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El Constitucional admite el recurso del PSOE contra la ley de Ayuso para controlar los organismos fiscalizadores de Madrid

El partido de Lobato impugna la reforma de la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o Telemadrid

Juan Lobato e Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz socialista Juan Lobato, en una imagen de archivo.Borja Sánchez-Trillo (EFE)
Juan José Mateo

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE de Madrid contra la ley patrocinada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reformar a su medida instituciones clave de la región como la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o Telemadrid, según comprobó EL PAÍS. La norma fue aprobada por la Asamblea en diciembre, cuando el PP aprovechó su mayoría absoluta en el Parlamento para imponer su criterio pese a las críticas conjuntas de toda la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox). De esta manera, el alto tribunal tendrá que pronunciarse sobre ocho recursos contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea pendientes de resolución o admisión, un balance que constata que la oposición cree haber encontrado en el Constitucional una vía para batallar contra las leyes más polémicas de la líder conservadora. A eso se une que el Gobierno central ha advertido al autonómico de que debe reformar otras tres leyes si no quiere acabar en ese mismo tribunal.

El recurso ahora admitido, y centrado en la conocida como ley ómnibus dos, fue registrado por el PSOE el 26 de marzo. “Una ley que modifica 10 leyes y que transforma sustancialmente el régimen jurídico de la Cámara de Cuentas, de Radio Televisión Madrid y del Consejo de Trasparencia y Participación, dificulta el ejercicio de sus funciones representativas a los Grupos Parlamentarios y a los Diputados de la Asamblea, funciones que les reconoce el artículo 22.3 de la Constitución”, argumentaban los socialistas, que plantean reabrir el debate sobre estas normas de contenido heterogéneo, que ya fueron avaladas en 2011 por el Constitucional, además de cuestionar el procedimiento por el que se aprobó, y artículos concretos que consideran inconstitucionales.

Con la reforma aprobada por el PP, el número de miembros de la Cámara de Cuentas pasa de tres a siete y se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros para que sea similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, el partido mayoritario controlará la Cámara, como ocurre con el Parlamento, sin tener que alcanzar acuerdos con la oposición. Dicho de otra forma: el Gobierno del PP tendrá las riendas del organismo que debe fiscalizar al Gobierno del PP, para lo que ha seleccionado a un grupo de cinco consejeros entre los que se encuentra el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que cobrará 100.556,52 euros al año.

Además, el consejo que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Gobierno, su único integrante, pues el número de consejeros ha pasado de tres a uno. “Se elimina su dependencia de la Asamblea”, explicaron la reforma los conservadores, resumiendo en una sola frase la queja que ahora eleva el PSOE al Constitucional. “Esta ley ómnibus desapodera a la Asamblea de Madrid de atribuciones de control y de dirección política que le habían conferido Leyes anteriores”, denuncian Lobato y el resto de senadores socialistas que firman el recurso.

Finalmente, la aprobación de la ley ómnibus permitirá al partido mayoritario en la Asamblea (el PP, en este caso) controlar el nombramiento del nuevo director general de Telemadrid. Así, el PSOE une el recurso de la ley ómnibus a otros dos ya registrados contra la reforma de la norma que regula Telemadrid y contra la aprobación de la ley del suelo cuando, a su juicio, no había los diputados suficientes, según detalla el departamento de prensa del propio tribunal. Más Madrid patrocina otros tres recursos, dos de amparo contra la inadmisión de preguntas y la falta de quorum en la votación de la ley del suelo; y el de la ley trans impulsado por el Defensor del Pueblo. Y Podemos tiene registrados dos, uno contra la ley Uber y otro de amparo por la del suelo.

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Nada asegura que esos sean los últimos asuntos relacionados con el gobierno de Díaz Ayuso sobre los que se tenga que pronunciar el Constitucional. De esta manera, los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid han abierto negociaciones para solventar su desencuentro por un apartado de la ley de presupuestos autonómica que el Estado considera irregular, según publica este martes el boletín oficial regional, pues menciona el ya extinto “contrato por obra y servicio”.

La convocatoria de la comisión bilateral en la que se sientan las dos partes es el paso previo a acudir al Tribunal Constitucional si no hay acuerdo, y supone la tercera advertencia de este tipo en apenas un mes por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez al de Isabel Díaz Ayuso: el Estado ya dio los mismos pasos en marzo para impugnar aspectos concretos de las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobadas en diciembre gracias a la mayoría absoluta del PP y pese a la oposición de asociaciones, activistas y partidos de izquierdas.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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