Veinte años en las cloacas de Villarejo
La red ilegal de espionaje del policía está presente en los principales escándalos de la democracia
El caso Villarejo crece entre archivos sonoros e informes confidenciales hasta convertirse en uno de los mayores escándalos de la reciente etapa democrática. La investigación de una de las piezas separadas de la causa abierta al comisario jubilado José Manuel Villarejo ha confirmado en los últimos días que el Ministerio del Interior pagó en 2013 y 2014 con fondos reservados una operación secreta para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Un trabajo abonado con dinero público (48.000 euros) y perpetrado sin conocimiento del magistrado que investigaba la financiación ilegal de la formación conservadora.
Algunos de los policías que ejecutaron o conocieron aquella operación, entre ellos el propio Villarejo, han ratificado unos hechos que, de confirmarse, podrían poner a la cúpula de Interior a un paso de la imputación. El juez no puede citar a esos dirigentes como investigados, ya que tanto el ministro Jorge Fernández Díaz como su número dos, Francisco Martínez (secretario de Estado de Seguridad), son ahora diputados nacionales, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, es portavoz del PP en el Senado. La causa pasaría al Tribunal Supremo. Serían las últimas víctimas políticas de los secretos que Villarejo guardó durante más de 20 años en un disco duro cuyo contenido analiza la Unidad de Asuntos Internos de la Policía desde hace casi un año.
Febrero 2009. Estalla el caso Gürtel. El juez Baltasar Garzón desarticula una trama corrupta dirigida por Francisco Correa que logró contratos de Administraciones gobernadas por el PP a cambio del pago de comisiones ilegales. La investigación destapó la participación de Luis Bárcenas, entonces tesorero nacional del PP, en las actividades delictivas de la trama Gürtel.
Esos archivos secretos acreditan que Villarejo ha estado presente como actor en la sombra, sin control judicial o político, en algunos de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos —Gürtel, Lezo, Púnica, Palau, papeles de Bárcenas, ático de Ignacio González, fortuna de Jordi Pujol en Andorra—. También ha intervenido en algunos de los asuntos políticos o económicos que más inestabilidad han creado en España: proceso independentista de Cataluña; abdicación del rey Juan Carlos; grabaciones al CNI en el caso Nicolás o las maniobras para destronar a Francisco González del BBVA.
Este último trabajo del comisario, conocido ahora, agrava el escándalo. Villarejo perpetró entre 2004 y 2005 un espionaje masivo a empresarios, banqueros, políticos y periodistas para desbaratar una operación destinada a sustituir a Francisco González como presidente del BBVA, maniobra que fracasó.
Mayo de 2009. Rayado de discos duros. EL PAÍS publica los papeles de Bárcenas en enero de 2013. El PP despide al tesorero en febrero. La Audiencia abre una causa en marzo sobre la caja b. Bárcenas denuncia en abril al PP por quedarse con sus dos ordenadores. El PP destruye los discos duros en mayo y sus responsables serán juzgados por estos hechos.
Moncloa.com y El Confidencial han aportado ahora al juez pruebas documentales y sonoras de cómo Villarejo espió a quienes preparaban el asalto al poder en el BBVA. Lo hizo cuando era policía en activo a través de una de sus empresas privadas y cobró por ello medio millón de euros del banco.
En aquella oscura aventura, el comisario pagó sobornos a compañeros de la policía o trabajadores de compañías telefónicas que le suministraron datos confidenciales de determinadas personas. Además, grabó conversaciones de los adversarios de su cliente donde se destapaban otras supuestas corruptelas.
Julio de 2009. Romper elpendrive Villarejo se reúne con Dolores de Cospedal en la sede madrileña del Partido Popular. La secretaria general quiere conocer el estado de la investigación sobre el caso Gürtel y el comisario le cuenta: “Hemos hecho lo imposible por romper el pendrive [del contable donde figuran pagos en b a dirigentes del Partido Popular]”.
Este sistema lo aplicó y perfeccionó con otros muchos trabajos hasta que fue detenido y encarcelado en noviembre de 2017, según la investigación de la Audiencia.
Ocho piezas separadas
2013-2014. Fondos reservados para el chófer de Bárcenas. Interior, sin autorización ni control judicial, paga con fondos reservados al chófer de Bárcenas para que robe documentación al extesorero. El instructor del caso Villarejo investiga esos hechos. Los policías que hicieron o conocieron el trabajo confirman al juez el pago al chófer con fondos reservados.
El sumario que reúne las pruebas de este escándalo acumula ya ocho piezas separadas donde se investiga un amplio catálogo de delitos vinculados a la corrupción política y económica: cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, revelación de secretos, fraude a la Administración...
Todo empezó en el verano de 2017 como una causa menor pero ruidosa por afectar a un policía famoso por sus excesos. La investigación se centró en trabajos ilegales de espionaje para particulares (constructores, abogados, millonarios...) enfrentados a otros particulares.
Una caja b, tres procesos pendientes. La caja b del PP que controló Luis Bárcenas durante casi 20 años tiene tres procesos pendientes. El primero sentará en el banquillo al tesorero y, como responsable civil subsidiario, al PP. El segundo, que se juzgará antes, resolverá sobre la destrucción de los ordenadores. El tercero investiga los pagos de Interior al chófer de Bárcenas.
Unos meses después, tras el registro de la casa de Villarejo y el descubrimiento de un disco duro cargado de información sensible, el caso desembocó en un escándalo mayúsculo con múltiples ramificaciones del que se derivaban importantes consecuencias políticas.
Entre las víctimas de las prácticas delictivas de Villarejo que han salido a la luz se encuentra un expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que grabó para desprestigiarle; una exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a la que ofreció sus servicios para obstaculizar la investigación del caso Gürtel; el rey Juan Carlos; y toda la cúpula del Ministerio del Interior entre 2011 y 2016, implicada en el pago de fondos reservados para robar documentación comprometedora al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Para algunas de sus víctimas, como Ignacio González o Dolores de Cospedal, los archivos secretos de Villarejo han supuesto su ruina política. Para otros, un descrédito público de consecuencias todavía inciertas.
Las actividades de Villarejo le convierten en el mayor espía de la democracia con placa de comisario, según las pruebas que ha logrado reunir la investigación. Está preso desde noviembre de 2017. Todos sus intentos de salir de la cárcel se estrellaron con el rechazo de los fiscales anticorrupción que impulsan la investigación e, incluso, con la negativa del juez de refuerzo que instruía la causa hasta hace apenas un mes. Unos días después de que trascendiera que el magistrado pensaba dejar a Villarejo en libertad bajo fianza, el instructor decidió abandonar el caso y renunciar a pedir una prórroga en su situación como juez de refuerzo.
El magistrado titular, Manuel García Castellón, se ha hecho cargo de una causa con numerosas ramificaciones. Sus primeros pasos han acelerado la investigación. Ha imputado a un exfuncionario de Hacienda y a cinco policías que supuestamente actuaban como topos a sueldo de Villarejo para proporcionar información confidencial de determinadas personas.
En los próximos días, García Castellón deberá decidir además si decreta prisión provisional para Enrique García Castaño, comisario amigo de Villarejo que le suministraba información confidencial para sus espionajes ilegales.
Las ‘víctimas’ del comisario
La actividad ilegal del policía José Manuel Villarejo durante 20 años, cuyos detalles guardó él mismo en un disco duro, tiene consecuencias. El comisario espió a dirigentes públicos, empresarios, periodistas, jueces o abogados. Las andanzas de Villarejo, destapadas tras su detención y encarcelamiento, han causado ya algunas bajas políticas y amenaza a otras personalidades.
Ignacio González. Era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en 2011. Una investigación policial sacó a la luz un ático en Estepona (Málaga) alquilado por él por 2.000 euros mensuales. Preocupado por la repercusión, González se reunió con Villarejo y con otro comisario a los que confesó que no era bueno hablar de ello. En 2014, el comisario filtró la conversación, que había grabado. González, ya presidente autonómico, no repitió de candidato.
Dolores de Cospedal. Gracias a la intermediación de su marido, Ignacio López del Hierro, la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, se citó con Villarejo en su despacho. El comisario reveló a Cospedal todos sus intentos para torpedear la investigación del caso Gürtel y obstruir la acción de la justicia. Cuando la conversación, grabada por Villarejo, vio la luz, Cospedal dejó su escaño en el Congreso y solicitó su reingreso en la Administración como abogada del Estado.
Francisco González. El BBVA pagó a Villarejo medio millón de euros para combatir una operación encabezada por el constructor Luis del Rivero destinada a destronar a Francisco González como presidente de la entidad. El comisario puso en marcha en 2004 un espionaje masivo a dirigentes del Gobierno socialista, empresarios, banqueros, periodistas, así como seguimientos destinados al chantaje. La reputación del banco, tras conocerse estos hechos, se resiente. Algunos de los espiados piden la dimisión de González como presidente de honor del banco y de la Fundación BBVA.
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