La policía acude a la sede de dos diarios digitales para pedir los informes que hizo Villarejo sobre el BBVA

Agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha acudido este martes a las instalaciones de los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial con una orden judicial para que ambos medios entreguen todo el material relacionado con la denominada Operación Trampa, sobre la contratación por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) al Grupo Cenyt, propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en relación con la operación que quería realizar la constructora Sacyr para comprar el banco, según informan fuentes de ambas redacción. "Todo ha sido muy normal, les hemos dicho que lo entregaremos con la mayor brevedad posible", han explicado lfuentes del primero de los medios.

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El Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional reclama en la orden todo el material ya publicado en las ediciones de los días 9 de enero y siguientes, así como el que aún no se haya publicado y esté en poder de los dos medios de comunicación.

El escándalo por las supuestas escuchas realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo para el BBVA obligó a salir al paso al nuevo presidente de la entidad, Carlos Torres. A través de una carta dirigida a los empleados, Torres confirmó este lunes que el BBVA contrató los servicios del Grupo Cenyt, la agencia de detectives de José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, pero no aclaró el supuesto espionaje masivo a empresarios, políticos y periodistas del que se le acusa, a pesar de que empezaron la investigación hace seis meses y medio, en junio de 2018.

"Efectivamente, el Grupo Cenyt prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas a la que se refieren las noticias publicadas en los medios de comunicación desde el 9 de enero", reconoció Torres en una carta interna adelantada por Bloomberg.

Desde la Audiencia Nacional se están rastreando declaraciones de la renta, movimientos de cuentas bancarias y registros de llamadas. Este tipo de datos, que solo se pueden obtener por mandato judicial, eran clave en el modus operandi de Villarejo, que pudo comprometer la seguridad del Estado con la supuesta interceptación de comunicaciones.