OHL recurre la sanción de 34 millones por no construir el tren a Navalcarnero

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid impuso en febrero de este año una multa de 34 millones de euros a la empresa Cercanías Móstoles Navalcarnero (propiedad de la constructora OHL) por el “incumplimiento de la obligación de ejecutar la totalidad de las obras” de una nueva conexión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles (205.000 habitantes) y Navalcarnero (26.300). La línea, de 14,8 kilómetros de longitud y cuyas obras comenzaron en 2008, debía haberse inaugurado en 2013, pero los trabajos fueron abandonados en 2010. De hecho, la tuneladora, una gigantesca maquinaria que estaba horadando el subsuelo de Móstoles, lleva años abandonada en mitad de un páramo.

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes, del PP, para asegurarse el cobro de la gigantesca sanción explica en el expediente al que ha tenido acceso EL PAÍS que se queda, de entrada, con los 15,8 millones de la garantía que tuvo que presentar la constructora y que procederá a la vía ejecutiva para cobrarse los 18,2 millones que restan del pago.

OHL interpuso frente a esta resolución un recurso contencioso-administrativo el pasado 17 de febrero. La empresa mantiene otro contencioso contra la Comunidad, debido a que el Ejecutivo regional no admitió su petición de resolución del contrato ni el abono de lo invertido hasta el momento (165 millones de euros de recursos propios invertidos entre 2008 y 2009, más los daños y perjuicios), según sus datos.

La historia de esta fallida conexión entre Madrid y el suroeste de la región comienza en 2007 cuando Esperanza Aguirre, candidata del PP a la Comunidad, convierte el proyecto en su promesa estrella para esta zona de Madrid. Tras ganar las elecciones, en 2008 coloca la primera piedra y adjudica a OHL la construcción. La empresa debía invertir en el proyecto 362 millones. OHL correría con todos los gastos y el Gobierno regional le pagaría un canon en función del número de pasajeros que tomasen cada día la línea.

Pero el 14 de enero de 2010, la mercantil decidió parar las obras por el incumplimiento del compromiso del Ayuntamiento de Móstoles de aportar 50 millones a la operación con marzo de 2010 como fecha límite, y de "cerrarse toda posibilidad de acceso a crédito bancario por la pasada crisis". El trazado contaría con siete estaciones y pararía, además de en Móstoles y Navalcarnero, en Arroyomolinos.

Mintra, la sociedad pública que gestionaba el transporte férreo de Madrid, se dirigió a OHL exigiendo una explicación. Se dio a la concesionaria un nuevo plazo para que acabasen las obras, podían acabar en 2013 en vez de en 2011. En febrero de 2014, con las obras todavía abandonadas, el pleno de la Asamblea aprobó instar al Gobierno regional que exigiese a la concesionaria el fin de las obras. Otro intento que no prosperó.

Las denuncias comenzaban a llegar también desde los ayuntamientos. Navalcarnero remitió a Mintra un informe sobre los daños y perjuicios que estaba causando la paralización de las obras. El municipio pedía que se reanudaran la infraestructura o que se restituyeran todos los servicios y viales afectados a su estado original.

En Móstoles, la empresa enterró las obras realizadas antes de las últimas elecciones municipales, porque habían llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid que se "comprometía a resolver la situación tras la cita electoral". Otro compromiso incumplido, asegura OHL. "No solo no desbloquearon la situación, sino que notificaron la apertura del expediente sancionador", desvelan.

En mayo de 2015, la Dirección General de Infraestructuras advierte a la mercantil de la posibilidad de imponer sanciones si no reinician la ejecución del tranvía, porque el contrato seguía vigente. OHL reacciona y presenta solicitud de resolución del contrato 15 días después del aviso. En este tira y afloja la Comunidad de Madrid inicia el expediente sancionador el 13 de noviembre de 2015 “por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del concesionario”.

La concesionaria culpa también a la Administración de exigirles actuaciones complementarias sin modificar el proyecto ni el plazo del contrato. La Consejería de Transportes sostiene, sin embargo, que no han existido tales cambios con respecto al proyecto aprobado en 2008. Sí se les exigió que realizaran unas obras de reposición debido al mal estado en que se encontraba la infraestructura abandonada, que ponían en riesgo la seguridad de las personas y los bienes. Pero estas actuaciones no eran incompatibles con la línea ferroviaria.