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El negocio de la futura Ciudad de la Justicia: la Comunidad cifra en más de 230 millones de euros el lucro de la empresa concesionaria

La constructora invertirá 507 millones en hacer los edificios, y pagará los servicios, pero en 40 años recibirá 2.100 millones y explotará un aparcamiento, alquileres...

Ciudad de la Justicia Madrid
Terrenos de Valdebebas donde se ubicará la nueva Ciudad de la Justicia.Kike Para
Juan José Mateo

Todo está a la venta. Todo tiene un precio. Y todo forma parte de un gran negocio: la construcción y explotación de la futura Ciudad de la Justicia de Valdebebas durante 40 años, que dejará un beneficio de 231.231.963,64 euros en las cuentas de la adjudicataria, según el estudio de viabilidad del proyecto elaborado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un negocio redondo en el que el concesionario no solo recibirá de la Administración un total de 2.105 millones en 40 años a cambio de gastarse 507 en las obras y de mantener los edificios y sufragar los servicios de limpieza, seguridad o atención al usuario. También tendrá a su disposición 10.000 metros cuadrados para cobrar el alquiler a las farmacias, estancos o restaurantes que se instalen en la infraestructura. Y podrá explotar un aparcamiento, un centro deportivo o una escuela infantil.

“El beneficio que obtenga el operador dependerá de la oferta presentada, con la reducción que oferte de la tarifa (anual) que soportará la Comunidad de Madrid, y de los ingresos que obtenga de la explotación de los usos asociados”, explica un portavoz de la consejería de Justicia sobre todos los negocios que podrá poner en marcha el concesionario. “(Los 231 millones) serían el lucro máximo a obtener por el adjudicatario siempre que se den las condiciones planteadas en el estudio de viabilidad y sin tener en cuenta la eventual baja que oferte”, precisa, abriendo la expectativa de que la Comunidad tenga que pagar menos de los entre 59 y 69 millones al año que recoge el documento. “(Los 231 millones) Son una estimación a la que obliga la ley, aunque hay innumerables variables económicas que pueden surgir a lo largo de la concesión”.

El Gobierno de Madrid sabe muy bien cuál puede ser el coste de esos imprevistos, puesto que el modelo de gestión concesional se ha convertido en un agujero negro presupuestario en la región, y en un problema potencial para los Ejecutivos del futuro.

Así se construyó la carretera M-45, que iba a costar 300 millones y superará los 2.000. Así se levantaron siete hospitales por los que ya se han pagado otros 2.000. Así se logró que circulara el deficitario metro ligero oeste. Y así se quiere impulsar ahora la Ciudad de la Justicia, que se inauguraría en 2026, y, sostiene la Comunidad, supondrá un ahorro con respecto a la situación actual (de 72 millones a 49 al año por los mismos servicios). Y los 18 edificios construidos pasarían a ser patrimonio público al terminar la concesión.

Proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid.
Proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid.COMUNIDAD DE MADRID (Europa Press)
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Aunque el Ejecutivo asegura que la inversión supondrá un riesgo operacional para quien la asuma, ya que pueden surgirle competidores en la zona (como un centro comercial), o haber menos demanda de la prevista por los servicios, su planteamiento está lleno de guiños para hacerla atractiva: desde los ingresos que obtendría el concesionario por la explotación de una guardería, un polideportivo, el alquiler de oficinas, o un párking (268 millones en los 40 años) a la revalorización de la aportación anual que haría la Comunidad (que según el estudio de viabilidad pasaría de 49 a 69 millones a lo largo de la concesión, para un total de más de 2.105, el 88,71% de los ingresos). Estos son los detalles.

Por todo ello, en 2060, cuando un ciudadano acuda a la Ciudad de la Justicia por una citación judicial, podrá aparcar, comerse un sándwich, beberse una botella de agua y luego comprarse unas aspirinas. Aunque Díaz Ayuso ya no esté en política para entonces, convertida en un recuerdo de un pasado remoto, cada uno de esos gastos contribuirá a hacer frente a la factura que genere ahora su Gobierno. Sin embargo, la contribución anual directa de la Administración a la concesionaria seguirá siendo el corazón y la sangre de una operación urbanística y financiera gigantesca: supone el 88,71% de los ingresos previstos.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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