Isabel Díaz Ayuso imita el modelo Esperanza Aguirre: 36 años para pagar la Ciudad de la Justicia

¿Cómo será la Comunidad de Madrid dentro de 30 años? ¿Y quién la gobernará? Nadie lo sabe, aunque sí hay una cosa segura: el Ejecutivo que esté al mando entonces seguirá pagando al menos 50 millones de euros al año a la empresa que construya la nueva Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Las cifras de la operación son mareantes: el constructor gastará 500 millones en levantar 18 edificios, recibirá 50 al año durante unos 36 años (para un total de 1.800) y podrá explotar los bajos comerciales, aparcamientos y oficinas a cambio de sufragar los servicios de seguridad, limpieza o atención al cliente. Para cuando se jubilen los consejeros de Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles dan el pistoletazo de salida al proyecto, sus sucesores seguirán teniendo que ejecutar sus planes. Sea cual sea su partido. Un modelo con el sello PP: hospitales, carreteras, viviendas o trenes también se han puesto en marcha con acuerdos firmados para varias décadas.

“El problema con el modelo de concesiones publico privadas que hemos tenido hasta la fecha en la Comunidad de Madrid es que la negociación de los cánones a pagar a las concesionarias es tremendamente gravoso para los ciudadanos”, lamenta Alberto Oliver, de Más Madrid, el partido que lidera la oposición al PP en la Asamblea. “Su única ventaja es que se pueden llevar a cabo sin considerarlas en presupuestos, pero se difieren los pagos decenas de años, y se hipoteca el futuro de la región, escondiendo deuda debajo de las alfombras que antes o después acaba aflorando”, prosigue. Y subraya: “Cuando gobernemos [sic] procederemos a una revisión exhaustiva de todas las concesiones y se valorará caso a caso”.

El Gobierno regional, sin embargo, contrapone una visión muy distinta. “La necesidad de disponer y desarrollar nuevas infraestructuras y la prestación de servicios considerados esenciales, choca frontalmente con el problema que supone su financiación”, afirma un portavoz gubernamental, que recuerda que así la Administración se ahorra la inversión inicial en la construcción (a cargo del concesionario) y reduce sus riesgos. “Es aquí donde entra la figura de la concesión, con amplia tradición en la legislación estatal y comunitaria”.

En pocos lugares está esa tradición más arraigada que en Madrid, donde el PP lleva gobernando más de un cuarto de siglo. De Alberto Ruiz-Gallardón a Díaz Ayuso, las decisiones tomadas durante ese largo periodo de tiempo harán que la gestión conservadora afecte a las arcas públicas durante al menos otros 40 años. Hay ejemplos de sobra:

• Los siete hospitales que el Gobierno de Esperanza Aguirre inauguró en la segunda legislatura de la baronesa tienen un plazo de concesión de 30 años: entre 2008 y 2017 la Administración pagó 1.556.851.738 euros por ellos, un coste revisado continuamente desde entonces por los litigios entre ambas partes.
• Tres décadas es también el periodo tasado para que la concesionaria del metro ligero oeste explote unas líneas que unen tres bastiones electorales populares (Aravaca, Pozuelo y Boadilla): se calculó tan bondadosamente el beneficio que iba a recibir la adjudicataria como para que el Gobierno de Cristina Cifuentes le redujera luego el canon por viajero en un 22%, con un ahorro de 19 millones al año y de cientos de millones en el tiempo total de la concesión.
• El mismo periodo de concesión afecta a la carretera M-45: iba a costar 300 millones, y el Gobierno ya asume que saldrá por más de 2.000 millones, debido a errores en el cálculo de las expropiaciones para construirla, y a las discrepancias en el cálculo del pago por su uso.
• El Plan Vive, con el que el actual Ejecutivo regional quiere construir 15.000 viviendas públicas en alquiler en ocho años, llega aún más lejos: cede a las constructoras la explotación de los terrenos durante medio siglo.
• Con este mismo modelo se ha querido ampliar el hospital Niño Jesús: que una empresa corra con los gastos de la construcción a cambio de hacer en paralelo un aparcamiento que explotaría durante los próximos 40 años.

Un tiempo que en el caso de la Ciudad de la Justicia se llevará hasta los 36 años, lo que elevaría el gasto a unos 1.800 millones. Aunque todos los edificios revierten al terminar la concesión en la Administración, engordando así su patrimonio, el nuevo proyecto plantea preguntas aún sin respuesta:

¿Qué pasará con los edificios judiciales que abandonará la Administración para trasladarse al nuevo complejo, y que están valorados en 300 millones de euros en caso de venderse, según un informe de Deloitte al que ha accedido EL PAÍS? ¿Se optará por el alquiler, en cuyo caso los ingresos anuales estarían en el entorno de los 16 millones de euros, según esta consultora? ¿Qué parámetros servirán para recalcular la cuantía del canon que paga la Administración según avancen las décadas? ¿En qué se diferencia este proyecto del que impulsó Aguirre, y que aún investiga la justicia por sus presuntos sobrecostes, o del que luego intentó Cristina Cifuentes?

Sobrecoste de unos 150 millones

“Del proyecto de Aguirre, que era megalómano y fue un fiasco completo, aún no sabemos el dinero que se tiró a la basura, estará en torno a 150 millones”, contesta una fuente que se conoce al detalle la investigación que hizo al respecto la Asamblea, y que dejó negro sobre blanco que el acto de colocación de la primera piedra había costado 1,4 millones de euros; que se realizaron 72 actos de presentación del proyecto en Nueva York, Singapur, Múnich o Milán; y que se pagaron sueldos millonarios a arquitectos famosos como Norman Foster por diseñar edificios que ahora no verán la luz. “Por eso ahora hay que extremar las cautelas y los controles para que no devenga en otro fiasco, ya que puede que la infraestructura sea necesaria”.

“La colaboración público-privada puede ser una vía de financiación de inversiones cuando no se tiene capacidad para llevarlas a cabo, pero si esta Comunidad no es capaz de asumir la financiación de una actuación como la de la Ciudad de la Justicia en cuatro años es que está pensando en el negocio de unos pocos, más que en el interés de la ciudadanía madrileña”, amplía José Luis García, diputado del PSOE. “Lo más negativo es el coste tan elevado que tiene para las arcas regionales, simplemente hay que mirar los impagos que se están produciendo en las concesiones de hospitales”, añade. Y plantea: “La cuestión es por qué tenemos que pagar 1.800 millones de euros por una inversión de 500 millones que se puede acometer en cuatro años”.

El modelo, recuerda un portavoz gubernamental, obliga al concesionario a ofrecer los servicios necesarios, además de a construir los edificios. Y se aplica en otras comunidades autónomas en las que no gobierna el PP, como Cataluña, donde se usó para la Ciudad de la Justicia de Barcelona. No obstante, se aplique donde se aplique, obliga a hipotecar miles de millones de euros en gasto durante varias décadas. Y gobierne quien gobierne. Con una peculiaridad: las concesiones de Madrid son en ocasiones a más largo plazo que otras homologables.

Todo empezó en la Comunidad Valenciana. Con el PP en el poder, el Gobierno regional concedió la gestión de un hospital, 14 centros de salud y 31 consultorios en 35 municipios a una empresa privada. Corría 1999, y así nacía el modelo Alzira, implantado luego en Torrevieja, Dénia y Vinalopó, y exportado a Madrid, donde ha llegado a su máxima expresión: si esas primeras concesiones valencianas fueron de 15 años (así se decidió tras registrar pérdidas entre 1999 y 2002), las madrileñas llegaron a los 30.

La idea fue recibida con entusiasmo por el Gobierno de Aguirre: con el consejero de Sanidad a la cabeza, llegó a participar en foros en los que se pedían más de 1.000 euros por asistente a cambio de escuchar todos los detalles sobre los pliegos de condiciones de su plan de infraestructuras. Casi dos décadas después, y tras mil y un litigios, el Gobierno formado por PSOE, Compromís y Podemos ha empezado a revertir al sistema público las concesiones valencianas cuando estas han terminado.

En Castilla y León, el acuerdo del Gobierno de coalición formado por PP y Cs también recoge el compromiso de estudiar la reversión de la concesión del hospital universitario de Burgos (hasta 2036).

¿Y en Madrid? ¿Cabe esa posibilidad en el caso de que haya un cambio de Gobierno? “No hay un riesgo político”, contestan desde el Ejecutivo regional, donde aseguran que el gasto previsto para la concesión de la Ciudad de la Justicia (50 millones al año) es menor que el que se hace ahora por los mismos conceptos (72 millones).

“Con este modelo aseguramos la estabilidad financiera de la Comunidad y un gran ahorro al contribuyente”, aseguran en la Consejería de Justicia, que ha coordinado el proyecto. “Es más importante gastar bien que gastar mucho”.

Redes clientelares

Una argumentación que no convence a los partidos de la oposición, que ven en el modelo concesional la posibilidad de establecer y consolidar redes clientelares en una región que el PP gobierna desde 1995, y en la que han anidado las tramas que se investigan en los casos Púnica, Gürtel, Lezo…

“En los municipios donde gobernamos ya hemos revertido concesiones injustas. Ahora el cambio tiene que llegar también a la Comunidad de Madrid”, afirma Carolina Alonso, de Podemos, poniendo como ejemplo la remunicipalización del alumbrado eléctrico de Alcorcón. “Lo que Ayuso llama eufemísticamente colaboraciones público-privadas son una forma muy refinada de corrupción, en la que el PP desvía dinero público con contratos o concesiones a 30 o 40 años a empresas amigas, y luego estas se lo agradecen haciendo donaciones en b para las campañas electorales”, opina.

El Gobierno espera que la nueva Ciudad de la Justicia esté lista en 2026. En 2060, cuando el recuerdo de su inauguración quede tan atrás como ahora el de las fotos en blanco y negro de los pactos de la Transición, Madrid la seguirá pagando.

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