El presidente de Canarias acusa de “mala fe” a las comunidades del PP por retrasar el reparto de menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado duramente este miércoles la postura de las comunidades gobernadas por el Partido Popular respecto al traslado a otras regiones de parte de los menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago. ”Hay mala fe”, ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser, “porque todo el mundo sabe perfectamente que hay que hacer una distinción entre los menores extranjeros no acompañados y los extranjeros nacionales y los menores nacionales. Todo eso lo que hace retrasa. Y ese retraso al final no es una batallita entre comunidades, ni el PP contra el PSOE, ni comunidades contra el Estado. Ese retraso perjudica a niños y a niñas que están en unas condiciones que no son las idóneas y que, desde luego, están viendo vulnerados sus derechos”. El líder nacionalista ha expresado su convencimiento de que el Tribunal Constitucional no tumbará el real decreto y ha aseverado que “no está tranquilo” respecto de la votación que deberá convalidar el real decreto el próximo 10 de abril.

El PSOE, con el concurso del Gobierno de Canarias (del que forma parte el Partido Popular), amarró a mediados de marzo el apoyo de Junts para reformar la ley de extranjería y fijar los traslados automáticos cuando el sistema de protección de una autonomía se halle al triple de su capacidad. El Congreso votará la convalidación de este real decreto ley el 10 de abril. Este acuerdo, largamente ansiado pro Clavijo, desbloqueaba la distribución por el resto de España de 4.400 inmigrantes menores de edad que saturan los servicios sociales de Canarias y Ceuta. El martes se cumplió el plazo del Gobierno para que cada territorio notificase al Ministerio de Juventud e Infancia los datos requeridos para poder asignar los menores que deberá albergar cada autonomía. Estos datos han vuelto a enconar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y algunas comunidades gobernadas por el PP, fundamentalmente Madrid, la Comunidad Valenciana y Aragón.

De forma generalizada, las comunidades han respondido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, alegando que tienen sobreocupadas los sistemas de acogida. Aragón ha sido la única comunidad autónoma que se ha negado a entregar en plazo las cifras al Gobierno, con el argumento de que no lo hará hasta que no se resuelvan las medidas cautelares que solicitó a los tribunales contra la petición prevista en el decreto ley. La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, algo que, ha asegurado, estudia a su vez la Junta de Andalucía.

Clavijo ha calificado de “ridículo” el planteamiento de las comunidades, que aseguran estar saturadas de menores. “Si ellos están así como está Canarias”, se ha preguntado. “Es un poco absurdo y ridículo. Creo que todos tenemos que ser conscientes de que hay unos criterios. Cualquiera que tenga el más mínimo interés puede ver y hacer una simulación con los criterios que están en el decreto ley, que son objetivos, que muchos de ellos fueron aprobados por unanimidad en la Conferencia Sectorial de 2022″. Clavijo ha ido un paso más, y se ha referido a casos como el de la Comunidad Valenciana. “Igual que nosotros hemos dado un paso adelante, por ejemplo, con la dana y Valencia... Mandamos recursos, mandamos voluntarios, mandamos material, mandamos bomberos y hemos renunciado a fondos que nos tendrían que venir a Canarias del FEDER para la reconstrucción de Valencia. Pues entonces, ¿en qué Estado estamos si cuando un territorio como Canarias está en emergencia y lleva más de un año en emergencia, el resto de las comunidades son incapaces de prestar la más mínima colaboración en solidaridad?”.

El presidente canario también se ha referido a la posición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “Entiende la posición de Canarias. Nos dice ‘oye, yo los entiendo, pero nosotros creemos desde el Partido Popular que esta no es la solución a la migración’. Y bueno, puede que no sea la solución, porque es que yo creo que la migración no tiene solución, es un fenómeno que va a continuar. Se da desde que el hombre es hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es gestionarlo. Y esa gestión, si formamos parte de un estado, se tiene que hacer con criterios de solidaridad”.

El presidente autonómico ha descartado que el Constitucional tumbe el real decreto. “Yo creo en la justicia”, ha expresado. “Yo siempre digo creía en esto porque moralmente era así, pero lo que es moral y lo que tiene sentido común al final es justicia” y ha recalcado que “no está tranquilo” respecto del devenir de esa votación en el Congreso. “No hay ninguna fisura, pero no estoy tranquilo porque pueden ocurrir muchas cosas desde que alguien se ausente hasta que alguien se equivoque en la votación”.