Sánchez busca abrir en África vías de inmigración legal alternativas a los cayucos
El presidente español asegura en Mauritania que “para España, la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad”
El Gobierno saca pecho con los resultados de su política para integrar a los inmigrantes en la sociedad española: el 12% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, el 60% de los que tienen entre 18 y 23 años están dados de alta –un porcentaje muy superior al de los propios españoles— y unos 300.000 han regularizado su situación desde 2021, subrayan fuentes gubernamentales. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos llegaron a España irregularmente, ya que no hay canales que permitan hacerlo de manera legal, ordenada y segura. Y los que existen son demasiado sinuosos y estrechos.
Ensancharlos y abrir otras vías es el objetivo de la gira por tres países africanos que este martes ha iniciado en Mauritania Pedro Sánchez. Tanto en Nuakchot como en Banjul (Gambia) y Dakar (Senegal), el presidente del Gobierno lleva a la firma acuerdos de migración circular, que incluyen programas de formación y capacitación en origen de sus nacionales para que puedan trabajar en España como temporeros; especialmente en el sector agrario.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –cuya titular, Elma Saiz, acompaña al presidente en su gira africana–, un total de 20.515 inmigrantes han trabajado en España bajo el paraguas de estos programas, aunque en su inmensa mayoría son marroquíes y latinoamericanos y solo 152 proceden de Senegal, el único de los tres países que visita Sánchez que se ha beneficiado hasta ahora de este sistema.
La declaración suscrita por el jefe del Gobierno español y el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, señala que el objetivo es “poner en marcha un programa de migración segura, ordenada y regular entre ambos países, en especial, los programas de migración circular, pioneros en Europa y que conceden especial atención a jóvenes y mujeres”.
En una breve intervención sin preguntas, Sánchez ha subrayado que el tratamiento de la inmigración es para España una cuestión “de principios morales, de solidaridad y dignidad, pero también de racionalidad”. Frente a los discursos xenófobos que proliferan en Europa, el jefe del Ejecutivo ha subrayado: “La contribución a nuestra economía de los trabajadores migrantes es fundamental, [como] lo es también [para] el sostenimiento de la Seguridad Social. Para España, la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad”.
Este acuerdo político deberá plasmarse ahora en un programa concreto e incluir un catálogo de ofertas de formación y trabajo en España, por lo que difícilmente llegará a tiempo para contener la oleada de cayucos que se espera en Canarias este otoño, cuando mejoren las condiciones del mar, después de que, hasta el 15 de agosto, hayan arribado 22.304 inmigrantes irregulares, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Tampoco parece que las nuevas vías de migración legal puedan, por sí solas, cubrir los hasta 250.000 trabajadores que, según fuentes gubernamentales, necesita España cada año para cubrir la demanda de su mercado de trabajo.
Lo que el Ejecutivo niega rotundamente es que carezca de una “hoja de ruta” para abordar el fenómeno de la inmigración, como denuncia el PP, cuya negativa a reformar la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas “roza la xenofobia”, en palabras de una ministra.
Llegada de las ayudas europeas
La lucha contra la inmigración irregular pasa también, según esta hoja de ruta, por el desarrollo económico de los países de origen y tránsito y por eso La Moncloa tiene especial interés en asegurar que los casi 500 millones en ayudas prometidos por Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando visitaron Mauritania en febrero pasado no se han quedado en agua de borrajas. Según estas fuentes, más del 50% de los 215 millones anunciados por la UE están ya “asignados” a programas concretos, mientras que la cooperación española ha comprometido 50 millones para un proyecto cofinanciado con el Banco Mundial en el río Senegal.
También están disponibles, agregan, 150 millones de una línea de crédito aunque su concreción, admiten, dependerá de que las empresas los soliciten. Para dinamizar el proceso, este martes se ha lanzado en Nuakchot el Comité Empresarial Hispano-Mauritano con presencia, entre otros, de los presidentes de las cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, ya que buena parte del comercio bilateral se canaliza a través del archipiélago.
Reunión de alto nivel
Ghazouani, que ha acudido a recibir a Sánchez al aeropuerto, le ha agradecido la concesión de visados para que los mauritanos puedan viajar a Europa, en un momento en que España acaba de imponer este requisito a quienes transitan por Barajas. Además, ambos han acordado elevar el rango de las relaciones bilaterales y celebrar en 2025 en Mauritania la primera Reunión de Alto Nivel (RAN), un formato que España reserva para sus aliados más estrechos. Por su parte, el Instituto Cervantes iniciará en otoño sus actividades en el país, un paso previo a su establecimiento de manera permanente.
Los dos mandatarios han analizado la dramática situación del Sahel, abandonado a su suerte por los países occidentales ante la sucesión de golpes de Estado, la penetración militar de Rusia y la expansión del terrorismo yihadista. El agujero negro en el que se ha convertido esta región de África ha provocado una crisis humanitaria en Mauritania, que alberga a 200.000 refugiados en su frontera con Malí.
Mauritania es uno de los pocos oasis que quedan en este océano de inestabilidad y su presidente, Ghazouani, que acaba de renovar mandato, se ha convertido en un socio privilegiado de la UE y la OTAN. Nuakchot será uno de los primeros beneficiados del plan de acción para el flanco sur aprobado por la Alianza Atlántica en la reciente cumbre de Washington y la UE dedicará 22,5 millones del fondo con el que financia a Ucrania a equipar al Ejército de este país africano en la lucha contra el yihadismo. España, por su parte, aportará medio millón para la formación en defensa y seguridad.
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