El Constitucional decidirá si la sede del Gobierno de Madrid puede ser declarada lugar de memoria democrática

El Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el conflicto positivo de competencia promovido por el Ejecutivo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), contra el acuerdo del Gobierno para declarar la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad madrileña, Lugar de Memoria Democrática, al haber pertenecido a la “Extinta Dirección General de Seguridad franquista”. La tesis de la administración autonómica es que ese edificio es de su titularidad, y por lo tanto tiene plenas competencias sobre él, sin que se le pueda imponer una decisión como la recurrida, a la que atribuye asimismo “memoria selectiva” con respecto a un enclave concreto con “afán manipulador”. El Gobierno, en cambio, ha alegado que se trata de reconocer a las personas que lucharon “por la libertad y la democracia” y sufrieron “torturas y malos tratos” en dicho edificio.

El acuerdo impugnado fue adoptado el pasado 16 de octubre por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, e implicaba la incoación del procedimiento para efectuar la mencionada declaración sobre el edificio que desde 1985 alberga las dependencias de presidencia del Gobierno autonómico, que entiende esta iniciativa como una invasión de sus competencias. Al acordar la admisión a trámite del conflicto el Constitucional ha acordado “oír al Gobierno de la Nación para que efectúe las alegaciones que estime oportunas en lo relativo a la suspensión del acuerdo” que ha sido impugnado. En paralelo, a propuesta de la ponente del caso ―la magistrada Concepción Espejel, del bloque conservador del órgano de garantías― el tribunal ha comunicado la incoación de este procedimiento a la Sala de lo Contencioso-Administrativo por si ante la misma “estuviera impugnado o se impugnare” el citado acuerdo, con el fin de que en tal caso se suspenda el curso del proceso hasta la decisión del conflicto.

En su demanda ante el órgano de garantías, la Comunidad de Madrid expuso que la “Extinta Dirección General de Seguridad franquista” es la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, que desde hace 40 años aloja la sede de la Presidencia de la Comunidad. Basándose en ello, la impugnación afirma que la competencia para la declaración de Lugares de Memoria Democrática en relación con los bienes inmuebles de los que es titular la Comunidad correspondería de forma exclusiva a las instituciones autonómicas.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid sostiene que el acuerdo recurrido podría vulnerar en términos más genéricos competencias ejecutivas que corresponden a las comunidades autónomas, entre otras, en materia de “organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”. En el caso de Madrid esta atribución está regulada por el artículo 26.1.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. El Ejecutivo de Ayuso también expone en su demanda que los preceptos en que el Gobierno se ha basado para tomar el acuerdo cuestionado no tienen encaje con la Constitución, por lo que solicita al órgano de garantías que declare inconstitucional parte de la legislación vigente en materia de Memoria Democrática.

El conflicto ha venido precedido por un intercambio de mensajes entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ésta se dirigió al ministro con una misiva en la que aludía al acuerdo del Gobierno explicando que se oponía a la iniciativa porque “invade las competencias de una comunidad autónoma ―la de Madrid, donde está la capital de España― en materia de defensa del patrimonio histórico y es irrespetuosa con la Historia de un edificio que el pueblo de Madrid asocia con la libertad y concordia, con celebraciones muy queridas, y con hechos heroicos, y no con división y enfrentamiento elegidos con amnesia selectiva con afán manipulador”.

El ministro Ángel Víctor Torres, a su vez, respondió que la iniciativa impugnada no tenía otro propósito que el de manifestar un reconocimiento hacia personas que lucharon “por la libertad y la democracia”. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática también anunció un recurso del Gobierno ante el Constitucional frente a la negativa del Ejecutivo madrileño a aceptar el acuerdo adoptado, y subrayó que el edificio que alberga la presidencia de la Comunidad fue utilizado para “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos” en el período en que fue sede de la Dirección General de Seguridad franquista.