El Congreso aprueba la comisión de investigación sobre el espionaje a Bárcenas con los apoyos de la investidura de Sánchez y Cs

El Congreso indagará sobre la trama parapolicial y política del caso Kitchen, que también se está investigando en la Audiencia Nacional, que supuestamente trató de tapar y destruir pruebas de delitos de financiación ilegal en beneficio de la cúpula popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La mayoría parlamentaria que propició la investidura de Pedro Sánchez ha vuelto a unirse este jueves para crear la comisión de investigación, junto a Ciudadanos. El PP la ha rechazado porque considera que todavía no hay nada probado y el país está para otras ocupaciones. Los números llevaban inexorablemente a la comisión así que los investigados, el PP, han arremetido durante la sesión contra el PSOE y Unidas Podemos. Ciudadanos, ha votado a favor, pero ha exigido que también se investigue el caso Neurona, abierto tras una denuncia por financiación irregular en Podemos, y que puede afectar al partido de Pablo Iglesias.

Ahora falta decidir fechas para que eche a andar la comisión, con una duración de tres meses. Así lo han querido el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC, JxCat, EH Bildu, BNG, Más País y la CUP. En contra han votado el PP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Vox se ha abstenido. En total: 206 votos a favor, 88 en contra y 54 abstenciones.

La sesión ha registrado duros enfrentamientos y cada grupo ha llevado el discurso a su terreno para no hablar solo de la corrupción, sino, como continuación del debate del miércoles, de la Corona, la gestión de la pandemia y, por parte de los portavoces independentistas, de la conmemoración del tercer aniversario del referéndum que convocaron por la independencia de Cataluña.

Los argumentos del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se han resumido en que con dinero público el Ministerio del Interior ocultó y destruyó pruebas que involucraban a la cúpula del partido en presunta financiación ilegal. Desde el aparato del Estado, al menos con la participación imprescindible del Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, se despojó al extesorero del PP Luis Bárcenas de pruebas comprometedoras para la dirección del partido, presidido por Mariano Rajoy. Los dirigentes populares habrían recibido sobresueldos de una caja b del PP, nutrida con dinero de origen ilegal.

Nada está probado, ha argumentado la portavoz del PP en este debate, Ana Vázquez ―policía de profesión, como Felipe Sicilia―, para considerar innecesaria la comisión. En un discurso airado y encendido no ha entrado en el fondo del asunto sino que ha arremetido contra el PSOE y Unidas Podemos, con cita expresa e individual de varios diputados de la Cámara presentes, que, a su juicio, sí debían ser investigados. Además de enumerar los nombres de los casos de corrupción del PSOE que están judicializados. La diputada popular no se ha referido a los de su partido, sino a casos de los demás. En su listado ha mezclado asuntos procedentes de informaciones periodísticas, otros en incipiente fase judicial y otros, avanzados o culminados.

“¡Qué vergüenza!”. Esta expresión ha sido muy repetida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y con fruición por el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. Este último preguntó al PP por qué se oponía a esta investigación sobre asuntos tan graves en los que “se verá que el señor Casado seguramente no tendrá nada que ver, y ya se verá sobre Rajoy”. Con escepticismo sobre los resultados, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado su voto favorable. A Esteban, para quien el reproche judicial “no anula el reproche político”, lo que más le preocupa es “el clima de intolerancia” del país y la crisis institucional reinante, con cita expresa al Poder Judicial.

Los apoyos de Ciudadanos a la comisión, y la abstención de Vox o el no de Coalición Canaria, llevaron consigo el recordatorio de que ellos quieren investigar la financiación de Podemos, como le han requerido a su portavoz, Pablo Echenique. La petición ya se ha formulado, pero el PSOE y los otros grupos de investidura de izquierda y nacionalista han impedido que se tramite.

El comienzo de la sesión, a las 9.00, ha sido bronco pero no solo entre el PSOE y el PP. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha conseguido encender a la Cámara tras la sugerencia de que PP, PSOE y Unidas Podemos podían montar un seminario sobre “como corromperse y qué hacer cuándo te pillan”. Lo peor acogido ha sido la apostilla: “Nosotros no somos corruptos, no todos somos iguales, no somos corruptos como ustedes”. Esta generalización absoluta ha sido respondida con sonoras protestas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha echado una mano al portavoz de Ciudadanos. “Señor Bal, se entiende que su acusación de corrupción a toda la Cámara es en sentido figurado”. Bal ha respondido: “En sentido completamente figurado, señora presidenta”.

Se verá si es figurado o no el ahínco anunciado por Gabriel Rufián de ERC y Macarena Olona de Vox en sus actuaciones en esta comisión. El portavoz republicano aspira a que se sepa quién es “el Barbas y la pequeñita”, y otros que cita el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Pero Olona no quiere quedarse atrás. “Yo seré la portavoz en esa comisión y van a ver ustedes lo que es un interrogatorio”, ha avisado la portavoz de Vox, abogada del Estado de profesión.

Fe de errores. En una versión anterior de este artículo no se incluía por error al PNV entre las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez.