Los afectados por la venta de sus viviendas públicas a un fondo de inversión: “Nos han echado a los leones”

Los vecinos de 2.935 casas vendidas por la Comunidad critican que el Gobierno recurra la nulidad de la operación, decidida por el Supremo

Desde la izquierda, Alejandra Jacinto, Rachid Bouiko, Isabel Díaz Ayuso y Alicia Garcia.
Desde la izquierda, Alejandra Jacinto, Rachid Bouiko, Isabel Díaz Ayuso y Alicia Garcia.V. S. / L. DE V.

Cada llamada recibida encierra un peligro. Cada carta en el buzón, una amenaza. Casi siete años después de que la Comunidad vendiera 2.935 viviendas públicas a un fondo de inversión privado, la batalla judicial consecuente ha convertido en una tortura el día a día de cientos de afectados. Da igual que hasta tres presidentes regionales distintos se hayan comprometido en el último lustro a no replicar la operación, decidida por Ignacio González en 2013. El Ejecutivo anunció el martes un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la venta en diciembre. Y eso dejó boquiabiertos a los afectados, pero no callados.

"Seguiremos aguantando su desprecio, aunque no pararemos hasta que resarzan todo el daño que han causado y esas viviendas que malvendieron vuelvan al parque público", expuso en un comunicado la asociación que agrupa a los vecinos afectados por la venta, que reportó más de 200 millones a las arcas públicas.

La batalla empezó en Navalcarnero, uno de los once municipios madrileños en los que se construyeron las 32 promociones públicas. Rachid Bouikou pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Asegura que Encasa Cibeles le reclamó que la renta subiera a 150. Y así arrancó un pulso desigual, el de David contra Goliat, un particular contra la Administración, el turno de oficio contra el despacho de una empresa y la Abogacía de la Comunidad, los recursos finitos contra los infinitos.

"Justo no es, pero yo nunca voy a dar marcha atrás. Yo voy siempre hacia adelante", cuenta Bouikou tras conocer que la Comunidad ha recurrido contra la sentencia del Supremo, que falló en su favor porque el Gobierno regional no había justificado la innecesariedad de las viviendas públicas cuando decidió su venta. "El Supremo nos ha dado la razón ya y va a ocurrir otra vez. No tienen razón para poner recurso", lamenta este padre de tres hijos, que lleva en la vivienda desde 2007. "Todo empezó en 2016. Cobraba la renta mínima, nada más. No podía trabajar por un accidente. Y ellos me llamaban, porque querían que cambiara el contrato de alquiler, que pagara 150 euros, y yo les dije que no", añade. "Vinieron a casa, a decirme que les tenía que dar las llaves, que tenía mucha deuda, que tenía que salir de allí".

Venta de viviendas de protección

pública de la Comunidad

y el Ayuntamiento

Adquiridas por fondos de inversión

Viviendas traspasadas según vendedor

y municipio o distrito

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento

Total comunidad

Ciudad de Madrid

1.380

1.860

2.935

Carabanchel

Centro

63

859

Villaverde

Collado Villaba

22

44

Torrejón

de Ardoz

Majadahonda

332

224

Móstoles

259

Villa de

Vallecas

916

Navalcarnero

192

Tielmes

21

Arroyomolinos

Leganés

Parla

Valdemoro

127

36

240

80

Detalle de los traspasos afectados

Tipo de protección pública:

Arrendamiento general

Arrendamiento con opción a compra

Arrendamiento con opción a compra

destinado a jóvenes

Ámbito

Promociones

inmobiliarias

Tipo de alquileres

afectados

0%

100%

Madrid (propiedad

del Ayuntamiento)

18

Madrid (propiedad

de la Comunidad)

17

Collado Villaba

1

Majadahonda

1

Leganés

1

Móstoles

3

Navalcarnero

2

Arroyomolinos

1

Torrejón de Ardoz

2

Tielmes

1

Parla

2

Valdemoro

1

Comunidad de M.

32

En un 81% de las viviendas vendidas

por la Comunidad había opción

de compra para jóvenes

Fuente: Cámara de Cuentas de la Comunidad de

Madrid / Empresa Municipal de Viviendas y

Suelo de Madrid e IVIMA.

N. C. / EL PAÍS

Venta de viviendas de protección pública

de la Comunidad y el Ayuntamiento

Adquiridas por fondos de inversión

Viviendas traspasadas según vendedor

y municipio o distrito

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento

Total comunidad

Ciudad de Madrid

1.380

1.860

2.935

Carabanchel

Centro

859

63

Collado Villaba

44

Villaverde

22

Majadahonda

332

Torrejón

de Ardoz

224

Móstoles

259

Villa de

Vallecas

916

Navalcarnero

192

Tielmes

21

Leganés

Arroyomolinos

Parla

Valdemoro

36

127

240

80

Detalle de los traspasos afectados

Tipo de protección pública:

Arrendamiento general

Arrendamiento con opción a compra

Arrendamiento con opción a compra

destinado a jóvenes

Ámbito

Promociones

inmobiliarias

Tipo de alquileres

afectados

0%

100%

Madrid (propiedad

del Ayuntamiento)

18

Madrid (propiedad

de la Comunidad)

17

Collado Villaba

1

Majadahonda

1

Leganés

1

Móstoles

3

Navalcarnero

2

Arroyomolinos

1

Torrejón de Ardoz

2

Tielmes

1

Parla

2

Valdemoro

1

Comunidad de M.

32

En un 81% de las viviendas vendidas por la

Comunidad había opción de compra para jóvenes

Fuente: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid /

Empresa Municipal de Viviendas y Suelo de Madrid e IVIMA.

N. C. / EL PAÍS

Venta de viviendas de protección pública

de la Comunidad y el Ayuntamiento

Adquiridas por fondos de inversión

Viviendas traspasadas según vendedor y municipio o distrito

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento

Total comunidad

Ciudad de Madrid

1.380

1.860

2.935

Carabanchel

Centro

859

63

Collado Villaba

Villaverde

44

22

Majadahonda

332

Torrejón de Ardoz

Móstoles

224

259

Villa de Vallecas

916

Navalcarnero

192

Tielmes

Arroyomolinos

21

127

Leganés

36

Parla

Valdemoro

240

80

Detalle de los traspasos afectados

Tipo de protección pública:

Arrendamiento general

Arrendamiento con opción a compra

Arrendamiento con opción a compra destinado a jóvenes

Ámbito

Promociones

inmobiliarias

Total de

viviendas

Tipo de alquileres afectados

0%

100%

Madrid (propiedad

del Ayuntamiento)

18

1.860

Madrid (propiedad

de la Comunidad)

17

1.380

Collado Villaba

1

44

Majadahonda

1

332

Leganés

1

36

Móstoles

3

259

Navalcarnero

2

192

Arroyomolinos

1

127

Torrejón de Ardoz

2

224

Tielmes

1

21

Parla

2

240

Valdemoro

1

80

Comunidad de Madrid

32

2.935

En un 81% de las viviendas vendidas por la

Comunidad había opción de compra para jóvenes

Fuente: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid / Empresa Municipal de Viviendas

y Suelo de Madrid e IVIMA.

N. C. / EL PAÍS

Entonces, Bouikou se puso en manos de un abogado de oficio, César Pinto. Así empezó una odisea judicial en la que también han participado desde el principio Alejandra Jacinto, Felipe Alonso o Manuel San Pastor, que representan a cientos de afectados distribuidos en los cuatro recursos colectivos que reúnen a los vecinos de Parla, Leganés y Vallecas (divididos entre los del Ensanche y los de Valdecarros).

"Esto es enfrentarnos a un enemigo poderosísimo sin armas", fotografía Jacinto, de la plataforma de afectados por la venta de vivienda pública. "Durante estos siete años hemos pasado de todo", sigue la letrada, de 30 años. "Elegimos meternos en esto porque somos abogados que entendemos la abogacía como herramienta para la transformación social. Participábamos en la PAH, habíamos vivido la injusticia de las ejecuciones hipotecarias, y vender vivienda pública, algo de interés general, nos pareció tan deleznable que entendimos que era una obligación ética poner nuestros servicios jurídicos al servicio de esta causa", añade. Y remata: "Nunca pensamos en tirar la toalla, pero este es un trabajo que genera muchas contradicciones, problemas en las vidas personales, porque conciliar el ejercicio comprometido de la abogacía y la sostenibilidad económica es muy complicado. De hecho, no sucede".

El teléfono de Jacinto, que también atiende el turno de oficio, no para de sonar. Es el referente para cientos de personas enfrentadas a un complejo conflicto legal.

"Se ha considerado que procede presentar el escrito de nulidad porque el Gobierno tiene que defender los intereses de la Administración y, sobre todo, de los afectados", explicó ayer David Pérez, el consejero de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Hay que tener en cuenta que en este momento hay más de 1.000 afectados que han comprado ya su vivienda, y que en este momento pueden tener la intranquilidad de [no] saber qué va a pasar con su vivienda", añadió. Y remató: "También para defender a estas personas, la Comunidad tiene que agotar sus recursos. El siguiente paso sería un recurso ante el Constitucional".

Aprovechando el fin del periodo de protección decidido por el Gobierno, Encasa Cibeles ya ha vendido al menos 1.159 apartamentos de los 2.935, 505 en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido.

El fondo, que gestiona las viviendas compradas por Goldman Sachs, dice haber recuperado más de 250 viviendas ocupadas desde que se hizo con las 32 promociones, en 2013. Asegura, también, que ha ofrecido la extensión de las reducciones de renta a la totalidad de los inquilinos beneficiados por esta medida (386 contratos en vigor a finales de 2015). Y apunta que en estos cinco años se han ejecutado 30 desahucios, siete en 2019, y ninguno de los inquilinos en situación de vulnerabilidad social.

Alicia García, de 49 años, corre el riesgo de sumarse a esa estadística el miércoles a las 9.30. Una llamada de teléfono, primero, y un escrito del juzgado, después, se lo anunciaron. "Esto es un sinvivir", cuenta rodeada de algunos vecinos de su bloque en la avenida Ensanche de Vallecas.

Casada y con dos hijos de 19 y 26 años, llegó en régimen de alquiler a este piso en 2007. Su marido, hoy en paro, ganaba entonces 930 euros como empleado de un campo de golf, con lo que podían pagar una mensualidad de 170 euros por esta vivienda de tres dormitorios. Cuando el piso fue vendido a Encasa, cuenta, todo cambió. Desde hace dos años, asegura, la empresa no acepta el pago de sus mensualidades.

"Querían que pagáramos más de 900 euros al mes, más la comunidad, más el IBI", dice García.

"Dijeron que la protección oficial se había acabado y que teníamos que irnos", explica José Manuel Rojas, un vecino al que no le ha llegado la orden de desahucio. "Estamos dolidos, enfadados y decepcionados con la Comunidad. Nos han echado a los leones. La señora Ayuso parece que no nos considera madrileños".

Su bloque tiene 57 pisos. Calculan que siguen habitados una treintena. Algunos no soportaron las "presiones" y terminaron yéndose. "Nosotros no podemos, no tenemos adónde ir", insiste García. Su vida, como la de cientos de afectados, se consume esperando documentos y decisiones de los juzgados.

Las claves de la polémica

  • Ignacio González vendió en 2013 2.935 viviendas protegidas que compró un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad por 201 millones. Eran 32 promociones de viviendas públicas repartidas por 11 municipios: 2.371 en alquiler con opción a comprar para jóvenes; otras 105 en alquiler con opción a compra; y 459 en alquiler.
  • De esas viviendas, al menos 1.159 ya han sido vendidas, 505 en el mercado libre y el resto a los inquilinos originales, que ejercitaron su derecho a compra.
  • Un inquilino de Navalcarnero, Rachid Bouikou, recurrió la venta al entender que se alteraban las condiciones con las que había accedido a su vivienda, argumentando, por ejemplo, que la empresa pública IVIMA revisaba los alquileres cada dos meses —adaptándolos a la situación de cada familia—. En 2016, la justicia dictaminó que no tenía legitimación activa para recurrir.
  • En 2017, sin embargo, el Supremo concluyó que los inquilinos sufrían las consecuencias directas de la venta, y que por lo tanto podían recurrir sus casos.
  • En mayo y junio de 2019, el Tribunal Superior de Madrid dictó sendas sentencias confirmando la anulación de las resoluciones del IVIMA permitiendo la venta, al no argumentar por qué esos bienes no tenían utilidad para la Administración.
  • Tras inadmitir el Supremo los recursos de casación de la Comunidad y el fondo comprador, el Gobierno se planteó acudir al Constitucional. Sin embargo, lo primero que ha hecho el Ejecutivo regional es presentar un "incidente de nulidad de actuaciones" en el que se argumenta "un defecto de arbitrariedad" en la decisión judicial.
  • El fondo Encasa Cibeles, por su parte, ha planteado la posibilidad de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ejecutivo madrileño ya que "el vicio que determinó la anulación del acuerdo sería imputable a la Administración", según su memoria económica de 2018. Nadie sabe cómo afectaría la reversión de la venta a los nuevos compradores en lugar de llevarse a cabo.

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