Los datos sobre acogida de menores enconan el enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades del PP

La distribución por el resto de España de los 4.400 inmigrantes menores de edad que saturan desde hace más de un año los servicios sociales de Canarias y Ceuta ha vuelto este martes a enconar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y algunas comunidades gobernadas por el PP, fundamentalmente Madrid, la Comunidad Valenciana y Aragón, horas después de que se cumpliera el plazo del Gobierno para que cada territorio notificase al Ministerio de Juventud e Infancia los datos requeridos para poder asignar los menores que deberá albergar cada autonomía.

El PSOE amarró a mediados de marzo el apoyo imprescindible de Junts para reformar la Ley de Extranjería y fijar los traslados automáticos cuando el sistema de protección de una autonomía se halle al triple de su capacidad. Un cambio legislativo que el Parlamento debatirá y votará el 10 de abril, justo antes del parón por la Semana Santa, con el rechazo del PP y Vox. A la espera del debate en las Cortes, las chispas han saltado en esta ocasión por el malestar del Gobierno con los datos suministrados por el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso y por los recursos del aragonés Jorge Azcón y el valenciano Carlos Mazón. La ministra de Infancia, Sira Rego, ha valorado que “la mayor parte” de las comunidades han remitido información “fiable” sobre los menores migrantes no acompañados que acogen actualmente —los datos anteriores eran de diciembre de 2023— mientras cuestionaba la información proporcionada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Según la ministra, el equipo de la Comunidad de Madrid ha trasladado “una cifra general” que no era la que se había solicitado para dimensionar el sistema de acogida.

De acuerdo con los datos trasladados por Madrid, la comunidad atendió durante 2024 a 2.442 menores y cuenta con una sobreocupación de sus recursos del 132%. ”Si lo extrapolara al sistema hospitalario, nosotros lo que hemos pedido es un dato de camas ocupadas y lo que nos da la Comunidad de Madrid no es el número de camas ocupadas, sino todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas”, ha discrepado Rego. “A nosotros lo que nos interesa saber es el número de niños y niñas migrantes no acompañados que están con una plaza habilitada en el sistema de acogida”, ha precisado. Para calcular la futura distribución se tendrán en cuenta varios criterios objetivos: la población (con un peso en el cálculo del 50%), la dispersión de población (2%), la renta per cápita (13%) y el desempleo (15%). Para contemplar la singularidad de cada comunidad también se tendrá en cuenta la insularidad (2%) y si el territorio es frontera (2%), el número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%) o el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en atender a este colectivo (10%).

Rego ha cuestionado además la decisión de Aragón de haber recurrido la petición de información del Gobierno y no haber enviado las cifras, pues con una sola comunidad que no envíe la información queda incompleto el cálculo para la dimensión total del sistema de acogida. El Gobierno de Azcón presentó un recurso al requerimiento del ministerio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya lo admitió a trámite. “De lo que esto da la sensación es de que Vox sigue gobernando en algunos territorios”, ha afirmado. “Esto lo único que pone son dificultades para establecer una dimensión correcta del sistema de acogida, estamos hablando de algo que es estrictamente humanitario, estamos hablando del interés superior de los derechos de la infancia”, ha añadido Rego. Casi al mismo tiempo, Pilar Alegría, que además de portavoz del Gobierno es la secretaria general del PSOE en Aragón, también ha reprochado la decisión del barón del PP en su comparecencia semanal en La Moncloa. “Desconozco por qué no ha querido remitir esa información, espero que no sea el preludio a que puedan tener ya unos presupuestos a punto de aprobar de la mano de la ultraderecha”, ha arremetido Alegría contra el presidente aragonés, que depende de Vox para sacar adelante las cuentas públicas y su plan legislativo.

En este contexto, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que permitirá el traslado automático de menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. Camarero ha acusado al Gobierno de no haber debatido ni acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia esta cuestión, “conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad institucional”, informa Cristina Vázquez. “Hemos incrementado las plazas de atención residencial en el sistema de protección de nuestro territorio para poder dar a esos menores [migrantes no acompañados] una atención digna, lo que nos ha obligado a hacer un esfuerzo dentro del proyecto migratorio de más de nueve millones de euros”, ha afirmado la vicepresidenta valenciana. La atención a estos menores suponen un gasto anual de 23 millones de euros para la Generalitat Valenciana cuando del Gobierno se reciben solo 1,2 millones según Camarero, que ha subrayado que el sistema de atención está tensionado, con más de 900 menores atendidos, una media de permanencia de 480 menores y una ocupación de los recursos del 160%.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que su comunidad estudia presentar recurso contra la medida y que es “probable” que lo terminen presentando. “Puede ser que lo recurramos porque el atropello es total”, ha lamentado el popular. “Estamos indefensos ante un Gobierno que tiene unos inputs y unos tics muy preocupantes: es el ‘ordeno y mando’. Estamos cansados de tener que tragar todas y cada una de las órdenes que nos da Sánchez”, ha criticado.

De forma generalizada, las comunidades han respondido a la ministra Rego alegando que tienen sobreocupadas los sistemas de acogida de que disponen para menores extranjeros, como adelantó EL PAÍS. El Gobierno ha anunciado que se darán “unos días” para hablar con los territorios y precisar los datos de los que saldrán los criterios de reparto, que no están claros en este momento. El motivo es la “asimetría”, según la ministra, en la forma en que los enviaron, lo cual no permite todavía una cifra uniforme. Y ha advertido que, en el caso de aquellas comunidades que no aporten la información precisa, se procederá con los últimos datos que tiene el Gobierno de finales de 2023. Ese plazo en el que se afinarán los datos tiene como horizonte, según ha dicho Rego, la convalidación en el Congreso el jueves de la semana que viene.