Las maniobras del PP para tapar el ‘caso Gürtel’ escandalizan al juez: “Me deja un panorama desolador”

La Audiencia Nacional acumula ya una batería de indicios sobre las maniobras realizadas desde el PP y su entorno para torpedear toda la investigación judicial sobre la red de corrupción Gürtel, que cerca al partido conservador desde 2009. Según los avances de la instrucción del caso Villarejo, este supuesto boicot no solo implicó a altos dirigentes del PP y a la cúpula de la policía que se puso a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que incluyó presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo; presiones e intentos de comprar a los investigadores de la trama, como relató el martes uno de ellos al juez Manuel García-Castellón; y, por supuesto, el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas cuando se disponía a confesar por primera vez ante el magistrado Pablo Ruz —lo que se bautizó como Operación Kitchen—.

“Me deja usted un panorama desolador”, resumió el martes García-Castellón tras escuchar el testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. Este agente, que lidera desde hace más de una década las pesquisas sobre Gürtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP, relató durante cerca de tres horas al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió para tratar de frenar y desbaratar las pesquisas.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el inspector jefe fue muy profuso en detalles. Tanto, que no dio tiempo a acabar el interrogatorio y continuará el próximo viernes, según ha previsto el magistrado. Morocho, que acudía citado como testigo, contó cómo sus superiores maniobraban para tratar de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; cómo le impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los presuntos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas y tuvo que incluir las menciones a ellos en los anexos; y cómo le instigaron para que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo.

Morocho explicó el martes al juez que las “presiones” nacieron el mismo 2009 al abrirse el caso en la Audiencia Nacional —el PP ya lanzó entonces sus primeros ataques públicos contra los investigadores—, pero adquirieron otra dimensión con la llegada de los populares a La Moncloa tras las elecciones de noviembre de 2011. Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo mando no político del Cuerpo —ambos están imputados por Kitchen—. Y las maniobras desde las instituciones del Estado, según la versión del inspector jefe, comenzaron ya a notarse en 2012, cuando Pino le endosa, por ejemplo, otra investigación para tratar de frenar Gürtel. Pero, ante el avance implacable de las pesquisas en los meses siguientes, la cúpula de la policía cambió de estrategia y optó por tratar de comprar al agente ofreciéndole el traslado a destinos mejor remunerados económicamente, según dijo.

Morocho narró una reunión con el comisario José Luis Olivera en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. El Gobierno había puesto a Olivera, muy cercano a Villarejo, al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, según dijo el martes el inspector jefe, este le ofreció ese día un puesto de agregado de Interior en la Embajada de Lisboa. “Son 6.000 euros al mes y relajado”, afirmó este martes Morocho que le dijo el comisario —aunque fuentes policiales explican que la dotación mensual supera los 10.000 euros—. Entonces, ante las sucesivas negativas del investigador de Gürtel a aceptar un traslado, también le ofreció irse a Viena o a la ONU. E incluso, durante la conversación, Olivera recibió una supuesta llamada de Fernández Díaz para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según subrayó Morocho, que apostilló que Olivera le dijo nada más colgar: “Ves, me llama hasta el ministro”. El abogado de Fernández Díaz negó este martes que se hiciese esa llamada.

Las piezas del sumario

El relato de Morocho, que ya avanzó al juez en febrero de 2019 que Pino también lo trasladó a la DAO en 2015 para sobrecargarlo de trabajo con la idea de boicotear la parte de la investigación de Gürtel que seguía viva, encaja con el resto de indicios que se acumulan en el sumario del caso Villarejo. García-Castellón abrió en 2018 una línea de investigación sobre Kitchen, la trama policial de espionaje a Bárcenas sin control judicial pagada con fondos reservados con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible sobre altos cargos del PP. El magistrado ha centrado desde entonces la mirada en los meses posteriores a julio de 2013, cuando fija el inicio de ese despliegue, pero cada vez resulta más complicado no echar la vista hacia atrás.

De hecho, la Fiscalía hace meses que enmarca Kitchen dentro de una trama más prolongada en el tiempo para boicotear las pesquisas. El ministerio público recalca que en 2009 se produjo un encuentro de Villarejo con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, en la sede de la calle Génova, donde se le ofreció al comisario acometer “encargos puntuales” que “serían sufragados” con fondos del partido. Al poco tiempo, según la instrucción, Villarejo telefoneó al marido de la política para informarle de dos investigaciones de corrupción sobre el PP (una de ellas, una rama de Gürtel) que se encontraban bajo secreto de sumario.

Los investigadores también intervinieron a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. La Fiscalía considera que este fue otro encargo más concreto que se llegó a plantear a la trama de Villarejo por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, pero no constan más pruebas de momento de que se ejecutara finalmente y se pagaran los 15 millones de euros que preveía como “coste medio”.

Sin embargo, se han encontrado 13 nuevas agendas del comisario con apuntes sobre los contactos que mantuvo esos años con dirigentes del PP y su entorno: entre ellos, Cospedal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz. A lo largo de los cientos de páginas de estos cuadernos manuscritos, a los que el juez y Anticorrupción otorgan enorme credibilidad y que también respaldan al resto de indicios, se recogen menciones a las supuestas maniobras contra Morocho —el principal sospechoso de la trama escribe, por ejemplo, la palabra “Lisboa” junto al nombre del inspector jefe de la UDEF— y presuntos “pagos pendientes” atribuidos a Cospedal.