Un tercio de los imputados en el ‘caso Villarejo’ son policías

Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción presentado el pasado agosto ante el entonces juez instructor de la causa, Diego de Egea, ya alertaba de la amplitud de la trama creada en torno al comisario jubilado. En aquel texto, los dos fiscales del caso recalcaban que la actividad de Villarejo y sus “consortes criminales” era un “fiel reflejo de la corrupción” que supuestamente “infectó” durante años a un grupo de mandos de la policía nacional. El escrito no dudaba en hablar de una “mafia policial” que se había protegido a sí misma “por un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado”. Según Anticorrupción, este grupo de policías corruptos no dudó en utilizar esta información comprometedora “tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas”.

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Las pesquisas de los últimos meses han constatado estas afirmaciones en los dos sumarios en los que se investigan las actividades irregulares de Villarejo, ambos abiertos en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción 6. El primero de los sumarios son las Diligencias Previas 96/2017, las que dieron pie a la Operación Tándem que desembocó en la detención en noviembre de aquel año del comisario jubilado.

El segundo es el abierto por las relaciones del alto mando policial con otro comisario, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo. Es la Operación Big, en referencia al nombre con el que Villarejo citada a su compañero en la documentación que se le intervino tras su arresto.

Ambos sumarios suman ya, al menos, 38 imputados, aunque fuentes jurídicas reconocen que al estar buena parte de la investigación aún bajo secreto, esa cifra puede ser mayor. De los que se conocen, cerca de un tercio corresponden a policías en activo o ya jubilados, entre ellos cinco comisarios. Así, además de Villarejo —que se jubiló en junio de 2016— y García Castaño, están los también comisarios Carlos Salamanca, Andrés Gómez Gordo y Eugenio Pino. Este último, procesado recientemente por otro juez por intentar introducir en el caso Pujol un pendrive con información bancaria supuestamente robada a la familia del expresidente de la Generalitat, fue el jefe máximo de la Policía entre 2012 y 2016 en su condición de director adjunto operativo.

Jubilados y en activo

Entre los otros policías hay dos inspectores jefes ya jubilados —Juan José Díaz y Manuel Novoa—, el inspector Antonio Bonilla —que figuraba como directivo de una de las empresas de Villarejo—, y tres policías. Uno es David Fernández Aumente, ya retirado, pero que ejercía de jefe de seguridad de una de las clientas del comisario jubilado, la empresaria Susana García Cereceda. Otros dos agentes son la esposa de García Castaño y un policía que supuestamente facilitó información reservada sobre un pequeño empresario y un abogado andaluz a los que la trama pretendía extorsionar por encargo.

El último agente imputado es Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que se convirtió en confidente durante el espionaje sin control judicial al que la Policía sometió al extesorero para robarle documentación comprometedora para el PP. Ríos, que recibió por su colaboración 2.000 euros al mes durante cerca de dos años, también fue recompensado con su ingreso en la policía nacional cuando tenía 40 años, muy por encima de la edad media habitual de los aspirantes. Las pesquisas han revelado que Villarejo también contaba con la colaboración de un funcionario de Hacienda, Antonio Chaparro, y un responsable de informática del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés.