El Gobierno ignora a Ayuso e insiste en recordar con una placa las torturas franquistas en la sede de la Presidencia de Madrid

El Consejo de Ministros rechazará el martes el requerimiento de incompetencia planteado por la Comunidad de Madrid contra la declaración de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), como lugar de memoria democrática, según ha podido saber EL PAÍS. Este edificio, en la madrileña Puerta del Sol, fue escenario de torturas, encarcelamientos y persecuciones de carácter político entre 1939 y 1979, cuando lo ocupaba la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista. Sin embargo, el Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que esa etapa solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas. Esos argumentos, que son los que rechazará el martes el Consejo de Ministros, serían la base de un posible recurso de Madrid ante el Tribunal Constitucional, al que Ayuso ya se abrió en diciembre, lo que prolongaría el choque entre ambas administraciones por los actos de celebración del 50º aniversario de la muerte de Franco.

En diciembre, el Ejecutivo autonómico hizo un requerimiento formal al central para anular la resolución que iniciaba el expediente para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Ese es un aspecto clave, pues los juristas del Gobierno central destacan que no se ha impugnado la declaración en sí misma, y que, por lo tanto, los argumentos de Madrid tienen un carácter “preventivo”. Es decir, que se pleitea contra algo que aún no ha ocurrido, pues el expediente no ha finalizado, y la declaración aún no se ha producido. De esta manera, su tramitación seguirá adelante, al considerar el Gobierno central que las alegaciones de la administración autonómica “carecen de fundamento”, y que el uso de la Real Casa de Correos como sede del Ejecutivo autonómico es compatible con su declaración como lugar de memoria.

“La pretensión de la Comunidad de Madrid resulta ajena a la propia realidad histórica”, resume una fuente conocedora de la tramitación del expediente y de la respuesta del Gobierno a las alegaciones de Madrid, que se contestan una a una, punto por punto, y con el telón de fondo de que la Comunidad no haya recurrido la ley de memoria democrática, que ampara la declaración, ante el Constitucional. No hay razón, por lo tanto, para que no la cumpla, interpretan en Moncloa.

Así, el Ejecutivo de Díaz Ayuso expuso en sus alegaciones que “el acuerdo (de declaración como lugar de memoria democrática) vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”. Además, el Gobierno regional denunció que “el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, pues no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de memoria democrática hasta que publicó la decisión en el BOE. Y argumentó que no procede destacar que el complejo fue sede de la DGS entre 1939 y 1979 porque también ha sido oficina central de Correos, y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, sin que nada lo recuerde.

Frente a ello, el Gobierno de Sánchez opina que no hay razón para que se produzca colisión alguna entre las actuaciones previstas en la ley de memoria histórica para la declaración de un inmueble como lugar de memoria democrática y el normal ejercicio por la administración titular del inmueble de las facultades de titularidad autonómica sobre el mismo. Por ejemplo, recuerda una fuente gubernamental, miles de personas visitan todos los años la Real Casa de Correos para ver su Belén o escuchar villancicos, sin que eso perturbe el día a día de la administración regional. ¿Por qué habrían de hacerlo una placa y la explicación que le acompañe?

Además, el Ejecutivo central plantea que la mera incoación de un procedimiento administrativo no conlleva afección competencial alguna, ni puede ser una injerencia en el autogobierno de Madrid, ni en su capacidad en materia de protección y seguridad de los edificios e instalaciones. También subraya que la ley recoge expresamente la posibilidad de declarar como lugares de memoria edificios que son Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de la Real Casa de Correos, por lo que tampoco hay injerencia en las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico, artístico o monumental. Y recalca que la existencia de otras placas en el edificio (sobre los atentados del 11-M, los héroes del Dos de Mayo o las víctimas de la covid) muestra que es posible instalar otra recordando el pasado del edificio como sede de la DGS.

La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos.

Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo de 2024 a colocar una placa que recordara el pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

Rescatar del olvido a los torturados

En contraposición, así argumentaba el Gobierno central en octubre la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en Presos contra Franco (Galaxia Gutenberg, 2019): “La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias”, se lee sobre la iniciativa liderada por el ministro Ángel Victor Torres. “El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, sigue. Y añade: “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

Desde entonces, un pulso administrativo por tierra, mar y aire. Primero, Madrid registró las alegaciones que ahora tumba el Gobierno central. Luego, en diciembre, el PP aprobó en la Asamblea una reforma legal para que la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Es decir, para que Ayuso pueda vetar su instalación. Y ahora, con la decisión del Consejo de Ministros, es posible que el choque llegue hasta el Tribunal Constitucional: el requerimiento que rechaza el Gobierno central es el paso necesario y previo a su envío.