El ‘Gran Hermano’ de Almeida: 83 cámaras con IA concentradas en cuatro distritos de Madrid

En Madrid, 367 ojos metálicos escudriñan las calles sin distracciones, sin libranzas ni festivos, de día y noche. El 22% de estas cámaras de seguridad, 83, están dotadas además de cerebro, es decir, que gracias a la inteligencia artificial (IA) pueden reconocer caras, buscar de vestimentas a matrículas y seguir el rastro de una persona. Y el 40% del total han sido instaladas por José Luis Martínez Almeida, un alcalde que apuesta decididamente por la videovigilancia: todas las cámaras que hay con IA se han instalado durante su mandato. Esta misma semana estrenó 16 cámaras en la plaza del Dos de Mayo y 15 en la plaza Elíptica. Además, está en trámite la instalación de 37 aparatos con IA más a finales de este 2025 en la calle de Cullera (Latina, 18 cámaras) y los parques de Pradolongo (Usera, 14) y Calero (Ciudad Lineal, cinco). Así funciona la IA del Gran Hermano de Madrid, que ha costado 2,8 millones de euros.

Fuentes policiales municipales aseguran que en Madrid “solo se rastrean caras tras una denuncia y para una investigación con el fin de identificar unos rasgos concretos, no para barridos”, que se actúa por requerimiento judicial, y que las imágenes convergen en un centro integral de señales de vídeo, donde son “monitorizadas, supervisadas y custodiadas exclusivamente por policías municipales”, donde se guardan durante un mes y solo se revisan “a requerimiento judicial”.

Las cámaras de este tipo, contextualiza el abogado experto en este campo Francisco Pérez Bes, exsecretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), suelen usar visión artificial, lo que “permite identificar objetos, hacer reconocimiento facial y diferenciar un perro de una papelera”, a lo que se suma “la inteligencia artificial, una capa adicional que permite procesar toda esa información de una manera mucho más rápida y mucho más profunda, comparar esa imagen con una base de datos y llegar a identificar incluso las emociones de las personas”. El Ayuntamiento no ha especificado el modelo instalado en Madrid, por lo que se desconoce si tienen tanta capacidad.

En la región hay un caso paradigmático. En 2021, Las Rozas empezó a implantar una red de videovigilancia con IA. Solo un año después, la inversión ya dio frutos: el sofisticado sistema del municipio permitió encontrar en cuestión de horas a un chico de 15 años que supuestamente había matado a una mujer de 41 con la que convivía, y a la que dejó en la bañera de su casa. Saber que el presunto autor podía llevar una mochila negra permitió localizarlo a través de las cámaras y trazar su recorrido.

Lo importante, advierte Pérez Bes, es qué se permite legalmente hacer o no con la IA, ya que “hay un conflicto de derechos: el derecho a la seguridad y el de los ciudadanos a su privacidad y su intimidad”. Con la entrada en vigor del reglamento europeo de IA, está prohibida la identificación biométrica remota en tiempo real, es decir, buscar personas en concreto, salvo tres excepciones: la búsqueda de víctimas de secuestro, de trata de seres humanos, de explotación sexual o de personas desaparecidas; para prevenir una amenaza como un atentado terrorista; y para intentar localizar o identificar a un sospechoso de un delito grave.

El Ayuntamiento (PP) ha acogido con entusiasmo esta posibilidad de videovigilancia. La oposición, sin embargo, pide seguridades, sin mostrarse en contra. El concejal Miguel Montejo (Más Madrid) señala que “la seguridad es algo bastante más complejo que solo la actuación policial o las cámaras”. “Si no se trabaja de una manera integral en el desarrollo de los barrios, en la limpieza, en las adicciones..., lo único que se consigue será una falsa percepción de mejora de la seguridad, no una mejora real”, concluye.

La posición del PSOE es que “se tiene que estudiar cada caso y conjuntamente con la Policía Nacional” bajo los principios de “proporcionalidad, idoneidad, intervención mínima y garantismo” para “evitar lesionar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, detalla por teléfono el concejal Enrique Rico.

“Las 367 cámaras pueden ser un instrumento útil si se emplean de manera adecuada, pero siempre con respeto absoluto a la privacidad y bajo estrictos controles que eviten un uso indebido”, subrayan en Vox. “La protección de la intimidad no puede quedar comprometida bajo ningún concepto”.

En Madrid, las cámaras inteligentes se concentran en solo cuatro de los 21 distritos: Centro (44), Carabanchel y Usera (15) y Villaverde (24).

La primera tanda de aparatos con IA, 24, se puso en diciembre de 2022 en la colonia Marconi (Villaverde) con una inversión de 824.000 euros. A estas les siguieron 25 con IA y una tradicional en Chueca en noviembre de ese mismo año por medio millón. Durante este mandato, iniciado en 2023, ya se habían situado tres con IA por 68.400 euros en la Puerta del Sol en febrero de 2024.

Las últimas, 16, se colocaron hace unos días en la plaza del Dos de Mayo y otras 15 en la plaza Elíptica por 1,5 millones de euros. Además, está en trámite la instalación de 37 aparatos con IA más a finales de este 2025 en la calle de Cullera (Latina, 18 cámaras) y los parques de Pradolongo (Usera, 14) y Calero (Ciudad Lineal, cinco) por dos millones.

Según el Ayuntamiento, lejos de molestar a los vecinos, las cámaras se instalan en respuesta a sus demandas. ¿Es así? “A veces sí, a veces no, en función de las áreas y de los fenómenos que se están dando”, contesta Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Por ejemplo, en Cullera (Latina) “hay un problema muy intenso de narcopisos”, por lo que fue la asociación de Lucero quien hizo la petición a la Junta de Distrito. También en Dos de Mayo fue por iniciativa de la asociación Maravillas.

“No estamos en contra de las cámaras”, subraya Nacarino. La pega, dice, es que “la administración usa el mero anuncio de su instalación como la solución a todos los problemas, pero al final su sola presencia no soluciona las cosas, es una medida más dentro de las que se deberían adoptar”.

Como anécdota, Nacarino cuanta que en la crisis de los narcopisos de Peña Gorbea (Puente de Vallecas) en 2018, la comisaría cambió de intendente. “La nueva intendente lo primero que hizo fue ir a la zona más degradada con todos los mandos uniformados para ver lo que pasaba y no se levantó nadie de los que estaban trapicheando o bebiendo. Si ni siquiera un despliegue policial en determinadas situaciones sirve de nada, las cámaras menos”, recuerda. Así, argumenta, la videovigilancia genera una “sensación o percepción de seguridad subjetiva, psicológica” que en muchas ocasiones “es relativa o, incluso, irreal”.

En resumen, es una “medida positiva, pero insuficiente” para atajar problemas como el tráfico de drogas, la prostitución, los carteristas y los botellones, según Nacarino, por lo que la Fravm reclama “más agentes de Policía Nacional y Municipal”, ya que ambos cuerpos están infradotados en Madrid, y que sea “una policía de proximidad, que patrulle a pie”.

También pide un plan de acción en la calle “más potente por parte de Madrid Salud y de la Consejería de Sanidad” para frenar el aumento de la drogadicción en zonas como Centro, San Cristóbal, San Blas o Puente de Vallecas.

En cuanto al peligro de que la IA se use indebidamente, Nacarino no tiene una sola sospecha al respecto, pero reclama trasparencia: “No sabemos cómo va a hacer la policía para evitar abusos o malas prácticas, nos gustaría que nos explicaran los protocolos de seguridad”.