Las comunidades prescindirán de la mayoría de los 35.000 profesores de refuerzo cuando pase la crisis sanitaria

Las comunidades autónomas han empezado a organizar el curso que viene. Y, según explican a EL PAÍS responsables educativos de una docena de ellas, dos grandes ideas se abren paso. La primera es que el curso volverá a ser, al menos en su arranque, excepcional debido a la situación sanitaria, lo que obligará a mantener ciertas restricciones en los centros, como el uso de mascarillas y la distancia interpersonal. Y por tanto a prorrogar la contratación de parte del gran contingente adicional de profesorado que se incorporó en septiembre con motivo de la covid.

La segunda es que una vez que la crisis sanitaria se dé por superada (o, al menos, que haya mejorado mucho), los Ejecutivos autonómicos prescindirán de la mayor parte de dichos docentes de refuerzo ―que llegaron a ser cerca de 39.000 al inicio de este curso, de los que hoy quedan en sus puestos 35.012, según el último de los recuentos que realiza regularmente CC OO―. Su contratación fue necesaria para reducir el número de alumnos por aula y permitir los desdobles a los que obligaron los protocolos higiénico-sanitarios aprobados para prevenir los contagios. A pesar de que los principales sindicatos, asociaciones de directores y de familias han pedido mantenerlos como una forma de mejorar la calidad del sistema, las comunidades lo consideran, en general, presupuestariamente insostenible.

Los responsables de departamentos de Educación autonómicos entrevistados para este artículo ―entre ellos consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete y de comunicación, todos los cuales aceptaron hablar a condición de que no se los citara, ya que la organización del próximo curso no solo es potencialmente polémica hacia fuera, sino que también está siendo debatida dentro de muchos Gobiernos autónomos― coinciden en que la decisión final dependerá de lo que establezcan las autoridades sanitarias. Y dan por descontado que el asunto será abordado de forma conjunta con el Ministerio de Educación en una próxima Conferencia Sectorial de Educación.

Evitar el caos

La organización escolar es, sin embargo, una competencia autonómica, y varios territorios tienen ya muy decidido, en algún caso listo, el modelo que aplicarán el curso que viene. Una ambición común es la de intentar garantizar la plena presencialidad. Aunque todavía quedan dos meses de clases y el verano, los responsables educativos de estas comunidades quieren evitar que se repita la incertidumbre que se vivió el curso pasado, cuando las decisiones se retrasaron a julio o agosto, lo que generó muchos problemas en la planificación de colegios e institutos, obligó a buscar de forma precipitada al personal de refuerzo, e hizo que parte de los docentes se incorporaran con las clases empezadas.

Las comunidades que ya tienen avanzada la organización del curso que viene dan por seguro ―y la mayor parte de las demás consideran muy probable― que en septiembre el contexto sanitario habrá mejorado mucho, pero que ni la epidemia habrá terminado en España ni los alumnos habrán sido vacunados. Ello obligará, continúan, a prorrogar el uso de mascarillas, a mantener una densidad en las aulas inferior a la habitual y a seguir aplicando estrictos turnos de comedor. Algunos territorios prevén empezar el curso con la misma plantilla que tienen ahora. Otras estiman que harán falta más profesores y monitores que un año normal, pero seguramente no tantos como los que hay hoy (entre otros motivos, porque todos los docentes deberían estar vacunados en septiembre). También hay diferencias en la duración de los contratos: algunos responsables afirman que su idea es mantenerlos hasta final de curso, mientras otros apuntan que podría hacerse por unos meses, quizá hasta Navidad.

Existe un consenso mayor en que una vez que la emergencia sanitaria se dé por cerrada, la mayor parte del profesorado de refuerzo no continuará. Muchas clases de infantil y primaria tienen este curso menos de 20 alumnos y hay grupos de secundaria, sobre todo en primero y segundo de la ESO, que rondan los 15 (aunque como la clave es la distancia interpersonal, en esta etapa también los hay de 30 estudiantes en aulas grandes). Para financiarlos, las comunidades utilizaron los 1.600 millones de euros que les dio el Ministerio de Educación, además de fondos propios. Pero la idea siempre fue, señala un responsable autonómico, que eran puestos “con fecha de caducidad”.

Situación económica

Aquellas autonomías que venían ampliando cada curso el número de profesores ―en gran medida para compensar la pérdida experimentada tras la crisis de 2008― multiplicaron en septiembre por dos y hasta por tres las contrataciones que tenían previstas. “Negociamos con la Consejería de Hacienda con el argumento de que era una situación extraordinaria que requería una respuesta extraordinaria”, afirma un alto cargo educativo. “Pero cuando la pandemia mejore está claro que no se va a poder mantener, y menos con la situación económica que tenemos. Lo que haremos será volver a los niveles de aumentos progresivos de plantilla que teníamos previstos”.

Los responsables autonómicos argumentan que la caída de alumnado, que ya se viene produciendo y se agudizará en los próximos cursos, hace que solo con mantener el número de profesores ya se mejore la ratio de alumnos por aula. Y añaden que la gran apuesta para los próximos años pasa por desarrollar la Formación Profesional y el primer ciclo de Infantil, lo que exigirá concentrar las contrataciones en estas dos etapas, además de en ampliar los programas de refuerzo PROA para alumnos con dificultades, que también financia el ministerio.