La Cámara de Cuentas alerta del coste de rectificar la venta de 1.720 viviendas públicas a un fondo

Pasará a la historia como una de las operaciones más ruinosas de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. En 2013, el Ejecutivo de Ignacio González decidió vender 2.935 viviendas públicas repartidas por toda la región a un fondo de inversión (Encasa Cibeles, de Goldman Sachs) por 201 millones de euros. Casi diez años después, la Justicia ha obligado a la Comunidad a recuperar todos los inmuebles que no hayan sido vendidos de buena fe en este tiempo, lo que ha provocado una sangría en las cuentas públicas que ha llamado la atención de la Cámara de Cuentas. En un informe preliminar aún pendiente de alegaciones al que accedió EL PAÍS, el ente fiscalizador advierte de la “incertidumbre” que genera en las finanzas regionales el distinto valor que le concede cada una de las partes del conflicto a las 1.720 viviendas que deben volver a ser de titularidad pública.

Así, el Gobierno ha provisionado 107 millones de euros para compensar a la compradora, “con independencia de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, pudiera interponerse”. El fondo, sin embargo, reclamó a través de un escrito al menos 174,5 millones de euros, de los que 123 corresponden a liquidación de prestaciones del contrato y 51,5 a daños y perjuicios, según la documentación a la que accedió este diario. Además, en ese documento también plantea un segundo escenario, en el que la Comunidad declare como incumplido el contrato, lo que supondría pagar casi 200 millones.

“Los hechos descritos ponen de manifiesto una incertidumbre sobre la cuantía final que habrá de abonar la Comunidad de Madrid por la recuperación de los inmuebles al patrimonio de la Agencia, con la consiguiente repercusión en sus estados financieros”, subraya la Cámara de Cuentas.

Así ocurre todo. Primero, Esperanza Aguirre impulsa la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios. Luego llega la crisis económica de principios de siglo. Está ya Ignacio González al frente del gobierno. Y decide que una de las mejores formas de lograr liquidez es vender estos inmuebles.

Y estalla el conflicto. La batalla empieza en Navalcarnero, uno de los once municipios madrileños en los que se construyeron las 32 promociones públicas. Rachid Bouikou pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Encasa Cibeles le reclamó que la renta subiera a 150. Y así arrancó un pulso desigual, el de David contra Goliat, un particular contra la Administración, el turno de oficio contra el despacho de una empresa y la Abogacía de la Comunidad, los recursos finitos contra los infinitos.

La pelea en los tribunales es tan prolongada, y atañe de una manera tan directa a la vida de cientos de personas, como para lanzar una carrera política: Alejandra Jacinto, una de las abogadas que representa a los inquilinos, acaba siendo elegida como diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Allí choca día sí día también con Isabel Díaz Ayuso, que le recuerda los intentos fallidos de llevarla a los tribunales que protagonizan abogados cercanos al partido de la diputada, y le tilda de “fracasada abogada”, olvidando conscientemente que Jacinto, precisamente, es una de las artífices de la victoria contra la Comunidad y Goldman Sachs.

Porque una y otra vez litigan las partes, y una y otra vez ganan los vecinos. ¿La razón? Que la justicia acaba dictaminando que en la venta no se respetaron los cauces administrativos correctos, porque en el procedimiento no quedó reflejado que los bienes vendidos no fueran de utilidad pública, y que por lo tanto pudieran ser traspasados.

Así, se abren hasta 19 procedimientos en los tribunales, según refleja el informe de la Cámara de Cuentas. Para cuando esta emite su balance, ya se han dictado cuatro sentencias firmes en favor de los demandantes: todas declaran la anulación de la resolución de adjudicación del contrato de enajenación, dejándola sin efecto, y con ello obligando a revertir la trasmisión de los contratos de arrendamiento (de Encasa Cibeles a la Comunidad). Más importante aún: en el marco de uno de estos procedimientos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de apelación de la Administración regional y fija que los efectos de la nulidad alcanzan a la totalidad de los inmuebles enajenados, a excepción de las viviendas transmitidas por el fondo comprador a terceros adquirentes de buena fe.

Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los inquilinos originales que tuvieron que marcharse cuando Encasa Cibeles les subió el alquiler por encima de lo que pagaban cuando la Comunidad era su arrendador? ¿Y con el dinero extra que tuvieron que pagar los 1.700 que sí lo afrontaron y se quedaron?

Dudas todas ellas que llevan a la Cámara de Cuentas a alertar del impacto que puede tener la operación de recuperar las viviendas en los estados financieros de la Comunidad de Madrid, que la próxima semana, previsiblemente, aprobará los primeros presupuestos regionales desde los de 2019.

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