró también la semana pasada que ya se han publicado cifras suficientes para hacer un cómputo. “Vamos a esperar a ver qué dice el informe, pero yo creo que con todo lo que ha hecho EL PAÍS, lo que ha hecho el Defensor del Pueblo y lo que ha hecho la Iglesia también en sus oficinas, al final contaremos un número determinado de abusos”.

De cualquier forma, Cremades ya avanzó en conversaciones con este periódico que el número de víctimas superará los varios miles y que entre sus propuestas estaba la de seguir el modelo alemán para indemnizar a las víctimas: crear un tribunal que, tras una investigación caso por caso, reconozca a las víctimas y establezca una cuantía.