¿Concierto o financiación singular? La fina línea que separa el modelo vasco del pacto para Cataluña

Andreu Mas-Colell, economista y exconsejero de Economía de la Generalitat, lanzaba una recomendación a principios de mes: alejar el embrión de nuevo sistema de financiación para Cataluña pactado por ERC y PSC de la denominación de “concierto económico” que define el sistema de financiación vasco y navarro. Anticipaba el malestar que generaría el uso de ese vocablo y el riesgo de que la propuesta no prosperara ante la oposición de algunos territorios. Pero su recomendación llegaba tarde: el expresident Pere Aragonès había tildado una propuesta similar de su Ejecutivo como “concierto catalán” y el día que los republicanos presentaron el acuerdo con los socialistas, conscientes de la carga política del nombre, lo denominaron “concierto económico solidario” pese a que esa referencia no constaba en el documento.

El PSOE y el PSC, que se jugaba la investidura de Salvador Illa, callaron hasta que este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó a plantear el nuevo modelo como un concierto, aunque sí lo consideraba especial. La propuesta no difiere de la idea del pacto fiscal que en 2012 defendió Artur Mas en La Moncloa, ante Mariano Rajoy. Aquella proposición contaba con la mayoría del Parlament, ya que había sido refrendada por CiU, ERC, Iniciativa per Catalunya (disuelta dentro de los Comunes) y los socialistas, y en el texto también había una referencia a que el nuevo modelo propuesto estaba “basado en el concierto económico”.

Los mimbres de ambos modelos son muy similares. Ambos se alimentan de una negociación bilateral entre la Generalitat y el Estado y, de seguir adelante en toda la tramitación política y legislativa, supondría la salida de Cataluña del régimen común de financiación, del que únicamente están fuera hoy el País Vasco y Navarra. Y el sistema conseguido por ERC también se basa en lo que los republicanos consideran controlar “la llave de la caja”, es decir, la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña —con excepción de los locales— y luego traspasar a la Administración central los recursos que esta se gasta en la comunidad a través de servicios comunes o inversiones. Ese control es considerado un paso hacia la “soberanía fiscal” de la Generalitat.

Pero entre ambas realidades también hay diferencias. Una es que en Cataluña sus contribuyentes pagan un total de 52.000 millones de euros, mientras que en el País Vasco esa cifra se reduce a los 18.200 millones. Otra la marca la Constitución, que en su disposición adicional primera blinda “los derechos históricos de los territorios forales”, entre los que se sitúa el concierto económico. Cataluña no cuenta con esa mención, si bien el anterior Govern independentista defendía que la ausencia de esa referencia no inhabilita a la comunidad para tener un régimen de financiación diferente al del resto de comunidades autónomas. Eso sí, será necesario modificar la Lofca (Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas) en Las Cortes, para lo que no hay una mayoría asegurada a día de hoy.

En todo caso, la principal diferencia entre el modelo vasco y navarro y el que ansía ERC es quién será el responsable de la recaudación de impuestos. En Cataluña quedaría en manos de la Agencia Tributaria de Cataluña, un organismo dependiente de la Generalitat creado en 2007, aunque no se descarta que en los primeros años lo acabe asumiendo la Hacienda estatal de forma transitoria ante la complejidad de preparar el organismo autonómico para esa tarea. En 2026 debería empezar con el impuesto de la renta, lo que quiere decir asumir la mayor fuente de recaudación tributaria y tener que gestionar cuatro millones de declaraciones.

Pero esa cuestión de recaudar y controlar los impuestos es capital para los partidos independentistas porque supone subir un escalón de soberanía. En el caso vasco, son las diputaciones forales las que tienen esa capacidad por tradición. Después transfieren la mayor parte de los recursos al Gobierno vasco, que es el que tiene mayor responsabilidad de gasto y el que debe transferir el cupo, la cantidad que la administración autonómica ha de pagar a la estatal por los gastos que esta última asume en materias compartidas (como Defensa) o en servicios prestados o inversiones en territorio vasco.

La determinación de esa transferencia también sería diferente en el caso catalán, en el que se tienen en cuenta dos partidas. Una de ellas es similar al cupo: el supuesto coste del gasto estatal en territorio autonómico. Pero el acuerdo desarrollado por socialistas y republicanos se fija en que la determinación de esos recursos a traspasar se haga mediante coste efectivo de cada competencia, lo que ofrece transparencia sobre la cantidad “adeudada”. En el concierto económico vasco, el cupo siempre se sitúa en torno al 6,24% de la recaudación total en la comunidad, que ha fluctuado en determinados casos por cesión de nuevas competencias.

La otra partida que la Generalitat asumirá es una dirigida exclusivamente a la solidaridad, que en el caso del concierto económico es mínima, a través del fondo de compensación. La idea es que sea una cifra concreta y transparente de aportación a los modelos de redistribución y que recibirán aquellas comunidades que lo necesiten para su uso en servicios básicos y siempre y cuando hagan un esfuerzo fiscal similar al catalán. Es decir, que paguen un nivel equivalente de impuestos y no los hayan bajado.

En todo caso, los recursos que se podrá quedar el Estado quedarán predefinidos por un acuerdo preliminar, en el cual se fije que la Administración central tenga derecho sobre un porcentaje de la recaudación de cada impuesto. Es lo mismo que sucede actualmente con el régimen común, en el que las autonomías tienen asignado un porcentaje de determinados tributos, pero al revés.

Como prevé participar en la redistribución de recursos territorial, el modelo singular catalán reitera la necesidad de preservar el principio de ordinalidad o, lo que es lo mismo, que ninguna comunidad autónoma pueda superar a Cataluña en recursos per cápita una vez aplicados los fondos de nivelación. El Govern, y el PSC de Illa asume sus cálculos, denuncia que siendo Cataluña la tercera comunidad aportadora de recursos al sistema, cuando se aplica la redistribución interregional queda situada en la decimotercera posición.

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