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Imputados un funcionario de Hacienda y cinco policías por ayudar a Villarejo a espiar a sus víctimas

El juez reactiva la 'pieza Iron' tras detectar el uso de bases policiales y de la Agencia Tributaria para indagar sobre los socios de un bufete

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en una captura de vídeo. En vídeo, el ex ministro Miguel Sebastián considera de "extrema gravedad" el espionaje del BBVA. EL PAÍS | Vídeo: Atlas

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha dado un nuevo impulso a la investigación de una de las piezas separadas del caso en el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En concreto, a la bautizada como pieza Iron, sobre el supuesto espionaje a un bufete encargado al policía por un despacho de abogados de la competencia. El magistrado ha citado a declarar como imputado para los próximos días a cinco policías y un funcionario de la Agencia Tributaria que, presuntamente, consultaron de manera irregular bases de datos oficiales para facilitar a Villarejo datos confidenciales de las víctimas. Entre ellos está el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, que ya estaba imputado por sus negocios con su compañero. Era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO).

La decisión del juez García-Castellón de imputar a los agentes y el funcionario de Hacienda se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que los pasados 11 de septiembre y 21 de noviembre, cuando el juez instructor aún era Diego de Egea, magistrado de apoyo que abandonó la Audiencia Nacional el pasado 31 de diciembre, presentó sendos escritos para que se tomara declaración como imputados a los ahora citados. En los mismos, Anticorrupción destacaba que tras examinar los documentos intervenidos a Villarejo sobre lo que él bautizó como Proyecto Iron se había constatado que “dicho comisario junto a un número indeterminado de colaboradores […] accedieron sin justificación alguna que les diese cobertura a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder IP Law”.

Revelación de secretos

La fiscalía recalcaba que dichos informes, por los que el comisario cobró 300.000 euros, “contenían datos personales de personas relacionadas con dicha mercantil, cuyo acceso se encuentra restringido y que dada la naturaleza de aquellos y las dificultades para acceder a los mismos, existían serios indicios de que los mismos habían sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt [propiedad de Villarejo]”.

La investigación policial se centró en comprobar qué personas accedieron en los días previos a la elaboración de aquel informe del comisario jubilado a las bases de datos donde constan los mismos. Así, los agentes de Asuntos Internos pudieron comprobar que parte de los mismos habían sido consultados por dos inspectores jefes de la Policía Nacional destinados en la lucha antiterrorista, Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, actualmente ambos jubilados. Anticorrupción destaca que ambos lo hicieron pese a que en aquel momento no había ninguna investigación abierta al despacho Balder IP Law. Por ello los acusa de un presunto delito de revelación de secreto y otro de cohecho.

Por los mismos delitos declarará como imputado el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, actualmente también jubilado. Según detalla el juez en su auto, cuando se registró la vivienda y el despacho del comisario Villarejo se encontró un documento de la Agencia Tributaria de 2013 relacionado con la declaración fiscal del bufete espiado. Relacionado con la consecución de este documento tributario también tendrán que declarar como imputados otros dos policías, que ya estaban siendo investigados en otras piezas del caso Villarejo. Se trata del comisario García Castaño y Antonio Bonilla Martínez, a los que acusa de revelación de secreto y cohecho.

Finalmente, el juez ordena que comparezca como imputado un quinto agente de la Policía Nacional, Antonio Serrano García. A este no lo relaciona con la consecución de información confidencial en las bases de datos policiales, pero si en el supuesto asalto que sufrieron los servicios informáticos de la empresa Balder. Este acudirá acusado por un delito de revelación de secretos.

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