El PP de Ayuso diseña una argucia legal para vetar que el gobierno recuerde que la Real Casa de Correos acogió las torturas del franquismo

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha decidido emplear “todos los resortes legales” a su alcance para evitar que el gobierno central culmine su proyecto de declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo madrileño, y antes de las torturas y encarcelamientos que se ejecutaban al amparo de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista. Por ello, de un lado la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones contra esa decisión administrativa de recordar el dramático pasado del edificio con una placa; y del otro, el PP ha registrado una enmienda a una ley que ya se tramitaba en la Asamblea y nada tiene que ver con este tema. El objetivo de esta argucia legal es que la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Es decir, se pretende aprobar una ley para que Díaz Ayuso pueda vetar su instalación.

“Intentar vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad”, ha opinado el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, desde Corea del Sur, donde está desplazado junto a Díaz Ayuso en viaje oficial. “Tiene más de 250 años de historia, y ha tenido distintos usos. Es un espacio de concordia, de encuentro, de todos los madrileños”, ha argumentado. “Por eso no solo vamos a presentar alegaciones, sino que vamos a utilizar todos los resortes legales a nuestro alcance para tratar de parar lo que a todas luces atenta contra la capacidad de autogobierno y las competencias exclusivas del gobierno de la Comunidad de Madrid”.

El Ejecutivo autonómico expone en sus alegaciones que “el acuerdo vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”. Además, el gobierno regional denuncia que “el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, pues no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de memoria democrática hasta que publicó la decisión en el BOE. Y argumenta que no procede destacar que el complejo fue sede de la DGS entre 1939 y 1979 porque también ha sido oficina central de Correos, y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación.

Pero nada se deja al azar. Por si esas alegaciones no llegan a buen puerto, el PP ha aprovechado la mayoría absoluta de la que goza en la Asamblea para registrar una enmienda sobre este asunto en la Proposición de Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública que se tramita en Parlamento regional. El objetivo es modificar la Ley 1/1983 del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid a través de esta nueva norma ómnibus, en la que se deciden decenas de cambios de distintas leyes en una sola votación. Con ello el PP busca asegurar que el gobierno regional tenga que dar su consentimiento previo a la instalación de cualquier placa en un edificio que también es bien de interés cultural (BIC). La excusa es garantizar, dice la enmienda, “la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia” en la sede del gobierno.

“Vamos a registrar una serie de enmiendas a la ley de simplificación administrativa que tenemos en marcha en la Asamblea para proteger a la Real Casa de Correos como sede de la presidencia de la Comunidad”, ha dicho este lunes Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea. “El edificio de la Puerta del Sol tiene una historia de más de 250 años, ha sido sede de distintas instituciones del Estado, es la casa de todos los madrileños, y así queremos que continúe”, ha añadido. “Es un edificio que pretendemos mantener la neutralidad, ese carácter institucional, la pluralidad, el respeto a la verdad, a la historia, y ese carácter que tiene desde hace muchos años como sede de la presidencia regional”, ha seguido. Y ha terminado: “Queremos preservar ese carácter actual (...) Que no se pueda desnaturalizar (...) ni como sitio de memoria de ningún tipo, ni como cualquier otra cosa. Es una respuesta a cualquier intento de pervertir la situación actual del edificio (...) ”.

La apelación a la neutralidad de la sede gubernamental hecha por el ejecutivo regional y el PP no es compartida en los mismos términos por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

“Neutralidad no puede ser equidistancia entre torturadores y torturados”, argumentan en el departamento a preguntas de este diario. “La sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid como lugar de encuentro no hace más que acrecentarse con el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática”, subrayan tras recordar que la comisión constitucinal del congreso aprobó en octubre una proposición no de ley que insta el gobierno a colocar una placa en la fachada principal del edificio que recuerde a las personas que allí fueron detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas. “La historia no sufre por el ejercicio del derecho a la verdad de las víctimas”.

“Un ataque a la presidenta”

A finales de octubre, el gobierno regional reaccionó con la máxima severidad a que el BOE recogiera una resolución de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno central para declarar como lugar de memoria democrática la sede del ejecutivo regional, que durante la dictadura franquista acogió la dirección general de seguridad.

“Es un ataque a la presidenta”, dijo entonces el consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, sobre una significación del edificio que el equipo de Díaz Ayuso siempre ha intentado soslayar.

Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo a colocar una placa que recordara el terrible pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir entonces que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

Entonces, tanto Díaz Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

En contraposición, así argumenta el texto del gobierno central la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en Presos contra Franco (Galaxia Gutenberg, 2019).

“La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias”, se lee. “El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, se sigue. “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

El proceso de declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culminaría con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según un portavoz del gobierno central. Pero aún están por estudiar tanto las alegaciones de la Comunidad como los efectos de la reforma legal que impulsa el PP en la Asamblea.