Manuel Castells

Castells pone coto a las universidades que actúan como meras academias

Los campus de nueva creación deberán acreditar que van a investigar y transferir conocimiento, y los antiguos se tendrán que adaptar a estos requisitos, según un decreto que prepara el ministerio

El ministro de Universidades, Manuel Castells, en el centro, a su llegada al pleno del Senado el 17 de noviembre.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, en el centro, a su llegada al pleno del Senado el 17 de noviembre.Chema Moya / EFE

El número de campus privados en España no deja de crecer ―se han aprobado cuatro en Madrid en un año y medio, mientras la última pública, la Politécnica de Cartagena, data de 1998―. El ministro de Universidades, Manuel Castells, quiere poner coto a las instituciones, tanto públicas como privadas, que actúan como meras academias que imparten docencia (en muchos casos muy buena), pero que no cumplen su función como universidad, que debe ser también la de investigar y transferir conocimiento. Por eso, el Gobierno ha elaborado un real decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades, adelantado por El Mundo y eldiario.es, que fuerza a los nuevos centros a cumplir unos requisitos y a los antiguos a adaptarse en cinco años. Entre las privadas, solo la Universidad de Navarra, con una reputada clínica universitaria, se cuela entre los campus españoles con unos índices aceptables científicos. En España hay en este momento 50 instituciones públicas y 36 privadas.

El Gobierno quiere que ocurra como en Estados Unidos, donde existen los college, que no investigan, pero no por ello no cuentan con una buena docencia, y las universidades. De modo que los centros que desprecien la investigación, aunque sigan ofertando grados, tendrán que dejar de llamarse como tales porque “su significado puede inducir a confusión”. Las universidades estarán obligadas a ofertar al menos 10 carreras ―en este momento son ocho “titulaciones”, por lo que se puede incluir posgrados―de tres de las cinco áreas de conocimiento (Ingeniería, Ciencia, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Salud). La excepción serán las politécnicas.

En la actualidad, centros privados adscritos a una universidad pública que expide el título, cuando logran establecerse como centros autónomos, hinchan su catálogo de carreras pero dentro de su propio campo de conocimiento. Generalmente son estudios de ciencias sociales (Derecho o Económicas), sin mucho coste y en los que la labor científica es casi nula. “Deberá incluirse una programación plurianual de la actividad investigadora, cuyas áreas científicas deberán ser coherentes con las titulaciones de grado y de máster y, especialmente, con los programas de doctorado que se desarrollen”, se explica en el decreto, que está en fase de borrador. La conferencia de rectores (CRUE) acoge positivamente el texto: “No se trata de cerrar universidades ni de frenar la creación de nuevas, sino de que todas cuenten con unos requisitos mínimos. Estamos estudiando con detalle el borrador para trasladar nuestras propuestas al ministerio”, subraya su presidente, José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba.

Durante el mandato de Pedro Duque se redactó un primer borrador que no llegó a salir a la luz, y Castells lo ha modificado. “Es para universidades públicas y privadas. Una universidad tiene que tener una calidad mínima para llamarse tal. Otra cosa es que pueda ser un centro de estudios superiores. Los criterios van a ponerse más estrictos, pero yo aseguro que una buena universidad privada en España los va a pasar”, aseguró el secretario general del ramo, José Manuel Pingarrón, en un acto reciente en la universidad online UNIR.

El texto fuerza a que al menos el 5% del presupuesto se dedique a incentivar la investigación, que haya una producción científica equivalente a seis publicaciones firmadas por tres personas en el plazo de tres años, y se les obliga a presentarse anualmente a “cinco proyectos de investigación competitivos de ámbito regional, nacional e internacional”. El ministerio da por hecho que en un principio las nuevas universidades no los ganarán, pero sí reclama que en cinco años hayan obtenido al menos cinco. Ello supone que las instituciones deben tener unas mejores instalaciones para investigar y que se recojan en una memoria.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) edita para la Fundación BBVA un ranking anual que distingue entre docencia, investigación y transferencia (en la Universidad española se publica mucho, pero se comparte muy poco con el mundo de la empresa y la sociedad). Y tradicionalmente los campus privados ocupan los peores puestos en recursos, publicaciones y calidad de su ciencia, y especialmente los online. A la cola se posicionan la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la Udima (Universidad a Distancia de Madrid), la Católica de Valencia y CEU-Cardenal Herrera. En este listado no aparecen aún los históricos centros adscritos CUNEF (de banca), Villanueva (ciencias sociales) y ESIC (marketing) a los que la Comunidad de Madrid ha aceptado como universidades y están en el tránsito.

No investigar penaliza en los rankings

Las clasificaciones internacionales también castigan la falta de investigación en las privadas. Entre las 500 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghái, el más valioso, hay 13 españolas, y todas son públicas. Otros listados que se enfocan a la docencia sí las sitúan mejor, en especial a las escuelas de negocios.

El ministro Castells habló de estos nuevos campus en una entrevista en este diario: “Las universidades madrileñas tendrán que pasar por los requisitos de esta ley, que son bastante estrictos y, por tanto, caros. Estoy muy a favor de las universidades privadas si son de calidad. Si alguien prefiere pagar una privada no garantizada por una tradición universitaria, por un cuerpo profesoral establecido, allá él. Hay libertad en este país”. Madrid aprobó hace dos semanas la duodécima universidad privada de la región, la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), del grupo Planeta, frente a las seis públicas. La decisión levantó ampollas en la oposición, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cree que es beneficioso “para que la región se convierta en un nodo global de educación universitaria, capaz de atraer y mantener talento”. Cataluña, que concentra la mayoría de las universidades más prestigiosas de España, es sin embargo más exigente en los requisitos para establecerse allí. UNIE probó suerte antes en Cataluña sin éxito.

No cambia el porcentaje de doctores que debe haber en el claustro (50% en grado, el 70% en máster y el 100% en doctorado), pero para evitar que los centros se especialicen en másteres (más caros para el que se forma y económicos para quien los imparte), el 50% de los alumnos deben ser de grado.

Desde que se anuncia una nueva universidad, cuenta con dos años para ponerla en marcha y si no ocurre, sus fundadores deberán esperar otros dos años para volver a solicitar su creación. Existen ejemplos de universidades que no han llegado a existir porque luego no han logrado la autorización del Gobierno autonómico que aprobó la idea inicial.

En ese evento en el que habló Pingarrón este diario preguntó a tres rectores de campus privados y todos coincidían en la necesidad de que una universidad investigue, pero pidieron que no se generalizase. “Sin duda sin investigación no hay universidad”, reconoció José María Vázquez, rector de la UNIR, pero recordó que “la investigación en una privada dependen en buena medida de los ingresos con las matrículas de los estudiantes”. Todas las universidades pueden llegar a acuerdos de colaboración con empresas o concursar a proyectos de investigación del Estado o internacionales como hace la Universidad de Navarra.

Emilio Lora-Tamayo, que fue dos veces presidente del Centro de Investigaciones Científicas y hoy es rector de la Camilo José Cela, incidió: “Deberíamos de desterrar ya de hablar de universidades públicas o privadas, tienen un objeto y unos deberes y entre ellos está la calidad de la investigación. La diferencia está entre que unas tienen una gestión privada y otras no, y a partir de eso cumplirlo”.

“En Estados Unidos, que siempre se toma como referencia, no hay una dicotomía entre universidad pública y privada. Entre Berkeley, pública, y Stanford, privada”, añadió Rafael Puyol, que fue rector de la Complutense, pública, y hoy preside la UNIR. “Si la universidad es buena, hace investigación, y ese es el objetivo al que hay que dirigirse con esfuerzo, trabajo, emprendimiento y liderazgo, sea pública o sea privada. Tenemos que ver de verdad si queremos unas universidades que se merezcan ese nombre o se llamen centros o academias superiores”.

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