El extraño silencio del papa Francisco ante la pederastia en España

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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España es una excepción para el papa Francisco. A pesar de sus declaraciones críticas con la gestión del escándalo de la pederastia en la Iglesia cuando se han publicado estudios e informaciones en países como Estados Unidos, Francia, Portugal o Italia, el Papa guarda silencio sobre la situación en España desde que hace cinco años empezaron a surgir la mayoría de los casos con la investigación de este diario. Ha pasado un mes desde que el Defensor del Pueblo presentó su informe sobre los abusos en la Iglesia —que estima que el 1,13% de la población adulta española ha sufrido abusos en su infancia en ámbitos religiosos, porcentaje equivalente a 440.000 personas— y Francisco no ha pronunciado una palabra al respecto, aunque la cuestión ya ha tomado un cariz político, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de investidura que instará a la Iglesia a reparar a las víctimas y a asumir su responsabilidad. El pontífice también eludió el tema la semana pasada, según refirieron los obispos españoles, en la insólita convocatoria a todo el episcopado español que hizo tras la publicación del informe del Defensor, y en dos horas solo debatieron la situación de los seminarios, que era oficialmente el único asunto a tratar.

En realidad, pese a la expectación creada, en el Vaticano no fue ninguna sorpresa que circunscribiera la reunión con la Conferencia Episcopal Española (CEE) a un tema tan marginal como la restructuración de los seminarios. Hacía ya algunos días que él mismo lo había contado a determinadas personas. No pensaba tocar el tema de los abusos. Ni ningún otro alejado del asunto de los centros formativos. La visita formaba parte del apoyo al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, para llevar adelante su plan de restructuración de los seminarios. Pero más allá de que fuera esperado, sí desilusionó a muchas personas encargadas de la lucha contra esta lacra, que consideraron que una reunión con 80 obispos españoles justo cuando en España comienzan a aflorar unas cifras nunca antes admitidas por la Iglesia podía considerarse una oportunidad perdida. Este periódico ha pedido sin éxito y en dos ocasiones a la oficina de prensa de la Santa Sede una valoración sobre el informe.

La explicación que aportan fuentes vaticanas es que el Papa apoya plenamente a Omella, su hombre de confianza en España y el tipo de purpurado que Francisco quiere para su Iglesia (más de parroquia y calle que de palacio). Y que la posición que el cardenal y arzobispo de Barcelona mantiene respecto a este tema es la que asume el pontífice. “Esa es la versión que le han contado al Papa y él confía en ellos”, señalan fuentes vaticanas. Además, abordar el asunto de los abusos y reñir a los obispos hubiera supuesto debilitar a Omella en un momento crucial para la CEE y a las puertas de elegir a un nuevo presidente, apuntan.

La única manifestación desde la Santa Sede sobre la eclosión de casos en España fue en diciembre de 2021, después de que EL PAÍS entregara, tanto al pontífice como al presidente de los obispos españoles, su primer informe con testimonios de víctimas contra 251 clérigos y seglares. Mientras la CEE se cerraba en banda y se negaba a investigar, el Vaticano expresó de inmediato la “atención” y “cercanía” del Papa a las víctimas de la pederastia “con las palabras, la oración y con tantos gestos”. Pero luego esa divergencia inicial se ha ido superando, porque la Iglesia española ha ido rectificando totalmente su posición de negación total del problema. A los dos meses, por ejemplo, la CEE encargó una auditoría externa a un despacho de abogados, que se cerrará este mes. Y acaba de anunciar que está dispuesta a indemnizar a todas las víctimas.

La sensación interna en el tema de los abusos es que, en un contexto de grandes crisis internacionales en las que el Vaticano ha buscado tener un papel relevante, ha habido un cierto relajamiento en los últimos tiempos. Especialmente visto el tratamiento, también por parte del Papa, de ciertos casos como el del padre Marko Ivan Rupnik, un sacerdote jesuita esloveno de 68 años, acusado de abusar de varias monjas y protegido durante mucho tiempo hasta que la presión mediática obligó a reabrir una investigación. O también algunas de las reformas llevadas a cabo en el dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), que no acaban de aportar la agilidad en la gestión de casos que se había propuesto Francisco cuando la remodeló en febrero de 2022 y que probablemente se deban a la falta de recursos humanos.

Entre las personas dolidas, se encuentran las víctimas. Javier es una de ellas. En 2014 escribió a Francisco para pedirle ayuda: había sufrido abusos en el seminario leonés de La Bañeza y a pesar de haber pedido auxilio en su día, tanto el director del centro como el obispo encubrieron el asunto. El Papa ordenó reabrir el caso canónicamente, pero Javier no encontró justicia: el proceso estuvo lleno de irregularidades, no recibió una reparación y el pederasta confeso no cumplió su pena. Desde entonces, ha denunciado el encubrimiento de los abusos por los obispos españoles y su deficiente gestión del problema. El silencio del Papa, tras los datos oficiales de una institución pública como es el Defensor del Pueblo, le resulta decepcionante. “Las víctimas están muy enfadadas con que el jefe de los pederastas no haya sacado el tema de los abusos. No le debe importar demasiado”, dice.

A Miguel Hurtado, activista y víctima que destapó el escándalo de pederastia en la abadía benedictina de Montserrat (Barcelona), no le resulta “sorprendente, pero sí decepcionante la pasividad del Papa ante la grave crisis de credibilidad de la Iglesia española”. “El Vaticano repite como un disco rayado la importancia de los protocolos, pero se niega en la práctica a monitorizar que se apliquen correctamente a nivel local, mejorando la vida de las víctimas. Como Juan Pablo II y Benedicto XVI, [Francisco] solo reacciona cuando el problema le estalla en la cara tomando las mínimas medidas imprescindibles”, afirma Hurtado.

Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), está convencido de que los prelados españoles sí han conversado con el papa sobre el tema. “Pero no quieren que se sepa, por lo que sea”, argumenta. Cuatrecasas es padre de la víctima del caso Gaztelueta, colegio vizcaíno del Opus Dei. A pesar de que en 2020 el Supremo condenó al profesor pederasta, canónicamente la Iglesia española sentenció que era inocente. Como respuesta, el Papa dio la razón a la víctima y ordenó el año pasado reabrir el proceso. “A nivel personal, mi experiencia con el Papa es muy positiva. Yo nunca he hablado mal de él. Tuvo una intervención directa en nuestro caso para que se investigara de verdad”, dice el presidente de ANIR.

El Papa guarda silencio sobre España, pero sí ha intervenido de forma personal en algunos casos concretos. El de Gaztelueta no es el único. También lo hizo en el llamado caso Romanones. La víctima escribió al pontífice en 2014 para relatarles unos presuntos abusos que sufrió en Granada y este le llamó por teléfono para pedirle perdón. La noticia causó un terremoto mediático: el afectado denunció en los tribunales y se abrió un proceso canónico en el que se vieron involucrados 13 clérigos y dos laicos, que fueron apartados. La mayoría de los delitos estaban prescritos, aunque no los del principal acusado, el sacerdote Román Martínez. Pero la justicia lo declaró inocente en 2018. El Papa pidió perdón al cura y lo recibió en el Vaticano.

La política contra los abusos a menores del papa Francisco supuso un cambio absoluto en la Iglesia católica universal. La promulgación de nuevas y contundentes leyes —como la importante Vos estis lux mundi, que obligaba a investigar todos los casos de los que se tuviera noticia— fue acompañada de medidas disciplinarias y punitivas nunca vistas antes. Bergoglio llegó a desposeer del estado a Theodore McCarrick, un cardenal estadounidense, por un escándalo de abusos que llegó a salpicar al propio Francisco. Liquidó a la cúpula entera de la Conferencia Episcopal Chilena, convocó en 2019 una gran cumbre sobre esta cuestión en Roma y constituyó una Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. La revolución estaba en marcha. Francisco entendió por primera vez en enero de 2018, durante su viaje a Chile, que el asunto constituía un problema de máxima gravedad para la Iglesia, muy tocada ya cuando él aterrizó en la silla de San Pedro: para su imagen y para su supervivencia. Siempre dio la impresión también de que había lugares en los que el problema le preocupaba más que en otros.

Por ejemplo, cuando se dieron a conocer en 2018 los resultados de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Estado de Pensilvania, en EE UU, y en la que participó un gran jurado, Francisco escribió una carta pública en la que pedía perdón a las víctimas. “Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”, aparece en el documento.

En octubre de 2021, tras conocerse las cifras del informe francés sobre pederastia eclesial, Francisco condenó la constante incapacidad de la Iglesia para gestionar las agresiones sexuales de curas pederastas. “Es el momento de la vergüenza”, dijo en una de sus audiencias semanales. Lo mismo hizo con el estudio portugués, donde incidió que “es el momento de purificarse”. Incluso se reunió con 13 víctimas portuguesas durante su visita este verano al país luso.

Las declaraciones más recientes fueron la semana pasada, cuando la Conferencia Episcopal Italiana publicó los resultados de su propio informe, en las que Francisco subrayó la importancia del esclarecimiento de la verdad y el restablecimiento de la justicia dentro de la comunidad eclesial”. Fue contundente: “Ningún silencio u ocultación puede ser aceptado sobre el abuso. Esto no es negociable”. Pero ante las constantes informaciones desde hace cinco años sobre el escándalo de abusos en la Iglesia española, Francisco calla.