Madrid paga 162 millones por una línea de tren abandonada, incompleta y que nunca se usó

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el miércoles el gasto de 162.495.773,41 euros a la constructora de la línea de tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero: una infraestructura abandonada desde 2010, sin terminar, y por la que nunca ha circulado ni un solo convoy. El dispendio millonario en un proyecto inconcluso, decidido como compensación de las partes de la obra que sí se han entregado, se ve agravado por la estrategia seguida por la Comunidad frente al problema: 39.106.081,13 euros de los 162.495.773,41 pagados son intereses de demora, ya que la Administración ha dejado pasar tres años entre la recepción de lo construido (2018) y el pago (31 de diciembre de 2021). Una factura multimillonaria por una apuesta electoral de Esperanza Aguirre, impulsora de una vía férrea tan maldita que hasta ha acabado formando parte de los casos de corrupción que afectan a los Gobiernos del PP.

Sin embargo, la decisión de la Comunidad es unilateral, y nada garantiza que acabe con el largo litigio judicial que le enfrenta a la constructora (la antigua OHL, hoy OHLA), aún pendiente de resolverse, y en el que la concesionaria reclama mucho más que los 162 millones que ahora quiere pagar el Gobierno: pide alrededor de 300.

“¿Cómo no van a aceptarlo?”, se pregunta una fuente con galones en el Ejecutivo regional. “Esta obra ha salido mal, y con este pago se acaba el asunto”, sigue. “Ahora plantearemos al Gobierno central que se haga cargo de su finalización”, asegura, puesto que la infraestructura forma parte de la red estatal de cercanías, pese a haber sido impulsada por el Ejecutivo de Aguirre.

En 2007, OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para construir y explotar la línea que uniría a Móstoles con Navalcarnero, dando servicio a 200.000 personas. La obra debía estar finalizada en 2013. Sin embargo, los trabajos fueron abandonados en 2010, con 8 de los 14 kilómetros de la infraestructura ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Y desde entonces se suceden los litigios. Económicos y penales.

En los primeros se dirimía de quién es la culpa de los cambios que encarecieron el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). En ese frente la Comunidad acumulaba decisiones en contra que avanzaban el desembolso que ahora ha tenido que afrontar. De hecho, en octubre dos resoluciones judiciales le obligaron a devolver los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes le cobró a la concesionada entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.

Y en el frente penal, el magistrado Manuel García-Castellón ha abierto juicio oral en el marco del caso Lezo contra el expresidente Ignacio González al ver “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras, ya que presuntamente habría cobrado parte de una comisión de casi 2 millones de euros.

El futuro de la infraestructura

Ahora, y tras el pago millonario decidido por la Comunidad, queda por resolver qué se hará con la infraestructura. El anterior consejero de transportes, Ángel Garrido, llegó a plantear en febrero la cesión de la obra al Gobierno de España —“la población beneficiada de Móstoles superaría los 210.000 habitantes”, dijo—, pero el adelanto electoral decidido por Isabel Díaz Ayuso en marzo dejó en nada el proyecto. Una idea que ahora retomará su sucesor en el cargo, David Pérez, según una fuente de su confianza.

Fue así como empezó todo. Madrid, con Aguirre al frente, propuso un recorrido que el Estado no consideró prioritario. En respuesta, la Comunidad se lanzó a financiarlo con recursos propios, pese a que no era de su competencia: como iba a dar servicio a cientos de miles de personas, fue uno de los grandes reclamos electorales de Aguirre. Ahora Madrid paga 162 millones por un tren que nunca ha circulado. Y lo peor es que no es un ejemplo aislado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya dilapidó 105 millones de euros en iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia bajo el mando de Aguirre. Nunca se terminaron, y el Ejecutivo actual quiere retomarlas bajo el polémico modelo concesional que ha convertido en su sello.

Así se construyeron siete hospitales en esa época de mayorías absolutas del PP: entre 2008 y 2017 la Administración pagó 1.556.851.738 euros por ellos, un coste revisado continuamente desde entonces por los litigios entre ambas partes. Así se construyó el metro ligero oeste: se calculó tan bondadosamente el beneficio que iba a recibir la adjudicataria como para que el Gobierno de Cristina Cifuentes le redujera luego el canon por viajero en un 22%, con un ahorro de 19 millones al año y de cientos de millones en el tiempo total de la concesión. Y así se llevó a cabo la M-45: iba a costar 300 millones, y el Gobierno ya asume que saldrá por más de 2.000 millones, debido a errores en el cálculo de las expropiaciones para construirla, y a las discrepancias en el cálculo del pago por su uso.

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