La educación en Madrid: resultados mejor que la media, señales preocupantes y desigualdad en aumento

Madrid tiene un sistema educativo con resultados académicos por encima de la media española ―aunque emiten algunas señales preocupantes― y muy desigual. Los dos años de gestión de Isabel Díaz Ayuso han ahondado en este rasgo, que hace que la clase social en la que nace un niño condicione su trayectoria educativa más que en el resto del país. La comunidad prepara un recorte de unidades en la escuela pública, ha ampliado la duración de los conciertos de seis a 10 años y ha expresado su rechazo a la ley Celaá, que pone a disposición de las autonomías herramientas para reducir la segregación escolar, el proceso por el cual los colegios se convierten en guetos.

Los portavoces de la comunidad educativa vinculados a la escuela pública critican tales decisiones, acusan al Ejecutivo regional de haber improvisado la respuesta educativa a la pandemia y de ir camino de repetir el error el curso que viene. Los que pertenecen a la concertada aplauden, en cambio, su línea combativa frente a la política del Ministerio de Educación. Madrid ha sido la autonomía que más ha chocado con el departamento que dirige Isabel Celaá, tanto por el desarrollo de nuevas normas como por las medidas para adaptar el sistema al contexto de emergencia creado por el virus.

Madrid tiene una estructura escolar particular. La enseñanza pública solo matricula al 53,8% del alumnado ―el porcentaje únicamente es menor en el País Vasco, 50,7%―, 14 puntos menos que la media española. La concertada, al 30% (cinco puntos más que la media). Y el peso de los centros totalmente privados alcanza el 16,1%, un nivel sin parangón que dobla al registrado en la siguiente autonomía (la valenciana). El gasto público por alumno es el más bajo de España (4.727 euros al año) y la partida que las familias destinan a educación, la más alta (1.640 euros anuales).

La consecuencia es que Madrid presenta el mayor nivel de segregación educativa en un país donde ya resulta de por sí muy elevada. Es la tercera autonomía donde los resultados de Matemáticas en PISA están más determinados por el estrato socioeconómico de las familias. Y en la escuela pública estudia el 53,8% del alumnado total, pero al 72,8% del extranjero, la mayor desproporción del país.

El Ejecutivo autonómico ha rechazado, pese a ello, intervenir en la distribución de los estudiantes como permite la nueva ley educativa con el argumento de que restringiría la libertad de elección de las familias. La ley Celaá permite a las comunidades establecer “una proporción equilibrada” de alumnado desfavorecido “en cada uno de los centros públicos y privados concertados”.

La Consejería de Educación ha planificado, además, la supresión de 232 aulas de centros públicos el próximo curso, según el análisis realizado por el CC OO. “Bloquean plazas en la pública y en junio, cuando no tienen más remedio, abren algunos grupos, pero por el camino hay gente que se ha pasado a la privada. Es una metodología muy tramposa”, afirma Isabel Galvín, responsable del sindicato en Madrid”.

Un portavoz de la consejería responde que la planificación se realiza de forma “objetiva” en función de los “datos demográficos”. Y la política educativa del Ejecutivo cuenta con el apoyo de los grandes representantes de la enseñanza concertada. “En una sociedad abierta y plural es necesario que hayan opciones para que los padres tengan posibilidad de elegir”, dice José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas, a quien le parecería peligroso que se cerraran “unidades (de la concertada) que tienen alumnos con el argumento de que hay vacantes en centros públicos”, como teme que pasaría si llega al poder una coalición de izquierdas.

Buenos resultados y señales de alarma

Los cambios en educación suelen ser progresivos y las estadísticas retratan normalmente la situación de uno o dos años antes. No se puede medir la gestión de un periodo tan corto como el del actual Gobierno autonómico en base a los últimos datos, pero estos son útiles para ver en qué contexto se toman las decisiones. Los resultados académicos de la comunidad se sitúan por encima de la media. Es, por ejemplo, la tercera con más porcentaje de alumnos que obtienen el título de Bachillerato. Y ha reducido el abandono educativo temprano ―los jóvenes de 18 a 24 años que tiene como mucho el título de secundaria―, uno de los grandes males de la formación en España, al 10%, cuando la media nacional está en el 16% y la comunitaria, en el 10,2%. Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y ex director general de Innovación en la Consejería de Educación de Madrid, considera ese avance un factor de “igualdad de oportunidades”. En la mejora, alcanzada en buena medida por el aumento de titulados de Grado Medio de FP, un campo en el que la comunidad estaba rezagado, ha influido que la estructura económica de Madrid demanda un nivel formativo más alto que en la mayoría de las autonomías, señala Sanz.

En los últimos dos años han sonado también algunas alarmas. La más ruidosa fue el descalabro en el último informe PISA. A España en su conjunto le fue mal. Pero Madrid fue la comunidad que más retrocedió en los tres exámenes: matemáticas (-17 puntos), ciencias (-29) y comprensión lectora (-46). Lo que la hizo caer de la zona alta de la tabla autonómica que ocupaba en la edición celebrada tres años a la media baja.

La OCDE, organizadora de la prueba internacional celebrada en 2018, detectó anomalías en el 5% de los exámenes españoles, que achacó a la “disposición negativa” de los alumnos, posiblemente a la coincidencia de PISA con otros exámenes en varias comunidades, entre ellas Madrid. Enrique Roca, que fue hasta febrero presidente del Consejo Escolar del Estado, cree, en todo caso, que en el resultado de Madrid pesó el hecho de haber sido la comunidad que más abrazó el modelo enciclopédico de la ley Wert (derogada por la ley Celaá). Esa preparación, cree Roca, chocó con los exámenes de PISA, centrados en evaluar competencias (por ejemplo, que los alumnos comprendan un texto). La nueva ley educativa diseña un sistema de aprendizaje centrado en las competencias, pero Madrid, que como el resto de comunidades tendrá un amplio margen para completarlo en sus centros, ha expresado sus dudas sobre el modelo adoptado por el Gobierno.

Improvisación

A diferencia de lo que están haciendo otras comunidades, Madrid no está organizándose de momento para otro curso con restricciones por la pandemia, ni por tanto con un refuerzo adicional de personal. Esteban Álvarez, presidente de la asociación de directores de institutos públicos de Madrid, teme que retrasar las decisiones genera problemas como los este curso. “Casi en septiembre se dieron cuenta de que había que contratar profesores, reducir ratios...”, dice. Álvarez cree que ello impidió a los centros prepararse y está teniendo consecuencias “muy perjudiciales” para los chavales de la ESO y Bachillerato que estudian de forma semipresencial. También lamenta que de los 7.398 docentes adicionales contratados en septiembre para la pública, 1.117 no fueran renovados en enero.

Las clases online también se han visto dificultadas, añade Carmen Morillas, presidenta de la mayor federación de Ampas de la escuela pública, por la falta de ordenadores suficientes en muchos hogares. Unos equipos que pese a las promesas, asegura, “o no han llegado o han llegado tarde”.