El empate entre progresistas y conservadores para elegir presidente del Poder Judicial se enquista

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin lograr un acuerdo para elegir a su nuevo presidente. Las votaciones de este miércoles se han saldado con un nuevo empate, tras el de ayer, entre los bloques conservador y progresista en favor de sus respectivos candidatos, los magistrados Pablo Lucas y Pilar Teso.

El órgano de gobierno de los jueces se ha emplazado para seguir negociando hasta el lunes, día en el que en teoría terminaba en principio el plazo legal de siete días desde la formación de este Consejo para la designación de la persona que debería estar los próximos años al frente del Poder Judicial.

Los dos candidatos han vuelto a empatar a 10 votos, que son exactamente el número de vocales de cada uno de esos bloques pactados el 25 de junio entre el PSOE y el PP. Si esta situación no se resuelve ahora, podría quedar postergada para septiembre, cerca de la apertura por parte del Rey del año judicial. El bloqueo hace que sigan sin renovarse las más de 120 vacantes pendientes en relevantes cargos judiciales. Algunos vocales aceptan que la situación es “dramática”.

Tras el empate registrado en la primera votación de este miércoles, el presidente de edad del pleno del Consejo volvió a convocar a los 20 vocales para el mediodía, cuando de nuevo se ha constatado la falta de consenso para que alguno de los candidatos lograra los 12 votos mínimos que la ley exige para ser elegido presidente y ostentar al mismo tiempo la presidencia del Tribunal Supremo. Ante ese bloqueo, el presidente de edad ha optado por no abrir siquiera el proceso de votación.

“Si no alcanzamos un acuerdo, estaremos en la parálisis absoluta, sin poder tomar las medidas urgentes que necesita la justicia. Es dramático. El anterior Consejo tenía las funciones limitadas, nosotros ni eso”, así resume su estado de ánimo uno de los vocales del Poder Judicial. El panorama parece de nuevo colapsado, en este caso ante las posiciones enquistadas de los dos bloques. Una fuente al tanto de las conversaciones revela que el ”grupo conservador es una roca en torno a la candidatura de Pablo Lucas y lo vende por su inmejorable currículo” y añade, que por la otra parte, “el grupo progresista insiste en que no hay que dejar pasar la oportunidad de que una mujer por primera vez en la historia presida uno de los órganos clave de un estado democrático de derecho”. Los vocales conservadores rechazan ese argumento y esgrimen que los progresistas podrían haber nombrado a la magistrada y mujer María Luisa Balaguer como presidenta del Tribunal Constitucional en lugar de a Cándido Conde-Pumpido.

La defensa de una candidata mujer para presidir el Consejo del Poder Judicial ha sido asumida también por algunas asociaciones, como la de Mujeres Juristas, que considera esa posibilidad “un paso crucial para un mundo más justo, equilibrado, equitativo y representativo”.

La próxima reunión del Consejo se ha fijado para el próximo lunes, pero entonces la discusión y el debate ya no será sobre los dos candidatos votados hasta ahora sino sobre los siete magistrados del Supremo que podían optar a ese puesto desde el comienzo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Aunque la ley fija la resolución de la presidencia entre los tres y los siete días siguientes a la constitución del nuevo Consejo, y el lunes ese plazo ya habría sido superado, otras fuentes internas apuntan a que en realidad ese pleno es una continuidad de los organizados este martes y este miércoles, es decir una mera prolongación y no un pleno nuevo.

Mientras el Consejo del Poder Judicial se reunía se producía en el Senado el último pleno de esta legislatura en las Cortes precisamente para la ratificación definitiva de la reforma legal negociada y pactada entre PP y PSOE que permitió resolver el enquistamiento en la renovación de los anteriores vocales del Poder Judicial, que llevaban cinco años y medio prorrogados por el bloqueo de los populares para no perder su influencia en ese órgano. El Senado refrendó esos cambios legales con los 227 votos a favor de PP y PSOE, seis en contra y 11 abstenciones. Hubo senadores presentes en el hemiciclo que no han votado, de partidos aliados habituales del Ejecutivo, que mostraron así su rechazo a este pacto del bipartidismo clásico.

La senadora popular María José Pardo ha resaltado del acuerdo, como sucedió cuando el debate se produjo en el Congreso, que la reforma profundiza en la despolitización de la justicia y el fin de las puertas giratorias que ha achacado en estos años de gobierno al PSOE y también ha enfatizado que con ese pacto “anómalo” el PP había logrado que los socialistas se desmarcasen de sus socios “comunistas” e “independentistas” habituales. La representante del PSOE, Marta Arocha, ha destacado los cambios legales que refuerzan los requisitos para determinados puestos en tribunales y la Fiscalía. La senadora de Vox ha insistido en la idea de que PP y PSOE perpetúan así sus repartos del poder. Y algunos socios frecuentes del Ejecutivo, como PNV, Geroa Bai, UPN, Compromís, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat, o ERC, BNG y EH Bildu han preferido abstenerse o votar en contra por tachar la reforma como insuficiente. Vox y Junts también se han sumado al voto negativo.