Los obispos restan valor al informe de Cremades sobre los abusos: “Llega un poco tarde y ya hay un trabajo hecho”
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, vuelve a condicionar la participación de la Iglesia en el posible fondo estatal para reparar a las víctimas a que colaboren “las demás instituciones que han sido abusadoras”
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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Llega “un poco tarde” y cuando la Iglesia ya tiene el “trabajo hecho”. Así se ha referido el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la auditoría de abusos en el ámbito religioso que los obispos encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y cuyos resultados tiene previsto entregar este viernes a los prelados españoles. “Tengo que decir que de alguna manera el informe Cremades llega un poco tarde, porque habíamos quedado en que lo haría en un año [el encargo de la CEE fue en febrero de 2022]. No pudo hacerlo y lo entrega ahora. Pero, cuando lo entrega, tenemos ya todo un trabajo hecho, que es el trabajo del Defensor del Pueblo, y en el que nosotros le dimos también toda la información [de las denuncias que habían recibido las diócesis y órdenes]. Yo creo que ya está hecho este trabajo”, ha afirmado Omella durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum este martes en Madrid.
El presidente de la CEE también ha precisado que a pesar de que se espera que Cremades aporte un recuento sobre el número de casos, ya se han publicado cifras suficientes para hacer un cómputo. “Vamos a esperar a ver qué dice el informe, pero yo creo que con todo lo que ha hecho EL PAÍS, lo que ha hecho el Defensor del Pueblo y lo que ha hecho la Iglesia también en sus oficinas, al final contaremos un número determinado de abusos”. No obstante, el también arzobispo de Barcelona ha precisado que a los obispos lo que menos les ”importa” es el número de acusados y de víctimas. “Por una sola persona [que ha sufrido abusos] hubiera merecido la pena todo el trabajo que se ha hecho”, ha explicado. En la misma mesa donde estaba sentado Omella antes de subir a la tarima para su intervención, ocupaba un asiento a su derecha el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El presidente de los obispos españoles también ha explicado que la Iglesia está inmersa en la creación de un plan de reparación integral de víctimas de abusos. Precisamente este era uno de los puntos clave del encargo de la CEE al bufete de Cremades, recomendaciones para indemnizar a los afectados. La jerarquía eclesiástica no ha esperado a leer el informe del despacho para dar a conocer sus propuestas sobre este asunto y ya ha diseñado una hoja de ruta propia. “Uno de los temas es escuchar, acompañar y reparar. Y que la reparación sea integral, también económica. Y en esto nos hemos comprometido. Pero nosotros señalamos lo siguiente: en los casos que tienen ya un recorrido judicial, sea civil o canónico o penal, la indemnización la establecerán los tribunales. Si no hay recorrido judicial, por prescripción o por fallecimiento del victimario, tiene que existir al menos la certeza moral de que los hechos han tenido lugar” ha puntualizado Omella.
Ante la propuesta del Defensor del Pueblo de crear un fondo estatal de reparación, a través de un organismo independiente, que reconozca a las víctimas como tales y fije las reparaciones, Omella volvió a condicionar la participación de la Iglesia a que colaboren “las demás instituciones que han sido abusadoras o que tienen el mismo problema”. No obstante, ha agradecido repetidamente a Gabilondo la investigación que hizo su comisión sobre los abusos y ha valorado varios apartados de su informe. “¿Qué es lo que hemos resaltado? En primer lugar, al descubrir y ver delante de tus ojos la fotografía de la realidad de las víctimas es una profunda tristeza. Nos duele que esto haya sucedido y más en el seno de la Iglesia. Nuestra familia. Eso nos duele y el silencio en el que han vivido”, ha dicho Omella, mientras ha lanzado la propuesta de que este trabajo del Defensor se haga también en otros ámbitos de la sociedad donde se producen casos de abusos. ”También ha producido víctimas. Yo creo que también necesitan ser escuchadas. Y también necesitan trabajar en esa medida. Esto no es una excusa, sino que es una llamada de atención a que también los otros hagan lo que de alguna manera se le ha obligado y ha hecho la Iglesia”, ha afirmado.
Lo cierto es que el Defensor no podía obligar a la Iglesia colaborar en su investigación, ni tampoco podía registrar sin su permiso sus archivos. De hecho, y a pesar de solicitarle varias veces su cooperación, varios obispos pusieron en duda los trabajos de Gabilondo y no aportaron los casos que conocían. En esta línea, Omella también ha vuelto a criticar que se hagan cálculos de los porcentajes que aparecen en la encuesta que encargó la comisión del Defensor a GAD 3 y que estima que un 1,13% de la población española ha sufrido abusos en el ámbito religioso, es decir, más de 440.000 personas.
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