Interior halla más pruebas del espionaje policial a Bárcenas

El Ministerio del Interior ha localizado en los últimos días nuevos documentos de la Operación Kitchen, la investigación fuera de control judicial que miembros de la policía patriótica, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo, realizaron sobre Luis Bárcenas. Se trata de notas sobre seguimientos y nuevos recibís de las entregas de fondos reservados a confidentes que colaboraron, entre ellos el chófer del extesorero del PP. El Gobierno desclasificará dicha documentación, catalogada como secreta, para remitirla en breve a la Audiencia Nacional.

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Gran parte de los documentos ahora localizados son informes policiales elaborados entre 2013 y 2014 por diferentes unidades de la Policía Nacional sobre los seguimientos a la familia del extesorero del PP. En un primer momento, el objetivo de la Operación Kitchen era recabar datos sobre el paradero del supuesto botín oculto de Bárcenas, pero finalmente se centró en interceptar la documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que pudiera guardar. Pese a que los documentos sobre estas gestiones policiales —denominados formalmente “notas informativas”— recibían un número de registro oficial, nunca fueron entregados al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa sobre la contabilidad b de los populares. Tampoco el material intervenido.

Sin embargo, estas notas informativas sí llegaban a la secretaría general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, entonces encabezada por el comisario Eugenio Pino, procesado por el intento de incorporar al sumario del caso Pujol un pendrive con información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat. Desde allí se enviaban copias mediante un oficio a la Unidad de Asuntos Internos y a la Comisaría General de Policía Judicial. De esta última dependía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) responsable de la investigación del caso Gürtel y de la caja b del PP.

Son estas copias las ahora localizadas por Interior tras un exhaustivo rastreo de sus archivos que no ha sido fácil. Al teclear en los sistemas informáticos la denominación Kitchen con la que la brigada patriótica—el grupo de policías que en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Interior elaboraba informes apócrifos contra rivales políticos— denominó a la operación de espionaje, no aparecieron resultados. Los responsables de las pesquisas tuvieron que hacer una búsqueda casi manual, según fuentes policiales.

El chófer y un preso

En esos documentos se recoge, sobre todo, la información que aportaba el conductor del político, Sergio Ríos, quien cobró durante dos años de los fondos reservados por su colaboración y que ayer compareció ante el juez Manuel García-Castellón, que investiga las actividades ilegales del comisario Villarejo. También detalles del seguimiento que se hizo a un preso de origen dominicano que había coincidido en 2013 en la prisión de Soto del Real (Madrid) con Bárcenas durante el primer encarcelamiento de este. Según aseguró otro recluso captado como confidente, este interno iba a aprovechar un permiso para encriptar documentación que el extesorero supuestamente escondía en un almacenamiento virtual. La vigilancia policial reveló que el preso no realizó el supuesto encargo y se gastó el dinero recibido en una juerga.

Otra parte de la documentación ahora localizada son nuevos recibís que el chófer de Bárcenas firmó en aquellos años tras cobrar todos los meses 2.000 euros por su labor de confidente. Varios de ellos ya fueron localizados por Interior a finales del pasado año y, tras levantar el Consejo de Ministros el secreto oficial que pesaba sobre ellos, los remitió a los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Manuel García-Castellón, que investigan, respectivamente, la contabilidad b del PP y el caso Villarejo.

Fuentes de Interior confirman que el Gobierno eliminará “de manera inminente” las restricciones legales que puedan existir sobre estos documentos para entregarlos a los magistrados. De la Mata reclamó expresamente en noviembre estos informes, así como la identidad de los responsables policiales y políticos que la pusieron en marcha.