El juez del ‘caso Villarejo’ rechaza pedir al Gobierno más información secreta

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha rechazado en un auto la pretensión de uno de los principales implicados, el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, de reclamar al Gobierno que desclasifique más información catalogada como secreta, como hizo el Ejecutivo a instancias del magistrado el pasado diciembre. El policía -presuntamente vinculado con la "organización criminal" liderada por el comisario José Manuel Villarejo- había reclamado en un escrito del pasado 5 de marzo que se le dispensara del deber de confidencialidad que le obligaba su puesto para poder declarar "libremente" sobre determinadas operaciones reservadas en Rusia, Siria y Arabia Saudí con lo que pretendía explicar su implicación en algunas de las actividades bajo sospecha. El juez, sin embargo, considera que por ahora dicha medida excepcional no es necesaria.

García Castaño fue interrogado este martes por el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción durante más de tres horas y volverá a hacerlo este miércoles. Antes de entrar en la Audiencia Nacional, el comisario defendió su inocencia y tildó de equivocada toda la investigación. García Castaño ha sido citado para declarar en cinco de las diez piezas separadas en las que se ha dividido el caso Villarejo. En concreto, por la llamada pieza principal, sobre el espionaje a altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial; por la pieza Iron, en el que se investiga el encargo a Villarejo por parte del despacho de abogados Herrero y Asociados para conseguir información confidencial de los socios de un bufete de la competencia; por la pieza Land, en la que se investigaba la participación del comisario jubilado en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de la urbanización de lujo madrileña La Finca; por la pieza Kitchen, sobre los supuestos seguimientos ilegales en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas, y por la pieza Trampa, sobre los encargos realizados por el BBVA para frustrar el intento de Sacyr de entrar en el capital del banco entre 2004 y 2005. Sobre estas dos últimas piezas, aún secretas, es por las que declaró este martes.

En concreto, en el caso Kitchen fue interrogado por "los numerosos ingresos en efectivo" que por un importe cercano a los 600.000 euros se registraron en sus cuentas y que los investigadores creen que forman parte de los fondos reservados que los policías implicados en el espionaje al extesorero del PP dispusieron para pagar a confidentes. El magistrado y el juez consideran que esos ingresos no forman parte de "sus retribuciones como funcionario en activo del Cuerpo Nacional de Policía, sin que conste ni aquel [el policía] haya acreditado en la causa otros recursos económicos de origen lícito que lo justifiquen", se lee en el auto en el que se le citaba a declarar. El magistrado destaca que los fondos reservados "nunca podrían ser destinados a retribuir directa ni indirectamente a los funcionarios a los que se le entregan estas partidas". Este martes, el comisario aseguró que el miércoles aportaría documentación bancaria para explicar estos movimientos económicos bajo sospecha.

La investigación apunta en que en todas esas piezas, García Castaño colaboró con su compañero Villarejo facilitándole datos secretos sobre las víctimas que obtenía de bases policiales o a través de empleados de bancos y compañías de telefonía. A cambio, supuestamente recibió elevadas cantidades de dinero. Dos de los coches que El Gordo y su familia -su mujer, también policía, se encuentra imputada- utilizaba figuran como adquiridos por empresas del entramado societario de Villarejo. García Castaño siempre ha negado haber realizado ninguna de las actividades ilegales del que se acusa y ha señalado a sus superiores como responsables últimos de que le facilitara información confidencial a su compañero al asegurar que fueron estos los que le indicaron que entregara a Villarejo los datos que le pidiese.

En una anterior declaración ante el juez, García Castaño ya admitió su participación en el caso Kitchen, pero como el resto de los mandos policiales imputados por el espionaje a Bárcenas, asegura que aquellos seguimientos se realizaron por la “alarma social” que entonces había provocado su contabilidad manuscrita sobre la caja b del partido. García Castaño siempre ha asegurado que aquel dispositivo fue absolutamente "legal" y tenía como objetivo localizar las cuentas y testaferros que el político pudiera estar utilizando para ocultar en el extranjero su fortuna.