El poder de la asociación APM y la lucha por la paridad retrasan la elección de la presidencia del poder judicial

El nuevo Consejo General del Poder Judicial está otra vez paralizado, en este caso apenas 11 días después de tomar posesión de sus cargos los 20 vocales pactados entre el PSOE y el PP. El actual Consejo, que debía desatascar la situación que sufrió durante cinco años y medio el anterior órgano de gobierno de los jueces por el bloqueo del PP a su renovación ahora ha empezado a trabajar, pero lastrado por la influencia que quiere mostrar en la elección de su presidencia la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se niega a conceder ese cargo a una mujer como reclama el sector progresista. El CGPJ se ha citado este lunes sin muchas perspectivas de lograr un consenso para resolver ese nombramiento y para empezar a cumplir sus funciones.

Los jueces y representantes de sus asociaciones muchas veces protestan y se quejan cuando los medios de comunicación les representan por bloques homogéneos y, sobre todo, con etiquetas políticas. Algunos de los nuevos vocales del Consejo saliente del pacto suscrito el 25 de junio entre el Gobierno, el PSOE y el PP reseñan ahora, con frustración, que su comportamiento en sus primeras reuniones en las se han mostrado inflexibles en sus posiciones preconcebidas se puede considerar como “bochornoso”. Las votaciones efectuadas la semana pasada para la elección de la figura clave y con voto de calidad de la presidencia del Consejo se resolvieron todas con empate a 10 votos. Los dos bloques no se permitieron una fuga y no parece que ese panorama vaya a cambiar en la cita de este lunes, lo que podría aplazar el nombramiento para septiembre. Hay más de 120 cargos judiciales a la espera de ser cubiertos y muchas comisiones de trabajo, como la disciplinaria, por empezar a trabajar.

Los 10 vocales conservadores, ocho de ellos destacados componentes de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, quieren mantener a toda costa su statu quo: los 10 presidentes que ha tenido el CGPJ en sus 44 años de historia han sido conservadores y hombres. La APM se define como la asociación de jueces mayoritaria de España, con más de 1.300 afiliados, el 20% del colectivo de jueces y magistrados de todo el estado. Los 10 vocales progresistas creen que ha llegado el momento de una presidencia progresista y femenina, para ofrecer otro ejemplo de modernidad y adaptación a los tiempos a la ciudadanía. Las discusiones de las primeras reuniones del Consejo, la semana pasada, no sirvieron para avanzar nada en esas posturas enquistadas.

El bloque conservador, además, cuestionó duramente la necesidad de que una mujer presida ese órgano, según distintas fuentes al tanto de la negociación. No lo consideran ni importante ni relevante ni prioritario, en intervenciones que formularon varias vocales mujeres, que argumentaron que lo decisivo debería ser “la excelencia” en el nivel y trayectoria de la persona que ostentara ese cargo. Los progresistas renegaron de esa idea, porque asumieron que todos los candidatos ya disponen de un excelente y adecuado currículo, y se pertrecharon de datos del servicio de estadística del propio CGPJ y de algunos mandatos o reglas de ese órgano para favorecer la equidad. En este Consejo hay 12 hombres y ocho mujeres.

Entre los siete magistrados del Supremo que se acordaron presentar como aspirantes a la presidencia hay cinco mujeres y dos hombres: Pilar Teso, Pablo Lucas, Carmen Lamela, Ángeles Huet, Ana Ferrer, Antonio del Moral y Esperanza Córdoba. Tras varias votaciones empatadas, los progresistas esgrimieron el perfil de Pilar Teso como el más apropiado, progresista pero sin estar afiliada y de larga carrera. Los conservadores contrapusieron el nombre de Pablo Lucas, al que presentaron como progresista, de consenso y con la responsabilidad de vigilar jurídicamente las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia. Fuentes del bloque progresista del Consejo precisan que Lucas no se puede considerar progresista, por varias de sus últimas resoluciones y actuaciones críticas con decisiones del Gobierno, y sobre todo no de consenso y recuerdan que nadie del otro sector se ha puesto en contacto con ellos para negociar ese perfil en todos estos días.

Pilar Teso ya sonó en la anterior negociación, entre los interlocutores del Ejecutivo y el PP, para ese cargo, que finalmente recayó en Carlos Lesmes. Los populares intentaron entonces promover para la presidencia del CGPJ y del Supremo a Manuel Marchena, el juez del procés, que renunció ante el ambiente enconado que provocó esa especulación para él y su familia, según fuentes del PP. Las mismas fuentes apuntan que ahora el sector conservador podría intentar otra vez esa solución, pero desde el sector progresista se precisa que el único pacto que han alcanzado los dos bandos es precisamente sobre las reglas del juego y que consisten en que la candidatura emerja de entre los siete vocales que son magistrados del Supremo.

Con los datos registrados en el Consejo el pasado 1 de enero, en España hay 5.416 jueces y magistrados, de los que 3.101 son mujeres. Esta cifra representa el 57,2% del total, frente al 50,1% que suponían las 2.661 de 2014. La presencia de mujeres en la cúpula judicial es, sin embargo, testimonial. Nunca ha habido una mujer presidenta del Consejo y por tanto del Tribunal Supremo. Otra de las razones que se ofrecían hasta ahora para justificar esa discriminación tenía que ver con la antigüedad en la carrera, pero los datos también rebaten esas teorías. En estos momentos la antigüedad de las mujeres juezas y magistradas en activo es similar a la de los hombres (19,5 años las mujeres; 23,4 los hombres) y en el Supremo es incluso mayor en las magistradas (36,9 años las mujeres y 32,0 los hombres) pero su presencia se traduce en un 21,1% para las mujeres frente al 78,9% de hombres.