Sánchez advierte a Ayuso de que debe reformar tres leyes de Madrid para que no acaben recurridas en el Constitucional

Los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid han abierto negociaciones para solventar su desencuentro por un apartado de la ley de presupuestos autonómica que el Estado considera irregular, según publica este martes el boletín oficial regional, pues menciona el ya extinto “contrato por obra y servicio”. La convocatoria de la comisión bilateral en la que se sientan las dos partes es el paso previo a acudir al Tribunal Constitucional si no hay acuerdo, y supone la tercera advertencia de este tipo en apenas un mes por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez al de Isabel Díaz Ayuso: el Estado ya dio los mismos pasos en marzo para impugnar aspectos concretos de las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobadas en diciembre gracias a la mayoría absoluta del PP y pese a la oposición de asociaciones, activistas y partidos de izquierdas.

El nuevo encontronazo entre las dos Administraciones, que viven de choque en choque desde que Díaz Ayuso llegó al poder por primera vez, en agosto de 2019, tiene su origen en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Durante la habitual revisión de la normativa aprobada, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz detectó un punto de los presupuestos autonómicos que consideró irregular, y así se lo transmitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encargado de las relaciones con las Comunidades Autónomas.

Así, el artículo 37 de los presupuestos regionales menciona las “contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios”, pese a que la reforma laboral de 2021 propició la desaparición de este tipo de contratos.

“Este artículo no se ajusta a la legislación laboral, ya que el Estatuto de los Trabajadores (ET) no permite la celebración de contratos por obra o servicio, y circunscribe los contratos temporales a dos supuestos muy específicos (circunstancias de la producción o sustitución de persona trabajadora)”, argumenta el informe del Ministerio, que adelantó eldiario.es antes de que el Gobierno decidiera tomar cartas en el asunto. “Por tanto, el legislador autonómico estaría intentando introducir una nueva modalidad de contrato de trabajo en la legislación laboral, cuando el Estado es el único que puede regular estas cuestiones. De ser así, la Comunidad de Madrid estaría incurriendo en una clara vulneración del orden constitucional de distribución de competencias”.

Esto apunta un portavoz del Gobierno central. “La hipotética impugnación de la ley deberá esperar al resultado de las negociaciones llevadas a cabo precisamente para despejar cualquier duda de inconstitucionalidad antes del recurso al Tribunal Constitucional”, explica. “Hay dudas de compatibilidad del artículo 37 de los presupuestos de Madrid con el estatuto de los trabajadores que, tras la reforma causada por el RD 32/2021, reduce la posibilidad de celebrar contratos temporales a dos supuestos: circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora”.

No obstante, este no es el único asunto que enfrenta a las dos partes con la posibilidad de acabar en el Tribunal Constitucional como telón de fondo. Así, el Estado y Madrid abrieron hace un mes una negociación que solo puede durar un semestre antes de acabar en el alto tribunal, y que está centrada en las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid.

“Esas leyes se encuentran en fase de negociación con plazo suficiente para alcanzar un acuerdo, pues vence el 29 de septiembre”, explica un portavoz gubernamental, aunque las discrepancias que provocan el choque son de calado. Este es su resumen.

• Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. El artículo 14 “patologiza la transexualidad”, cree el Ministerio de Igualdad, al establecer que los menores trans solo podrán iniciar su tratamiento hormonal previo examen de un pediatra, tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” (psicólogo o psiquiatra), o que necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades o trastornos mentales al mismo tiempo. Además, el Gobierno central impugna los apartados 15 y 17, en los que se especifican los derechos de utilización de espacios por parte de las personas trans “sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas”. A juicio de Igualdad, esa referencia al uso de espacios comunes en función del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad…) vulnera el artículo 14 de la Constitución al menoscabar el principio de igualdad y supone un uso discriminatorio del lenguaje. El Gobierno central también señala que la ley estatal establece una prohibición expresa de terapias aversivas o de conversión incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, mientras que la norma madrileña añade la coletilla “sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada”.
• Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación. El ministerio impugna que niegue a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores. Y recrimina: “Este artículo vulnera el artículo 149 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ningún procedimiento”.

Además de estos desencuentros a resolver en la comisión bilateral, o el Constitucional, el Estado y Madrid dirimen una quincena de pulsos jurídicos en los tribunales: de la gestión de la pandemia a la política fiscal, pasando por el modelo educativo, Sánchez y Ayuso mantienen un pulso legal sin aparente fin en el que se discute artículo a artículo y ley a ley.

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