CASO LEZO

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Ignacio González por el tren a Navalcarnero

Anticorrupción acusa al político de lucrarse con parte de la comisión de 2,5 millones de dólares que presuntamente pagó la empresa adjudicataria de las obras. El ministerio público también pide seis años para el empresario López Madrid

Ignacio González, en su despacho de la Puerta del Sol cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, en 2013.
Ignacio González, en su despacho de la Puerta del Sol cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, en 2013.Gorka Lejarcegi

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho por la adjudicación irregular, en 2007, de las obras del tren a Navalcarnero por 360 millones de euros, investigada en el caso Lezo. Anticorrupción considera probado que González recibió parte de la comisión de 2,5 millones de dólares —1,8 millones de euros al cambio de entonces— que pagó la constructora OHL, para tres de cuyos directivos también pide prisión.

El fraude en la adjudicación del tren a Navalcarnero es la segunda pieza del caso Lezo —uno de los macrosumarios de corrupción que ha salpicado al PP madrileño en los últimos años— en la que Anticorrupción ha presentado escrito de acusación contra González. Ya lo había hecho antes en la pieza en la que se investiga la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II y en la que se produjo también un reparto de comisiones ilegales en el que el político supuestamente también se lucró. En esta, la Fiscalía pide para el expresidente madrileño ocho años de prisión por los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.

Además, González tiene pendiente que se dilucide su situación judicial en otros dos sumarios de corrupción: el caso Púnica, en la que está imputado por la financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre, y la pieza de la trama Gürtel sobre la caja b del PP, donde se investiga si el expresidente madrileño amañó otra adjudicación del Canal de Isabel II a cambio de fondos para la contabilidad opaca de la formación conservadora.

En el escrito del caso del tren de Navalcarnero conocido ahora, la Fiscalía también pide pena de prisión para el empresario Javier López Madrid, consejero de OHL cuando ocurrieron los hechos y en la actualidad también imputado en el caso Villarejo. Para él pide seis años de cárcel por cohecho activo y falsedad en documento mercantil, al considerarle la persona que ideó el fraude. Anticorrupción concluye que López Madrid se aprovechó de “su estrecha relación personal” con Ignacio González para pedirle que “utilizara su posición preeminente como alto cargo de la Comunidad de Madrid [entonces era vicepresidente del Ejecutivo regional]” sobre uno de los responsables de la adjudicación para asegurarse así el contrato, cosa que finalmente ocurrió. El empresario había ideado hacer una oferta por el contrato muy baja para obtener la máxima puntuación y, posteriormente, solicitar una modificación del mismo al alza para compensar “la merma de ingresos que suponía esa oferta”.

Transferencias a México

A cambio, López Madrid y otro directivo de OHL, Rafael Arturo Martín de Nicolás —entonces director general del área de construcción nacional de la compañía y para el que la Fiscalía pide seis años y medio de cárcel— acordaron pagar al dirigente popular y a uno de sus hombres de confianza, Ildefonso de Miguel, una millonaria comisión. Para ello, contaron con la colaboración “esencial” de Felicísimo Damián Ramos, entonces director de Control de Gestión de OHL, y del también empresario Adrián de la Joya, imputado como López Madrid en el caso Villarejo. Para De Miguel, Anticorrupción pide cuatro años de cárcel; seis y medio para Damián, y tres años y medio para De la Joya.

En su escrito, la Fiscalía detalla como la trama transfirió en noviembre de 2007, desde las cuentas de la constructora en España, los 2,5 millones dólares de la comisión a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del propio Grupo OHL justificando los mismos con “conceptos ficticios”. Días después, el dinero era transferido a los depósitos que la sociedad panameña Lauryn Group, de Adrián de la Joya, tenía en entidades suizas como supuesto pago de “dos facturas por prestación de servicios ficticios”.

Según la Fiscalía, De la Joya había acordado con López Madrid, “con quien mantenía una estrecha relación de amistad”, hacer llegar posteriormente los fondos a Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González, a cambio de “una comisión por importe de un tercio de los fondos”. La Fiscalía considera que “en fecha anterior al mes de julio de 2008”, el dinero llegó finalmente a De Miguel en Madrid “en efectivo. [...] No obstante, al día de la fecha no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este acusado” y el expresidente madrileño, señala el escrito.

La Fiscalía destaca que, en enero de 2010, la sociedad adjudicataria de las obras del tren de Navalcarnero —una UTE bajo el control de OHL— paralizó la ejecución de las obras para solicitar el modificado de la adjudicación y, así, elevar el importe final, como supuestamente había previsto López Madrid. Sin embargo, aquella solicitud no fue finalmente admitida por la Consejería de Transportes y la sociedad fue declarada en concurso de acreedores en julio de 2016. Las obras no se llegaron a ejecutar.

Anticorrupción pide que declaren en la causa 36 testigos, entre ellos Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la constructora y ministro de Hacienda durante la Transición, y que llegó a estar imputado en la causa; y Eduardo Zaplana, exministro de los Gobiernos de José María Aznar e imputado en otras causas. También que se llame al empresario David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama Púnica arrepentido y que colabora con la justicia.

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