La Iglesia española encarga a un despacho de abogados una auditoría independiente sobre los abusos sexuales

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Según ha detallado la CEE este lunes en un comunicado, el despacho profesional abrirá un “cauce independiente” para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos “tendentes a sancionar las prácticas delictivas”, además de ofrecer su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención “que satisfaga las demandas sociales al respecto”.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, comparecerán este martes ante la prensa para explicar los detalles de esta investigación. Contactada por este periódico para ampliar la información sobre este anuncio, la CEE ha respondido que esperará a dicha convocatoria para dar más datos.

Esta auditoría independiente llega en un momento de tensión para la Iglesia católica española. Los abusos sexuales cometidos por religiosos son uno de los temas centrales del debate político, después de que el Vaticano anunciase la investigación sobre 251 casos inéditos de pederastia en la Iglesia aportados por EL PAÍS. Esta iniciativa de la Santa Sede ha activado varios movimientos para dar respuesta al problema. Así, habrá una investigación desde el poder político, pero la fórmula aún no está clara: La Moncloa apuesta por que la lidere el Defensor del Pueblo, mientras que Unidas Podemos prefiere una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, propuesta que presentaron junto a ERC y EH Bildu y que fue admitida a trámite a comienzos de febrero. Los socialistas han valorado “positivamente” la auditoría anunciada por la CEE, informa Europa Press, mientras que el grupo morado la considera “insuficiente”.

Además, la Fiscalía General del Estado notificó la semana pasada que hay 68 procedimientos abiertos de abusos sexuales en instituciones religiosas. La cifra corresponde a los casos activos en 2022, que no representa la totalidad de los delitos, ya que no incluye las sentencias condenatorias del pasado y una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruyen en procesos eclesiásticos. Hasta ahora han salido a la luz al menos 611 casos y 1.246 víctimas, según la contabilidad que lleva este diario, la única existente en España ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia.

Los obispos siguen sin aclarar si colaborarán con esa investigación oficial. Además, la Conferencia Episcopal calificó de “trampa saducea” la posibilidad de que se impulse desde la Cámara baja y no se ha manifestado sobre la opción de que la lidere la institución que dirige Ángel Gabilondo. “La investigación oficial debe seguir su curso. La Iglesia no debe tener el privilegio de investigarse a sí misma o escoger el modelo con el que se haga. El Estado tiene la obligación de supervisar que todas las instituciones que trabajan con niños sean lugares seguros”, opina Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos en el monasterio de Montserrat que ha reunido 70.000 firmas exigiendo que se investigue la pederastia.

“Movimiento de ajedrez”

Fernando García Salmones, miembro de la asociación Infancia Robada y también víctima de la pederastia en la Iglesia, cree que este anuncio anticipa que la Iglesia no colaborará con la investigación oficial. “Así podrán decir que ya han creado esta comisión, que es independiente. Pero creo que es un movimiento de ajedrez para que no salgan adelante otras comisiones”, critica García Salmones. “El mensaje es que no van a colaborar, y sin ellos [la investigación] no se puede hacer. Es una forma de decir que están haciendo algo y que han dado un paso ante los fieles que tienen que sentir su conciencia tranquila”, añade.

Hurtado, por su parte, cree que la investigación del despacho de abogados solo será positiva si “llega hasta el fondo del asunto”. “La credibilidad de Cremades & Calvo Sotelo está en juego. Si el objetivo no es esclarecer la verdad, sino colaborar en un lavado de imagen, el daño reputacional será significativo”, indica Hurtado. García Salmones también habla de “lavado de imagen”. Cree que es “indignante” encargar esta tarea a un despacho de abogados. “Es hora de poner al frente de una auditoría externa a personas con experiencia probada en estos temas que reúnan de verdad los parámetros exigibles de independencia y transparencia y desde luego a la voz clara y alta de las víctimas”, añade Infancia Robada en un comunicado. Manuel Barbero, padre de una víctima y fundador de la asociación Mans Petites, cuestiona la utilidad de una auditoría “encargada por ellos mismos”, en referencia a la Iglesia.

Abogados alemanes

En opinión de Hurtado, el trabajo encomendado a Cremades & Calvo Sotelo debería parecerse al realizado por el despacho de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que desarrolló la misma tarea en Múnich. “Es un muy buen ejemplo. Un despacho privado investigó 50 años de abusos, haciendo un trabajo excelente. No les tembló la mano incluso para acusar a Benedicto XVI de encubrimiento”. Este informe independiente, publicado a comienzo de este año, cifraba en 497 las víctimas de abusos sexuales cometidos por 235 religiosos entre 1945 y 2019. De forma general, la conferencia episcopal alemana puso en marcha en 2014 una investigación de los casos del pasado, que culminó con la publicación de un informe en 2018 el que cifraba en 3.677 víctimas de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos. En el documento se especificaba que la mitad de ellos tenían como mucho 13 años. En este caso, la Iglesia alemana encargó el estudio a un equipo interdisciplinar compuesto por criminólogos, gerontólogos y psicólogos.

En los últimos días, varios representantes de la jerarquía eclesiástica española han valorado positivamente que se investigue la pederastia en la institución. La voz de mayor peso que se ha pronunciado a favor es la del cardenal Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. “Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Los casos del pasado son casos del presente”. En una línea parecida a la de Osoro se han expresado otros prelados, como el de Burgos o el de Zamora, a favor de la creación de comisiones parlamentarias o independientes que indaguen sobre lo sucedido. El obispo de Canarias cree que “hay que investigar” todos los casos de pederastia y se debe “ayudar y reparar a las víctimas”. “La propuesta de una comisión parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia, bien realizada directamente en el Congreso o bien a través del Defensor del Pueblo, por parte de la Iglesia tengo que decirle que es bien recibida”, dijo la semana pasada el arzobispo de Santiago de Compostela.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es