El tren a ninguna parte

Las obras del cercanías a Navalcarnero (localidad madrileña de 26.000 habitantes) fueron el proyecto estrella de Esperanza Aguirre, del PP, para la zona suroeste de la región en las elecciones de 2007. Pero nunca llegaron a buen puerto y ahora se encuentran en el centro de la Operación Lezo. El proyecto pretendía conectar Móstoles (205.000 habitantes) con Navalcarnero, localidad donde estaban previstos importantes desarrollos urbanísticos que la crisis se encargó de dinamitar. El tramo ferroviario de 14,8 kilómetros se completaba con siete estaciones y debía estar acabado en 2013.

El proyecto se adjudicó a la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, propiedad de OHL) y Aguirre puso la primera piedra en 2008. La constructora se comprometía a correr con todos los gastos de la infraestructura y su explotación, mientras que el Gobierno regional le pagaría un canon por cada usuario (2,94 euros). La inversión prevista era de 362 millones. Las previsiones de viajeros de OHL para la línea superaron con creces las que manejaba el Consorcio Regional de Transportes. Esperaban contar con 9,7 millones al año, mientras que las cuentas de la Administración llegaban solo a los 5,1 millones.

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Una tuneladora de 17 millones de euros y 10 metros de diámetro comenzó a perforar. Pero en 2010 la concesionaria paró la obra por “problemas financieros”. La empresa reprochó al Gobierno regional que no le inyectara los 50 millones que el Ayuntamiento de Móstoles iba a aportar al proyecto, “según se recogía en el pliego de condiciones”. Otro de los problemas con los que se topó OHL fue el soterramiento de un túnel, “que tampoco se contemplaba en el proyecto original”.

Y, como si se tratara de un pacto de no agresión, nadie avanzaba en la solución, ni la Comunidad de Madrid ni la empresa, y el ferrocarril seguía varado, ante el asombro y las críticas de los vecinos. El 12 de junio de 2015, con el Gobierno regional de Ignacio González en funciones, la concesionaria presentó una solicitud de resolución del contrato, alegando incumplimientos de la Administración.

Pero, con la llegada de Cristina Cifuentes al Gobierno, la Consejería de Transportes desestimó la petición y emprendió acciones contra OHL debido al incumplimiento del plazo de entrega fijado en el contrato. En febrero del año pasado, les impuso una multa de 34 millones. La Comunidad pretendía cobrar parte de la sanción con la garantía de 16 millones depositada por OHL. Esta intentó pararlo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Gobierno regional, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La constructora ha recurrido la decisión.

En mayo de 2016 la concesionaria se declaró en concurso de acreedores y en la actualidad se encuentra en liquidación, por lo que consideran resuelto el contrato con el Gobierno. Piden, además, una indemnización de 370 millones (320 por la inversión realizada y 50 por supuestos daños y perjuicios). La Comunidad, por su parte, abrió un expediente de incumplimiento y le reclama 300 millones a la mercantil.