Madrid llevará al Constitucional el reparto de los menores migrantes no acompañados pactado por el Gobierno con Junts

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado la pasada semana por el Ejecutivo central para modificar la ley de extranjería y permitir que, en momentos en los que determinados territorios estén muy tensionados (como ocurre ahora con Canarias y Ceuta), puedan activarse traslados de menores migrantes a otras regiones. El alto tribunal es, desde hace meses, un escenario principal en el pulso que mantiene el Ejecutivo regional con el nacional ―ahí se dirimirá, por ejemplo, el desacuerdo por la declaración de sede de la Presidencia madrileña como lugar de memoria democrática―, y también entre Ayuso y la oposición autonómica. Tras un lustro de choques por la política económica, sanitaria, internacional o educativa, ahora llega el turno para el encontronazo por la atención a los niños migrantes.

“El decreto vulnera distintos preceptos y principios constitucionales, e invade desde luego competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en materia de asistencia social y de protección y tutela de menores de edad”, ha dicho el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa que todas las semanas sigue a la reunión del Consejo de Gobierno. “El Gobierno central no puede decidir a voluntad dónde pueden ser acogidos los menores, se vulneran sus derechos al desplazarlos por cuotas subjetivas, políticas, sin priorizar su atención, y es un decreto contrario a la lealtad institucional, pues se ha pactado con partidos independentistas, al margen de las comunidades”, ha añadido. “Eso aboca a una desigualdad entre regiones. Y también [afecta] al principio constitucional de autonomía financiera, pues el decreto no cuenta con la memoria económica suficiente para financiar la atención”.

Por impugnar, Madrid impugna incluso que el cambio normativo se haya hecho a través de un decreto ley, pues considera que debería haberse tramitado mediante una ley orgánica, y denuncia que el pacto dependa de un acuerdo con Junts. Como resultado, “del total de menores a distribuir [en estos momentos] por el conjunto de la Península [unos 4.000], a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700″, aseguraba la pasada semana la nota de prensa con la que el partido independentista catalán anunció su acuerdo con el Gobierno central, que lidera Pedro Sánchez y forman el PSOE y Sumar.

Según la tabla a la que tuvo acceso EL PAÍS y siempre a falta de actualizar los datos, Madrid será la comunidad autónoma que más menores tendrá que acoger, un total de 806, una cifra que viene determinada sobre todo por su gran población y por la limitada dimensión de su sistema de acogida. Una vez hecho el anuncio oficial del recurso ante el Tribunal Constitucional, la propia presidenta regional lo ha amplificado a través de la publicación de un mensaje en X, antiguo Twitter.

“Nuestro Gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores”, ha escrito, repitiendo el mensaje que ya lanzó la pasada semana en la Asamblea, donde confirmó su compromiso con el cumplimiento de la normativa. “Pero no vamos a cooperar con el caos migratorio del Gobierno”.

La pasada semana, Ayuso ya avanzó su intención de llevar su queja contra la reforma de la ley de extranjería hasta la Unión Europea y los tribunales. Un camino ya muy transitado en el permanente choque que protagoniza la administración regional y la estatal. Así, el Constitucional tiene pendiente de resolver una decena de recursos de la oposición, el Estado o el Defensor del Pueblo contra decisiones adoptadas y leyes aprobadas tanto en tiempos del gobierno de coalición que formaron PP y Cs (2019-2021) como desde que los conservadores gobiernan en solitario (desde 2021 en adelante). Y viceversa.

Por ejemplo, la Comunidad Madrid ha recurrido ahí la ley de amnistía estatal. A eso se suman los dos recursos del Gobierno central contra la reforma de las leyes trans y contra la LGTBIfobia autonómicas, que obligó a Ayuso a modificarlas. Y los pleitos cruzados por la declaración de la sede de la Presidencia de Madrid como lugar de memoria democrática, en recuerdo de que fue sede de la dirección general de seguridad de la dictadura franquista entre 1939 y 1979.

Al recurso ya admitido a trámite del Defensor del Pueblo contra un aspecto concreto de la ley trans, se unen los del PSOE contra la ley ómnibus (que ha permitido a Ayuso controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la norma que regula la televisión y radio autonómicas, y la aprobación de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no había los diputados suficientes.

Por su parte, Más Madrid patrocina otros tres recursos de amparo contra la inadmisión de preguntas y la falta de quorum en la votación de la ley del suelo, además de otro por entender que no se han respetado los derechos de sus diputados al impedirles preguntar por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o por el grupo sanitario Quirón; o al reformar con una enmienda una ley para dar a la presidencia regional capacidad de veto ante cualquier modificación de la Real Casa de Correos. El PSOE registró un recurso similar y Podemos tiene registrado otro contra la ley Uber y otro de amparo por la del suelo. A esa lista se añade ahora el recurso contra la reforma de la ley de extranjería, que abre otro nuevo frente en el choque permanente entre Ayuso y Sánchez.

“Las declaraciones de Ayuso cada vez tienen más tintes racistas: cuando hubo que recoger a niños ucranianos, no hubo ningún problema de financiación”, ha criticado Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.